Minuta programática

Si bien Chile ya adscribe a la OIT y sus convenios, la ratificación le otorga peso de ley a lo redactado en este convenio en particular que, a nuestro interés, profundiza en limitantes legales de tutela sobre la seguridad y salud laboral.

En concreto, por lo demás, establece como industria minera a todo el encadenamiento productivo y servicios complementarios, y no sólo al giro propiamente extractivo, por lo que la cobertura y la calificación de trabajo minero se expande, por ejemplo, al personal de aseo y al personal de servicios de alimentación.

Esta consiga lleva más de 5 años levantada por nuestra Federación y otros sindicatos de la minería privada del cobre. Es una preocupación gremial de impacto cualitativo en las relaciones laborales y la calidad de vida de nuestros representados.

El vigente Código del Trabajo chileno limita la huelga y la permite en un restringido momento de la negociación colectiva. Lamentablemente se encuentra sujeta a condiciones de validez y aplicación que anulan su efectividad como una herramienta de resistencia.

Creemos que el sindicato con huelga garantizada como derecho es un empoderamiento de los trabajadores y nos alineamos a la idea demostrada del premio nobel de economía Thomas Piketty, que los sindicatos son la mejor herramienta de distribución de riqueza de un país.

Conceptos fundamentales que la redacción debe considerar es su garantía irrestricta y la garantía de indemnidad de los trabajadores en huelga; bajo condiciones democráticas de aplicación.

Los tiempos de trabajo, descanso y ocio deben estar claros, una descripción ambigua de la jornada en la relación laboral permite la sobrecarga “no compensada” de horas de trabajo, intensidad o trabajo en tiempos festivos garantizados por la ley.

Bajo la misma línea exigimos la derogación o, al menos, la corrección del artículo 22 que hoy no permite una clara distinción de jornada de trabajo y descanso para quienes trabajan bajo este sistema y se presta para la explotación en cantidad e intensidad de trabajo dentro de la relación laboral.

Derecho al trabajo implica la tutela del Estado en la relación laboral, que entendemos cómo una relación desigual (asimétrica) de poder.

Para nosotros el artículo 161 del código del trabajo sobre la desvinculación por “necesidades de la empresa” es una herramienta que permite el despido arbitrario y la persecución política dentro de la relación laboral. Por lo mimos exigimos su derogación.

Buscamos que los trabajadores y trabajadoras de Chile tengan certeza de su condición de empleo.

En minería está muy presente la dualidad de “trabajadores propios” y “contratistas” que entendemos guarda en el fondo de la distinción una discriminación salarial que se ramifica y termina estableciendo un estatuto legal de la relación laboral distinta para cada parte.

Como Federación no nos mareamos con tecnicismos y tenemos claro que a nivel de producción industrial todo trabajador parte del proceso productivo es un trabajador de minería, y de la mano con el convenio 176 de la OIT, estamos en contra de la subcontratación nacida de la externalización de servicios.

Las responsabilidades a nivel de salud y seguridad, de indemnización y remuneraciones se confunden constantemente.

En simple, es un empleo con dos jefes, con dos empresas en una misma faena no debe permitirse en una sociedad justa y una industria moderna.

Si bien el sistema de AFP cubre un conjunto de abusos contra los trabajadores como:

1. Compartir las ganancias, pero no las pérdidas en la inversión,
2. Su condición obligatoria y
3. Sus cálculos sobre la esperanza de vida convenientes para quien no quiere repartir el fondo mismo;

No tenemos claro el sistema idóneo que debiera reemplazarlo.

En todo caso exponemos nuestra posición en contra del sistema de capitalización individual, y no solo de la administración privada de los fondos (AFP), tomando en cuenta que la capitalización individual reproduce la desigualdad salarial en la tercera edad.

Entendemos esto como un problema que el Estado y su modelo deben resolver, y nada tiene que ver con la condición salarial, el esfuerzo, los años de trabajo o el compromiso que cada individuo haya tenido en su ciclo de vida laboral.

La vida después del ciclo laboral es una preocupación de Estado, y no debe constituir necesariamente un problema, sino que debiera ser un premio y descanso por dedicarle gran parte de la vida joven a la economía y su producción.

Si bien esto es tarea de la constituyente, la preocupación por la salud y seguridad en el trabajo es alta.

Instituciones esconden la tasa de accidentalidad, malas prácticas disfrazan accidentes en el lugar de trabajo como accidentes fuera de este, y producto de malas prácticas de la mutual, las Isapres, es decir el costo privado del sueldo del trabajador, termina haciéndose cargo de los costos de tratamiento o reparación y no el seguro laboral.

Creemos que el resguardo de salud debe ampliarse a condicionamientos pasivos y longevos, como lo son la carga del trabajo en turnos, la carga del trabajo nocturno y la exposición a trabajo físicamente intensivo en condiciones adversas.