Decisión de la Corte Suprema de acoger los recursos de protección en contra del proyecto El Morro, en la III Región, volvió a instalar la incertidumbre en el sector.

Inquietud generó en el sector minero la anulación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), por parte de la Corte Suprema, al proyecto de cobre y oro El Morro, de las empresas canadienses GoldCorp y NewGold.

El tribunal, en fallo dividido, decidió el martes paralizar la iniciativa de US$ 3.900 millones que se instalaría en la Región de Atacama, al acoger los recursos de protección presentados por las comunidades indígenas en contra de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama, que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero.

Con su resolución, el máximo tribunal dejó sin efecto informes del 2013 realizados por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), donde la entidad manifestaba su conformidad frente al EIA del proyecto y su respectiva autorización ambiental, entregada en octubre de ese mismo año.

Este era el segundo intento de las empresas canadienses para obtener la aprobación de la iniciativa. En 2012, El Morro ya había tenido un traspié por este motivo, cuando la Corte Suprema revocó su autorización ambiental por no efectuar la Consulta Indígena, obligándola a cumplir con ese requerimiento. El trámite fue realizado, pero una de las comunidades originarias alegó ante el máximo tribunal.

Debido a estos dos incidentes, la canadiense GoldCorp señaló, mediante un comunicado emitido el mismo martes, que está reevaluando su estrategia de inversión en el país, donde la minera sólo impulsa el proyecto El Morro.

Para el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, las dos revocaciones del proyecto “son un desincentivo enorme para invertir en Chile”.

Misma opinión tiene el ex director del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, Ricardo Irarrázabal, quien explica que debido a este fallo, hoy, el inversionista puede interpretar que no todos los temas que entran al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y que son tratados agotando la vía administrativa, van a ser zanjados en el nuevo tribunal ambiental. Eventualmente, señala, ciertos temas podrán ser resueltos bajo la figura del recurso de protección. “El recurso de protección tiene un problema en su procedimiento, ya que éste es rápido y prácticamente no permite pruebas, pues su fundamento se basa en una urgencia”, explica.

Razones de la anulación

Los problemas con el proyecto se iniciaron tras un recurso de protección presentado por 15 comunidades diaguitas -representadas por el abogado Lorenzo Soto-, en mayo pasado. El profesional es el mismo que representa a las comunidades de esa misma etnia que se oponían al también hoy paralizado proyecto Pascua Lama.

Esas comunidades reclamaban que la consulta indígena se hizo sólo a la Comunidad Agrícola Diaguita de los Huascoaltinos (CADH) y no a todas la posibles afectadas.

Según un informe entregado por la Conadi y destacado en el fallo del tribunal, la entidad invitó a participar en la consulta indígena a otras comunidades. En el documento, la Conadi destaca que “ninguna comunidad indígena ni persona natural se acercó a la autoridad ambiental o a la Conadi, a señalar una posible afectación o su interés en participar en el proceso de consulta, concluyendo que los únicos susceptibles de ser afectados por el proyecto son la CADH”.

Luego, la Conadi señaló que revisó el Informe Consolidado de Evaluación del proyecto y que al no tener observaciones, aprobó la iniciativa el 2013.

Sin embargo, la corte no se sintió satisfecha con ese argumento y en el dictamen resolvió que la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama solicitara a la Conadi nuevos informes frente al proceso de consulta, para determinar si se debe o no realizar un nuevo proceso de consulta indígena.

“El problema acá es que la corte buscó una motivación en los informes de la Conadi, siendo que en realidad, ese acto administrativo está a cargo de la Comisión de Evaluación Ambiental, ya que fue esa la entidad que inició el proceso de consulta y es también el órgano que lo termina”, explica Ricardo Irarrázabal.

Agrega que el fallo dejó de manifiesto que “no hay un correcto entendimiento, por parte de la corte, de cómo funciona el sistema de evaluación de impacto ambiental en relación a la aplicación de la consulta indígena”.

En la industria minera, la crítica a la resolución del tribunal va más allá e indican que acá es el gobierno el que falla. “El gobierno, que es quien tiene que hacer la participación ciudadana indígena, no la hace y es en eso donde falla e impacta a una empresa minera”, dice un alto ejecutivo de una compañía.

Agrega que el mayor precedente que marca este fallo, que califica de “acto gravísimo”, es que “se desconoce una RCA aprobada en el sistema que nosotros mismos nos hemos dado”.

Para el académico de la Universidad Católica, Gustavo Lagos, la decisión que tomó la justicia es una mala noticia. “El fallo mismo es sorprendente, porque ya le habían dado una señal positiva al proyecto”, dice.

Agrega que si bien en lo inmediato, la paralización de El Morro no afecta la aspiración del gobierno de elevar la producción nacional de cobre, a cerca de 8 millones de toneladas al final de la década, sí impactará en el futuro de la industria. “Este era el único proyecto que se veía en el horizonte que realmente se podría materializar. No se ve que en el camino surjan nuevos proyectos mineros y eso es complejo”, puntualiza.

Las acciones de la empresa

El desconcierto y la sorpresa han sido las emociones que se han instalado en las oficinas de GoldCorp, en Apoquindo.

Los ejecutivos, encabezados por el vicepresidente de Operaciones para Centro y Sudamérica, Eduardo Villacorta, han sostenido varias reuniones con los abogados de Ferrada Nehme, especialmente Patricio Leyton, para definir sus próximos pasos. Y aunque las llamadas y las visitas han sido intensas en los últimos días, la compañía no ha tomado una decisión sobre el futuro de su inversión.

En un afán de orientación, los altos ejecutivos de la minera canadiense acudieron, el jueves por la tarde, hasta el Ministerio de Minería. Pero, explica una fuente de la industria, no lograron reunirse ni con la ministra Aurora Williams ni con el subsecretario Ignacio Moreno. Finalmente, fueron recibidos por un asesor.

Dentro de las opciones que la compañía tiene hoy sobre la mesa, está realizar una nueva consulta indígena, posibilidad que debe dar la Conadi, dados los informes que el tribunal les solicitó. La misma ministra lo sugirió públicamente esta semana.

Pero según cercanos a la compañía, ese escenario tiene como principal riesgo las pocas garantías que tendría la minera de no sufrir nuevas paralizaciones bajo la utilización de nuevos recursos de protección. “Este es un escenario incierto todavía”, explica un conocedor de las conversaciones internas.

En Australia, mientras participaba en un seminario, el CEO de GoldCorp, Chuck Jannes, dijo que había que trabajar en cómo implementar los nuevos compromisos, como es el caso del Convenio 169, y añadió que están buscando la forma de reducir los costos del proyecto. Sus declaraciones fueron interpretadas como una señal de que la firma no ha decidido frenar la inversión.

Otra opción que tiene la compañía es presentar un nuevo estudio de impacto ambiental o bien, desechar el proyecto y poner sus fichas en otro lugar.(LA TERCERA)