Una grúa amarilla hace descender una jaula metálica por un pique. En su interior van dos hombres. Son cerca de las 19 horas del domingo 4 de marzo. Aunque el día ya termina, hace calor al interior de la mina «Sinuosa», ubicada en la zona de Varillas, pleno desierto, 80 kilómetros al sur de Antofagasta.

De repente una explosión hace retumbar la faena minera, una de las 563 que existen en la Región de Antofagasta. En los registros del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) la mina «Sinuosa» aparece en la categoría «D», es decir, aquellas que no cuentan con más de 12 trabajadores. Pequeña minería.

Tan pequeña, que apenas tres personas trabajaban en las operaciones de extracción de cobre al momento del desastre. El dueño y operador de la grúa Félix Herrera, el perforista Juan Pastén y su ayudante Fidel Milla.

Tras la sorpresiva detonación, Herrera levanta la jaula para sacarla del túnel. Sólo Milla estaba en su interior. Venía malherido. Pastén cayó al pozo. Segundos después se escuchan más explosiones.

El cuerpo del trabajador fue recuperado 18 horas después en un operativo a cargo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, ya que por haber explosivos involucrados, sus efectivos eran los más indicados para actuar.

La investigación está en curso, pero ya se sabe que el perforista no respetó los procedimientos. Para ganar tiempo, habría encendido las mechas al interior de la jaula. Un «error humano», como lo llaman en el sector.

registro

Juan Pastén (44 años), oriundo de Andacollo, Región de Coquimbo, quien apenas llevaba tres días trabajando en la mina «Sinuosa», es el último nombre en engrosar la lista negra de la minería regional, que en las últimas dos décadas, desde 1990 a la fecha, ya suma 256 muertos. Prácticamente 12 trabajadores fallecidos por año.

No hay distinción. Grandes, medianas y pequeñas faenas han perdido a trabajadores a lo largo de este tiempo.

El año 1997 fue especialmente trágico, con 17 muertos. El 2000, 2001, 2008 y 2009 también fueron periodos complicados, con 13 fallecidos por cada temporada.

Las causas son múltiples, pero aparecen con mayor frecuencia condiciones laborales inseguras (fortificaciones inadecuadas o defectos en los materiales) y malas prácticas de los trabajadores (no usar equipos de protección o no advertir el peligro).

Los tipos de muerte se agrupan en caídas a desnivel, aplastamientos, golpes, atrapados, explosiones, contacto con materiales peligrosos, inhalación de sustancias tóxicas y aprisionamientos.

Chile tiene un promedio de 35 muertos al año en la minería, es decir, con sus 12 decesos anuales la Región de Antofagasta concentra el 33% de los fallecidos, una cifra que el seremi de Minería, Rodrigo Mendiburu, considera alta.

Sin embargo, la autoridad asegura que debido a la magnitud de la industria en la región, con 563 faenas y 88.195 trabajadores distribuidos en 1.743 empresas ligadas al sector (mandantes y contratistas), la docena de decesos por año asoma como un número bajo en comparación con la alta exposición que existe a diario.

«La industria minera sigue siendo la industria más segura para trabajar en Chile, independiente de lo mediático que pueda ser un accidente minero en particular», asegura la autoridad regional.

gremios

En el sector hay un dicho que se ha escuchado bastante en el último tiempo. «Mientras más alto el precio del cobre, más muertes hay», en alusión a que la bonanza incentiva a mineros artesanales a iniciar faenas al margen de la ley.

Según datos de Minería, en la región hay 150 pequeñas faenas que trabajan con los papeles al día y unas 280 irregulares, las que al no cumplir con las normas del Decreto Supremo 132 (Reglamento Seguridad Minera), derechamente operan en la ilegalidad.

El presidente de la Asociación Gremial Minera (Agrema) de Antofagasta y vicepresidente de la Sonami, Patricio Céspedes Guzmán, afirmó que a raíz de los buenos precios registrados por el cobre en el último tiempo (el promedio mensual alcanza los US$ 3,82), numerosos operadores han reactivado -al margen de todo resguardo- algunas faenas que permanecían cerradas.

Ante este auge, en algunas operaciones se contrata a trabajadores con poca experiencia y nula capacitación, lo que resiente la seguridad.

«En la mina Nueva Esperanza, de Coquimbo, cuatro trabajadores murieron por la inhalación de gases tóxicos. Esto se produjo porque los mineros bajaron un motor con bencina en la mina, siendo un error fatal», graficó.

Para Julio Tapia, líder de la Asociación Gremial Minera de Tocopilla, gran parte del problema de la seguridad radica en que desde Santiago están muy alejados de la realidad minera local.

Apunta a que el Decreto 132, que regula tanto la actividad de la gran, mediana y pequeña minería, mantiene marcadas diferencias en las aplicaciones estándares, las que al final perjudican a los pequeños mineros.

«Al aplicar el mismo reglamento que rige para las grandes y medianas empresas, deja una desventaja tremenda. Y los pequeños mineros no poseen los recursos económicos para responder», precisó.

fiscalización

El año 2010 hubo 11 muertos en faenas mineras en la región, cifra que se redujo a tres el año pasado, un logro que en Sernageomin atribuyen a una serie de medidas que comenzó a aplicar el Ministerio de Minería después del accidente de la mina San José.

El director regional de Sernageomin, Humberto Burgos, menciona el aumento de fiscalizadores del servicio (de 4 a 11) y el incremento de las fiscalizaciones de las operaciones e instalaciones mineras, que pasaron desde 480 el año 2009 a 1.200 durante 2011.

Este trabajo en terreno, asegura el encargado, permitió detectar y controlar un número importante de pequeñas faenas que operaban de manera irregular. El 2010, antes del episodio de «los 33», en la región sólo habían 15 de estas operaciones regularizadas, registro que aumentó a 150 el año pasado. La meta para este año es superar las 300.

«Después del accidente de la mina San José se toma una serie de medidas que nos afecta a todos los que participamos de la industria, que nos obliga a repensar cómo hacer seguridad», afirma Burgos.

La regularización de las pequeñas faenas, asegura el personero, encierra más ventajas que desventajas para los operadores, sobre todo los pequeños, porque reciben asesoría de expertos para desarrollar el proyecto, el que finalmente se transforma en un plan de manejo de la explotación y no el simple cumplimiento de un trámite burocrático. «Al no estar regularizadas están al margen de toda legalidad», advierte Humberto Burgos.

Clave en este esquema de prevención y control, es el poder de compra de Enami, ya que se estableció que la empresa estatal no adquirirá mineral a ningún productor que no tenga su padrón actualizado ante el Sernageomin y su proyecto de explotación regularizado.

«Cuando un productor minero, por muy pequeño que sea, regulariza y hace el trámite, lo que está haciendo es entrar a explotar su mina con un grado técnico acorde a su labor, (…) de acuerdo a estándares mínimos que aseguren la vida e integridad de cualquier persona que trabaje allí».

El director regional de Sernageomin también destaca la formación de monitores de seguridad en las pequeñas faenas. Ante la imposibilidad económica de estas operaciones de contar con sus propios prevencionistas, se capacita a uno de sus trabajadores en temas de prevención.

El año pasado se formaron 127 monitores en la región, grupo que debe aumentar a 250 durante el año, para que en algún momento las 266 pequeñas faenas de la región cuenten con algún trabajador que sea capaz de mejorar las condiciones de trabajo y detectar los riesgos a tiempo.

«Una persona que no conoce, que no cumple con las mínimas normas de seguridad, su operación es una ruleta rusa», afirmó Burgos.

POLÍTICA MINERA

La Federación Minera de Chile, que agrupa a los sindicatos de las grandes compañías, asegura que los avances que afirma haber realizado Minería no pasan de ser medidas efectistas. Lo que esta organización pide es una política minera destinada a fortalecer la pequeña minería, con subsidios y un apoyo permanente al sector.

El director de Comunicaciones de la Federación Minera, Agustín Latorre, sostiene que mientras no exista una política de desarrollo para la pequeña y mediana minería, los productores y pirquineros seguirán trabajando en condiciones subestándar.

«Enfrentan la mina con todas las condiciones de inseguridad porque no tienen otra alternativa», sostiene el dirigente, quien critica al Gobierno por privilegiar a las grandes compañías con subsidios encubiertos, como la construcción de puertos y carreteras.

Un paso en ese sentido, afirma, sería la ratificación por parte del Gobierno del Convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre seguridad y salud en las minas, que entre otros alcances permite que los trabajadores suspendan sus funciones cuando detecten un riesgo.

El senador José Antonio Gómez también planteó la necesidad de que Chile, por su importancia mundial en la explotación minera, pueda «ratificar este convenio para contar con normas internacionales que ayuden a mejorar la legislación laboral chilena».

nueva ley

El seremi de Minería, Rodrigo Mendiburu, cuenta que el FNDR aprobó un proyecto por $323 millones para la regularización de pequeñas faenas; que existen otros $140 millones para realizar un completo catastro en la pequeña minería que arroje datos como el número de operaciones, trabajadores, edades, género, productividad y ubicación, que permitirán adoptar medidas focalizadas; y que el Fosis implementará un fondo solidario de $1.800 millones (2012 y 2013) para que los pequeños mineros inviertan en salud y seguridad.

Pero por sobre estas acciones, Mendiburu afirma que el verdadero cambio vendrá de la mano con la Ley de Seguridad e Institucionalidad Minera, proyecto que presentó el Ejecutivo y que actualmente está en el Parlamento.

Entre sus principales puntos, esta nueva normativa crea la Superintendencia de Minería que se hará cargo de la fiscalización y el Sernageomin será reemplazado por el Servicio Geológico de Chile, que tendrá un perfil netamente técnico.

«Pero acá también es fundamental que los trabajadores hagan su parte y que se mantengan siempre dentro del rango de seguridad, que haya un respeto irrestricto y religioso por cumplir las normas y procedimientos de seguridad».