Al ex jefe de gabinete de la ministra se le acusa de haber tenido un trato preferente con Amsa.

Las autoridades del Ministerio de Minería han afirmado tajantemente que el conflicto que mantiene la suiza Glencore con Minera Los Pelambres, del grupo Luksic, en Argentina, por el botadero que la segunda dejó en terrenos de la primera, es un conflicto entre privados. Sin embargo, los efectos colaterales de esta disputa han generado tensión al interior de la cartera que dirige Aurora Williams.

El origen de la controversia está en el sumario administrativo que se le está realizando a Adolfo Galindo, ex jefe de gabinete de la ministra, a quien se le acusa de que -en el marco del conflicto de las mineras- tuvo un trato preferente con Pelambres, compañía controlada por Antofagasta Minerals (Amsa).

Según fuentes conocedoras  del proceso, el viernes 18 de diciembre Galindo realizó sus descargos por el sumario, el cual es liderado en calidad de fiscal por Sergio Hernández, vicepresidente ejecutivo de Cochilco, organismo que depende del ministerio.

Además de pedir que se declaren improcedentes los cargos que le formularon y denunciar que falta precisión en la investigación, Galindo apuntó contra el subsecretario de Minería, Ignacio Moreno.

Según las fuentes que han accedido al expediente, el ex jefe de gabinete de la ministra acusó que el subsecretario “infringió sus deberes y obligaciones”, en el marco del sumario.

También afirmó que Moreno no ha sido claro sobre los hechos que originaron que solicitara la apertura del sumario en junio pasado.

Moreno, por su parte, declaró que él se enteró en mayo que Pelambres había presentado en tribunales argentinos una carta emitida por Galindo, la cual señalaba que la compañía ha actuado de “buena fe”. El subsecretario dijo que se enteró de lo anterior tras una reunión que sostuvo en Enami -donde es director-, a través de Verónica Baraona, quien, además de ser directora de la empresa pública, forma parte del equipo jurídico de Glencore.

Al respecto, Galindo declaró que Moreno tuvo conocimiento en todo momento del documento que le envió a Pelambres. De hecho, aseguró que antes de enviar el correo electrónico a la compañía le mandó una propuesta de respuesta -vía email- al subsecretario y que éste la aprobó.

En su declaración, del 20 de julio, Moreno dijo sobre este correo que “lo conozco y lo reconozco, pero fue un correo que no entendí para nada en ese momento y que no consideré”.

Galindo contraatacó diciendo que a él se le autorizó, por medio de una resolución, a llevar las comunicaciones de la ministra frente a este tema, por lo cual cumplió con las funciones que le correspondían.

El ex jefe de gabinete añadió que Moreno, incluso, era quien encabezaba las tratativas que hizo el ministerio para intentar resolver el conflicto antes de que la judicialización del caso escalara.

Pero los dardos del funcionario también apuntaron contra Hernández, quien asumió como fiscal del sumario en septiembre, luego de que Doris Roa, fiscal jefe del departamento jurídico del Sernageomin, se inhabilitara por haber encontrado que habían autoridades con un rango mayor a ella involucradas en el proceso.

Al vicepresidente ejecutivo de Cochilco Galindo lo acusó de no hacer una investigación acuciosa y que en el proceso no le ha entregado las garantías adecuadas.

Galindo, según fuentes conocedoras, habría señalado en sus descargos que Hernández inició el proceso desde cero, borrando lo obrado por Roa, y que hasta el momento sólo le ha tomado declaraciones a él.

Se estima que Hernández concluirá luego el sumario y que propondrá una sanción para Galindo, la cual puede ir desde una amonestación verbal hasta la destitución del cargo.

Comisión binacional

El gobierno chileno tuvo una participación directa para intentar resolver el conflicto entre Glencore y Pelambres.

Así lo demuestran varios documentos. El 10 de julio de 2014, Ignacio Moreno le envió una carta a Jorge Mayoral, secretario de Minería de Argentina, proponiendo que se creara un “Grupo de Trabajo Bilateral Temporal (GTBT) para abordar el tema. Tras ello, a inicios de agosto, Mayoral aceptó la propuesta.

Así las cosas, el 14 de agosto del año pasado, se realizó una reunión del GTBT, en Buenos Aires, Argentina, donde participaron autoridades de ambos países. Por el lado de Chile asistieron el subsecretario, la ministra, el ex embajador de Chile en Argentina y actual vocero de gobierno, Marcelo Díaz, y el director nacional del Sernageomin, Rodrigo Álvarez, entre otros. En esta reunión se habrían definido los pasos a seguir.

Luego, el 12 de noviembre de 2014, Moreno le informó a Mayoral que “ambos Estados nos encontramos trabajando con el fin de facilitar que las partes involucradas puedan alcanzar una adecuada y expedita solución”, según consigna la carta.

Sin embargo, el trabajo de la comisión se detuvo cuando la judicialización del conflicto aumentó, por lo que ambos gobiernos estimaron que la búsqueda de una solución le correspondía a los tribunales argentinos.