Dos exhortos a las autoridades locales para que entreguen antecedentes acerca de sus gestiones ante el conflicto entre Antofagasta Minerals y Glencore, fueron enviados por un tribunal argentino por el botadero minero Cerro Amarillo, que luego de un cambio de límites que fue informado de forma errónea, figura ahora como argentino y en terrenos de propiedad de la minera extranjera.

Debido a la demanda civil y querella criminal presentada por Glencore en San Juan, Argentina, un juez federal envío en marzo, dos exhortos a la Corte Suprema de Chile, para que solicite informes de los ministerios de Minería y Relaciones Exteriores, en una causa trasandina nombrada como Xstrata Pachón con Minera Los Pelambres (AMSA).

En el primer documento se solicita que el Ministerio de Minería informe al tribunal argentino si en el año 2014 recibió una solicitud de su par trasandino para reunir a la Comisión que revisa el Tratado sobre Integración Minera, para analizar la situación del botadero.

El juez federal además solicitó “copia del intercambio epistolar que hubiere existido entre ambas autoridades” por el caso y que el Ministerio de Minería chileno le informe si conoció las quejas que Xstrata Pachón (Glencore) entregó a la comisión binacional.

En tanto, en el segundo documento, el juez argentino Miguel Gálvez solicitó a Relaciones Exteriores que “remita copia de las actuaciones vinculadas” a una nota cursada en 2011 por Minera Los Pelambres. La Corte Suprema acogió ambas peticiones.

Por su parte, el presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, matriz de Los Pelambres, explicó “fuimos víctimas de errores que no fueron nuestros” Y agregó que “la cartografía oficial de Chile sólo fue modificada, en esa parte, en 2008 por el IGM, con instrucciones de la Dirección de Fronteras y Límites (Difrol). No obstante, en la cartografía georreferencial — que ocupan las empresas— permaneció la versión anterior y no se advirtió a nadie de los cambios… hasta ahí el botadero estaba en Chile y las autoridades chilenas (ambientales, tribunales, Sernageomin) seguían otorgándonos permisos”.

Con todo lo anterior, el ejecutivo señaló que “en 2011 nos dimos cuenta del problema (el 60% del botadero estaba en Argentina) y dejamos de operarlo”.

Por esta razón, Antofagasta Minerals, estaría dispuesta a destinar unos US$15 millones en un “cierre ambiental” del lugar, lo que implicaría un acuerdo con Glencore y con ambos gobiernos.

En este sentido, Hernández manifestó “no sabemos qué quiere Glencore… este tema tiene una solución práctica (el cierre ambiental del botadero). Ahora, esto se puede transformar en un problema más grande si ellos quieren, pero no es nuestra intención”, y recalcó que “estas acciones de Glencore no sólo nos afectan a nosotros, sino que también al Estado de Chile”, ya que “Glencore ha nombrado en los tribunales argentinos a varios ex gerentes de Pelambres, quienes van a declarar lo que sucedió: que se actuó en base a lo que dictaron los funcionarios públicos y el Estado de Chile”.(ICRIU.COM