Repartición de Utilidades en Grandes Conglomerados y S.A.: Una verdadera Burla al Mundo Laboral

Luego de ver con gran estupor como cuatro conglomerados, Holding Cencosud, Ripley, Viña Concha y Toro y Latam acogidas a la Ley de protección del Empleo recientemente promulgada el 1 de Abril por el presidente Sebastián Piñera, repartieron millonarias utilidades entre sus accionistas, muchos nos hacemos la pregunta si ¿esto es un despropósito fundado en una falta de ética o simplemente es un abuso deliberado y descarado de esta ley?.

Exigir ética en estas circunstancias, que la ley ampara estas prácticas, puede ser complejo. Pero más allá de lo legal, que permite este tipo de acciones, lo que se esperaba de la ley 21.227 anunciada y promovida por el ministro de hacienda y la ministra del trabajo, era un directo beneficio hacia las Pymes con el fin de quitarles el peso de las remuneraciones, garantizar ingresos de algún tipo y evitar por sobre todo los despidos de sus trabajadores. En definitiva, supuestamente fue pensada para dar garantías a las y los trabajadores para enfrentar la crisis económica producto de la pandemia por coronavirus.

Lo que sucedió es que esta ley dejó la puerta abierta y muchos vacíos legales para que grandes empresas que tenían la capacidad para pagar por varios meses más los sueldos de sus trabajadores se acogieron a esta «Herramienta Excepcional» y transitoria que no las excluía, que nada se los impedía, por lo cual podría parecer válido, porque más bien se trataba de un «pacto de buena fe». Pero en esencia la ley fue supuestamente creada desde el punto de vista del trabajador y por ende ¿porqué este trabajador de Paris, Jumbo o Latam, tendría que quedar desprotegido y expuesto a perder su empleo?.

Por este mismo motivo, se dictó la resolución 88 dentro de esta ley que venía a establecer bajo 9 categorías al menos, que dejaba claro a las empresas que no podían hacer uso de la suspensión laboral y que por lo tanto tenían la obligatoriedad de pagar remuneraciones y sus trabajadores prestar el servicio correspondiente, privándolas de una posible paralización de sus operaciones, entre ellas actividades de diversa índole, como salud, comunicaciones, comercio esencial, etc.

Autoridades de Gobierno, parlamentarios y la opinión pública, se han referido a esta situación, condenando en sus propios estilos, el actuar de estas grandes empresas. Es así como el Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, tildara de «inentendible» la repartición de dividendos de tres veces más de lo legal por parte de Cencosud, (80% de lo tributado en el 2019) y por otro lado, la Ministra del Trabajo, María José Zaldívar se pronunció diciendo que es «absolutamente contraproducente» la repartición de utilidades de Latam y Cencosud. Pero, más allá de una tibia crítica no hemos escuchado de parte de las autoridades, el anuncio de la aplicación de las sanciones legales para las empresas que no cumplieran con los requisitos para acogerse a esta normativa.

Es más, pareciera ser que la titular de la cartera del trabajo no entendiera nada de lo que está pasando. Su nivel de desconexión con la realidad de las y los chilenos queda en evidencia con una reciente frase expresada en una charla respecto a las proyecciones del empleo producto de los efectos del coronavirus, ofrecida a la Cámara de Comercio, y que señalaba, «Nunca antes nos había pasado que la totalidad de las personas que recibieron carta de despido hicieran uso del seguro de cesantía». Consecuencias que tienen que ver obviamente con la gran dificultad que existe hoy para conseguir trabajo, en medio de una crisis como la que vivimos que ha dejado a miles de familias bajo la línea de la pobreza, lo que hace urgente garantizar una renta básica por sobre ese nivel y que incluya a la siempre postergada clase media.

Una vez más estamos en presencia de una ley que va en perjuicio de las y los trabajadores, donde el supuesto Pacto de Acuerdo de Suspensión del Contrato del Trabajo, no es realmente un acto consensuado entre las partes, sino que, queda como en toda relación laboral, al arbitrio del empleador, que puede suspender o reducir la jornada de trabajo, sin que el trabajador tenga otra alternativa y que para colmo, le da el «beneficio» de acceder al seguro de cesantía con lo que debe palear los costos de esta crisis y que para la «inmensa mayoría» resulta evidentemente insuficiente. Por otro lado en el caso de que los trabajadores quieran denunciar una mala utilización de esta ley, estos deberán demostrar que las empresas no estaban económicamente sanas, entonces ¿si la empresa está o no en riesgo de quien es la responsabilidad de revisar o fiscalizar?.

¿Se puede poner freno a estos abusos?. Por estos días, se está dando una discusión en la Comisión Mixta de Trabajo que debe ser aprobado por la Cámara de Diputados y Diputadas para incorporar un artículo que pondría límites, bajo ciertos requisitos para que la repartición de utilidades no sea absoluta. La idea en rigor es, prohibir el retiro de utilidades de las empresas que se acojan a la Ley de Protección del Empleo y como plantea la Diputada Gael Yeomans, exigir la retroactividad.

Solo queda para la reflexión, la «Ley de Protección del Empleo» no mutó, siempre fue una ley pensada en la protección de los empleadores que solo buscan el aprovechamiento económico de unos pocos en detrimento de la fuerza de trabajo provocando el empobrecimiento e incertidumbre de las mayorías… para muestra no uno sino 4 botones.

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