Procedimiento contempla que servicios deben ser acordados entre empleador y sindicato antes o al inicio de la negociación. Si no hay acuerdo interviene la Dirección del Trabajo o también se puede ir a juicio monitorio.

(Diario Financiero) Pese a los intentos del empresariado por mantener esta prerrogativa, ya es un hecho que la reforma laboral contemplará la prohibición del reemplazo de trabajadores en huelga en los procesos de negociación colectiva.

La propuesta de gobierno que ha sido consensuada con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) contempla un mecanismo para definir los denominados servicios mínimos que requiere la empresa en casos de paro legal.

El Código del Trabajo hoy permite el reemplazo de los trabajadores en paro legal desde el día 15 de iniciada la huelga y con un bono de 4 UF (unos $ 98.000) por cada persona reemplazada.

La eliminación de esta norma está contemplada en el programa de gobierno de Michelle Bachelet y ha sido una de las demandas históricas del mundo sindical, desde que el Plan Laboral de 1979 impulsado por José Piñera decretó el actual procedimiento de negociación colectiva con posibilidad de sustitución de trabajadores.

“El reemplazo en huelga ya está acordado, no va a haber sustitución al puesto de trabajo, ni con trabajadores externos ni internos, sólo estamos tratando de ponernos de acuerdo en la redacción para los servicios mínimos y turnos de emergencia”, dice una fuente que ha particidado del proceso de redacción de la iniciativa.

El mismo informante señala que dicho punto fue zanjado hace un par de semanas por el equipo técnico del Ministerio del Trabajo con la comisión laboral de la CUT. Asimismo, en la reunión del jueves pasado en Teatinos 120, las autoridades de gobierno reforzaron al comité ejecutivo de la multisindical que la propuesta sobre fin del reemplazo irá en los términos ya pactados, en el proyecto de ley sobre fortalecimiento de la negociación colectiva y sindicalización.

La fórmula

Trascendió que los turnos mínimos no tendrán relación con el tamaño ni el nivel de ventas de una empresa, sino que apuntarán a mantener la operación de faenas críticas dentro de una unidad productiva.

El articulado legal establecerá que los servicios deberán ser acordados entre la empresa y el o los sindicatos en un período previo al inicio del proceso de negociación colectiva. También considera la opción de que el mecanismo se zanje durante los primeros días de presentación de la propuesta de contrato colectivo.
En caso de que no haya acuerdo entre las partes, la nueva norma creará una especie de intervención forzosa por parte de la Dirección del Trabajo (DT) mediante una unidad especializada que creará la ley, la cual dirimirá la forma del turno especial.

Como última instancia, si uno de los actores no queda conforme con la resolución del organismo fiscalizador, se puede reclamar ante la justicia laboral, por la vía de un juicio monitorio, proceso que apunta a la resolución rápida de conflictos en esta materia.

La CUT apoya el mecanismo jurídico para determinar los servicios, pero mantiene diferencias con el gobierno respecto de las situaciones o casos en los que se permitirá esta nueva figura.

“Cuando se trata de la salud de las personas o de servicios básicos para la comunidad como la luz y el agua potable, estamos por los turnos de emergencia, pero no para casos donde la empresa o el empresario pierda dinero por la paralización ante una huelga”, reclama un personero del mundo sindical.

La idea del gobierno es que el proyecto considere servicios mínimos dentro de una fábrica que opera con una caldera y para el personal a cargo del control aéreo, de la alimentación de salmones o de pollos en una planta avícola.

El tema del fin del reemplazo volverá a ser tocado en la nueva reunión que sostendrán el viernes los ministros de Hacienda y del Trabajo con la directiva de la CUT.