Ayer la Presidenta Bachelet firmó el proyecto que ingresaría con urgencia simple a la Cámara de Diputados. La iniciativa, que contempla 10 puntos, fue valorada por la CUT aunque con algunos matices, mientras que el empresariado criticó enérgicamente el texto, asegurando que no va en el sentido correcto.

Pasadas las 11.00 horas de ayer en el salón Montt Varas de La Moneda, se desarrolló la ceremonia de firma del proyecto de reforma laboral que fortalece la negociación colectiva y el sindicalismo.

El acto, que tuvo como protagonista a la Presidenta Michelle Bachelet, contó con la presencia de ministros (Hacienda y Trabajo, particularmente), parlamentarios, y las directivas de la CUT, de los  gremios de las Pymes y de la CPC. Estas dos últimas no se retiraron muy contentas del Palacio de Gobierno.

De entrada la mandataria defendió el proyecto, recalcando que éste es una deuda histórica con los trabajadores. “Esta es una tarea que habíamos postergado por demasiado tiempo, sea por ataduras del pasado, por desconfianzas sin fundamento o porque para algunos nunca llega el buen momento. Creemos firmemente que éste es el momento adecuado”, sostuvo.

Una frase que viene a responder a las aprensiones del empresariado y la oposición por el momento en que se está presentando la reforma laboral, argumentando que en tiempos de desaceleración esta iniciativa puede acrecentar la incertidumbre y perjudicar el empleo.

En este sentido, la Presidenta agregó que “por eso que decimos que ha llegado el momento en que estamos haciendo lo correcto, estamos haciendo lo que es inteligente  y que lo estamos haciendo a tiempo”.

En medio de un ambiente donde claramente los representantes del empresariado no se sentían muy cómodos, la jefa de Estado siguió entregando mensajes dirigidos a los sectores más críticos a las modificaciones: “(El proyecto) tiene sólidos fundamentos, más allá de cualquier ideología (…) Quiero hacer un llamado a informarse y no mirar con prejuicios este conjunto de medidas”, sentenció.

Gradualidad y tiempos

Se tenía contemplado que el proyecto ingresara anoche al Congreso por la Cámara de Diputados y con carácter de urgencia simple.

La iniciativa, que empezará a ser vista en la comisión de Trabajo de la Cámara el próximo martes 6 de enero, considera una gradualidad en su aplicación a través de 3 formas: una, la que es inherente a la vigencia del contrato colectivo (hoy puede ser hasta 4 años. El proyecto establece un máximo de 3 años); dos, en la adaptabilidad laboral que establece un porcentaje de representatividad sindical para incorporarlo como materia de negociación (primer año 65%; segundo año 50%; tercer año 40%; y del cuarto en adelante 30%); y por último, en cuanto al período de “vacancia” que tendrá la reforma antes de entrar en vigencia.

“El proyecto es gradual tal como lo ha dicho el ministro Arenas (…) va a haber un período de vacancia legal, que es un período que tras su promulgación y publicación se va a dar para hacer varios ajustes que son necesarios y prepararnos especialmente desde la Dirección del Trabajo. Hay que preparar los temas de mediación, los reglamentos, los dictámenes, el cuerpo arbitral, la preparación de los propios funcionarios de la DT, de las oficinas de relaciones laborales”, explicó la ministra Javiera Blanco.

En esta misma línea y en el marco del período de “vacancia”, la ministra informó que los notarios ya no podrán ser ministros de fe en los procesos de sindicalización, función que recaerá por completo en las inspecciones del Trabajo.

De acuerdo a fuentes ligadas al diseño del proyecto, la iniciativa contemplará un año de “vacancia” antes de su implementación, lo que permitirá los ajustes antes mencionados por la ministra y la adaptación a las nuevas normas de relaciones laborales en todo tipo de empresa. Asimismo, no descartan que existan otras materias de la reforma a las que se le aplique también una gradualidad.

En este escenario, los parlamentarios de la Nueva Mayoría ya se impusieron tiempos específicos de tramitación. Así, esperan que el proyecto laboral pueda salir antes del 1 de mayo de la Cámara de Diputados, con la idea que también se cumpla un hito para la segunda cuenta pública de Bachelet (21 de mayo). El propósito de los parlamentarios es que el proyecto esté despachado del Congreso en julio de 2015. De cumplirse estos tiempos, la reforma recién entraría en vigencia en julio de 2016.

Respecto de lo ya conocido, la iniciativa trajo algunas novedades, como la incorporación de un décimo punto que busca fortalecer los derechos de la mujer trabajadora como partícipe de las negociaciones, a través de la presencia femenina en las comisiones negociadoras.

Además, se confirmó la titularidad sindical; el fin de los reemplazos en huelga con servicios mínimos; adaptabilidad laboral como materia de negociación; y la extensión de beneficios a los trabajadores no sindicalizados sólo si hay acuerdo entre el sindicato y el empleador.

Miradas encontradas

Si bien se esperaba que la incorporación de la adaptabilidad laboral dejara contentos a los empresarios, por ser una de sus propuestas, eso no fue así.

Al término de la ceremonia el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, que sólo estuvo acompañado del gerente general del gremio, manifestó sus reparos al proyecto de ley, además de dejar en claro que su presencia en la firma de la iniciativa fue sólo por ser “un acto republicano”.

“Nuestra presencia responde a que ha sido una invitación de la presidencia de la República y por tanto es un acto republicano. Pero eso no quiere decir que nosotros con el proyecto de reforma anunciado no tengamos serias y profundas discrepancias”, dijo. Agregó que “no se preocupa del problema de todos los trabajadores. Sólo está preocupado de ver cómo le damos más atribuciones y más espacio a la dirigencia sindical (…) no van a generar más empleos y por tanto no ayudan a todos los trabajadores chilenos”.

En cambio, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, calificó el proyecto laboral como un hecho “histórico”, ya que “recupera el derecho a huelga efectivo, sin reemplazo, ni descuelgue. Es una demanda anhelada por décadas”, sostuvo.

Sin embargo, aseguró que acá no se ha terminado la discusión: “No nos engañemos, la tarea aún no termina. Hoy estamos abriendo la puerta a que efectivamente se recuperen los derechos de los trabajadores, pero tras este paso hay muchas otras materias que vamos a tener que ir a discutir, que no están restringidas al ámbito del Código del Trabajo, sino que requieren una profunda reforma constitucional”.

A lo anterior, el secretario general de la CUT, Arturo Martínez, agregó algunos reparos a resolver. Indicó que no está de acuerdo con la gradualidad de la adaptabilidad laboral. “Esta gradualidad en descenso (representatividad sindical) es un retroceso, no me parece que esté bien planteada”.

Martínez también señaló que no están de acuerdo que se exceptúe del piso mínimo de negociación colectiva el reajuste por IPC, y que no se plantee la posibilidad de extender el contrato colectivo en 18 meses, de no existir acuerdo entre las partes. (PULSO.CL)