En los últimos meses Bolivia ha vivido la nacionalización de empresas mineras y distintos hechos de presión por parte de comunidades indígenas hacia transnacionales que extraen los recursos del país. Especialistas compararon el contexto boliviano con Chile. Según dicen, “hay una brecha enorme” entre ambos casos. 

Distintos episodios de conflicto han vivido en los últimos meses comunidades indígenas, transnacionales mineras y el gobierno de Evo Morales en Bolivia.

En junio fue nacionalizada la mina de estaño y zinc Colquiri, perteneciente a la empresa Sinchi Wayra, que a su vez es filial de la suiza Glencore. La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) se hizo cargo del yacimiento, ubicado a 250 kilómetros al sur de La Paz, con la creación de la Empresa Minera Colquiri.

Luego, en julio, Evo Morales decidió también anular la concesión de la canadiense South American Silver (SAS) para el proyecto Mallku Khota, de plata, indio y galio, que se pretendía explotar a partir de 2015. Asimismo, comunidades indígenas de Potosí se tomaron una mina aledaña a aquel yacimiento, propiedad de Cerusita Andina Limitada, que cuenta con capitales brasileños, para exigir que implemente una serie de medidas de beneficio social.

Ante el escenario boliviano, surge la pregunta por lo que ocurre en Chile. ¿Cómo se relacionan las mineras del norte del país con los grupos indígenas? ¿El caso boliviano podría ser un ejemplo para la comunidades mapuches y su relación con las forestales?

El codirector del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, explicó que a partir de la Constitución de 2009, en Bolivia los derechos de los pueblos indígenas sobre el territorio y los recursos naturales de la superficie son reconocidos, además del derecho a la consulta previa y la participación en los beneficios.

En Chile, en cambio, la Constitución no reconoce a los pueblos indígenas y protege en forma “exacerbada”, a su juicio, los derechos de propiedad, incluidos los recursos del subsuelo, que además se encuentran mayoritariamente en manos de privados.

En ese contexto, José Aylwin destacó que en el norte la industria minera utiliza las aguas de comunidades como la aymara, colla y diaguita, entre otras, cuyas economías tradicionales no pueden sustentarse, lo que genera un desplazamiento de la población.

Para el especialista, “hay un contraste muy evidente. Ahora, en Bolivia los procesos no se han dado sin tensiones, porque no siempre el interés del Estado se corresponde con el interés de los pueblos indígenas”.

“Tenemos un caso que no tiene que ver con minería, sino con áreas protegidas y la construcción de una carretera, que en los últimos dos años ha habido un conflicto muy importante, porque las comunidades no quieren esa carretera en sus territorios ancestrales. Con todo, hay una brecha enorme entre el proceso boliviano y la crítica realidad que viven las comunidades en Chile, respecto a las iniciativas mineras en particular”, explicó.

En el caso específico de las comunidades mapuches, enfrentadas constantemente con empresas forestales instaladas en las regiones de La Araucanía y el Biobío, José Aylwin indicó que esa actividad económica puede ser una opción de desarrollo, pero advirtió que también genera cuestionamientos: “La forestación, al menos la exótica, tiene tremendas implicancias ambientales y culturales, en la medida que ha alterado radicalmente el medioambiente al cual la cultura mapuche está asociada. Es una discusión que el propio mundo mapuche tiene que desarrollar. La actividad forestal es una opción, pero también es debatida y cuestionada dentro del mundo mapuche por sus tremendas implicancias adversas en lo ambiental y cultural”, dijo.

En ese sentido, el codirector del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, destacó que “hay comunidades que plantean otras estrategias que tienen que ver con un desarrollo más vinculado a su historia y cultura que le permita coexistir con su entorno y no alterarlo y devastarlo, como está ocurriendo actualmente”. (RADIO U. DE CHILE)