Titular del MOP asegura que el proyecto anunciado por la Presidenta Bachelet busca garantizar el consumo humano y de la pequeña agricultura por sobre otras actividades. FOTO SEQUÍA EN CHILEEl ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, afirmó que el gobierno de Sebastián Piñera “no le dio ninguna prioridad, sino más bien tendió a torpedear esta reforma, que hace que el agua sea de todos los chilenos como bien nacional de uso público. Por lo tanto, lo que hemos hecho es retomar el trabajo en el Parlamento”.

Preocupación, cuestionamiento y necesidad de mayor información. Esa fue la reacción en el sector privado tras conocer el anuncio del Gobierno de reactivar el proyecto que pretende consagrar en la Constitución que el agua sea un bien nacional de uso público.

Con esta reforma se limitaría el uso de este recurso y se privilegiará el consumo humano y de la pequeña agricultura por sobre otras actividades.
Este plan hídrico, que anunció el 21 de mayo pasado la Presidenta Michelle Bachelet, ya había sido impulsado por la propia Mandataria en su anterior administración, a fines de 2009.

El ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, afirmó que el gobierno de Sebastián Piñera “no le dio ninguna prioridad, sino más bien tendió a torpedear esta reforma, que hace que el agua sea de todos los chilenos como bien nacional de uso público. Por lo tanto, lo que hemos hecho es retomar el trabajo en el Parlamento”.

Undurraga agregó: “Estamos trabajando en paralelo en este momento, en la Cámara de Diputados la reforma constitucional, que fue presentada durante el anterior gobierno de la Presidenta Bachelet, y, de la misma forma, ya estamos revisando en la Comisión respectiva artículo por artículo el Código de Aguas”.

Cambios para “limitar”

El titular del MOP evitó mencionar la palabra “caducidad” con relación a las acciones que el Estado podría llevar a cabo sobre los derechos de agua que no sean utilizados y que los dueños de ellos tengan para especular. La posibilidad de que el Estado caduque a privados derechos de agua fue una de las polémicas que surgieron a fines de 2009.

“Hemos señalado que es una reforma tremendamente importante para el país, que cambia el eje de cómo se manejan las aguas hoy día”, dijo. Explicó que los recursos hídricos tienen un sistema de derecho privado y que el Estado tiene un rol pequeño. Por ello, añadió, se pretende que el agua se convierta en un “bien nacional de uso público, que se garanticen los consumos humanos, haya uso prioritario para la pequeña agricultura y después el resto de las actividades”.

Y agregó: “Lo que podría hacer el Estado con este esquema es limitar el ejercicio de los derechos cuando se está especulando con ellos”.

Consultado respecto de si se caducarán derechos de agua que no sean utilizados, Undurraga precisó: “Lo que estamos diciendo es limitar el ejercicio de derechos. Jurídicamente es la solución más fácil de implementar, para no generarle al Estado un costo por expropiación”.

El ministro señaló, como ejemplo, que hay cuencas donde existen diferencias entre la demanda y el agua disponible, y quienes poseen los derechos son los que “están más arriba en el río, y esos no son ni las personas ni la agricultura. Eso no es justo”. Dichos titulares de los recursos, indicó, corresponden a la “minería y actividades que se realizan más arriba”.

Sobre los plazos de tramitación de los proyectos en el Parlamento, Undurraga precisó que esperarán hasta mediados de junio próximo para resolver si es necesario hacer alguna “indicación sustitutiva o mejora al proyecto”. Esa fecha se definió porque coincidiría con el informe que entregaría el delegado presidencial para el tema agua.

Experto y diputado

El ex director general de Aguas y socio de Puga Ortiz Abogados, Rodrigo Weisner, apoyó que el tema del agua esté en la agenda política, pero advirtió que la discusión debe llevarse con cuidado y mesura, pues puede poner en riesgo la certeza jurídica sobre los derechos de particulares para proyectos.

El diputado UDI Sergio Gahona, miembro de la comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, afirmó que es necesario perfeccionar la legislación, pero señaló que en el sector agrícola ha surgido la preocupación ante posibles expropiaciones de derechos de agua. (EMOL)