Mineras ubican a Perú al lado de Chile en la producción de cobre.

FOTO OLLANTA HUMALA TRAIDOR

El mandatario prometió ponerse del lado de los pobres cuando surgieran conflictos mineros. Sin embargo, los enormes recursos que entregan los proyectos son indispensables para sus programas sociales.

SITUADA a una altitud de 5.200 metros en Los Andes peruanos, la recién construida ciudad, que pronto será bautizada como Nueva Morococha se ve incongruente, sus filas inmaculadas de tejados rojos dominan el valle en forma de cuenca.

Chinalco, la empresa minera china, construyó el asentamiento para reubicar a unas 3.500 personas de la localidad de Morococha -un ex campo de explotación minera construido sobre un vertedero a inicios de los 1900.

Nueva Morococha tiene calles pavimentadas, parques infantiles, escuelas, iglesias y plantas de procesamiento de agua, lo que contrasta con la antigua y precaria aldea. El motivo de Chinalco para trasladar a los habitantes del pueblo se aprecia en grietas en forma de cono que se han cavado en la montaña, color ocre, que se cierne sobre el viejo pueblo. Es aquí, en Tocomocho, que Chinalco está invirtiendo US$2.200 millones en una mina de cobre y planta de procesamiento. Los pobladores de Morococha están, simplemente, en el camino. Según la empresa, 77% de los hogares, cerca de 900 familias, acordaron reubicarse. Chinalco dice que aún está calculando el costo de la reubicación, pero se estima entre US$150 y US$ 200 millones. El problema es que no todo el mundo está listo para moverse de inmediato. Marcial Salomé, alcalde de la ciudad, ha desafiado a Chinalco y prometió no trasladarse al nuevo pueblo hasta que consiga lo que, él cree, le corresponde al pueblo. «Yo no estoy en contra de la medida, sólo quiero que la empresa nos dé lo que es justo», dice Salomé. Él representa a una minoría, unos cien residentes, que se ha resistido a los términos de la reubicación. Salomé quiere que Chinalco garantice puestos de trabajo en la nueva mina y que la empresa compense a su pueblo con US$300 millones por la destrucción de su aldea. «Esta es nuestra casa, tenemos que defender lo que es nuestro», añade.

Ambiciosos objetivos de Lima

Si Perú recibe todas las inversiones que tiene en proyecto en los próximos 10 años -alrededor de US$53.000 millones por 52 proyectos- (produciendo así 5 millones de toneladas anuales para 2025) el país se ubicará inmediatamente después de Chile, el mayor productor mundial de cobre, con una producción de 5,7 millones de toneladas. Perú es actualmente el tercer productor de cobre más grande, ya que produce alrededor de 1,3 millones de toneladas. La minería es la columna vertebral de la economía de rápido crecimiento y representa el 15% del PIB.

Sin embargo, la explotación de las reservas de cobre presenta un desafío político complicado para el presidente 011anta Humala. Si bien muchas de las minas de Chile se encuentran en zonas remotas o despobladas como el Desierto de Ata-cama, el cobre de Perú se ubica frecuentemente cerca de pueblos y comunidades indígenas.

Esto ha obligado a Humala a realizar un delicado acto de equilibrio. El presidente ganó la elección comprometiéndose a apoyar a los pobres en los conflictos mineros. No obstante, Humala es consciente de que los miles de millones de dólares de inversiones mineras prometidas son cruciales para mantener el magnífico 6% de crecimiento económico del país. Esto genera los ingresos extras que necesita para programas sociales, que apoyan a más de un cuarto de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza -gente como los habitantes de Morococha vieja.

«Perú tiene potencial minero para ser una superpotencia cobre y está mucho más cerca de ese estatus que lo que estaba hace 20 años. Se está moviendo en esa dirección», sostuvo Anthony Bebbington, un ex consultor del Banco Mundial. «La pregunta es, entonces, ¿se puede avanzar sostenidamente hacia adelante? ¿Y cuáles serían las condiciones sociales y políticas institucionales que permitan que eso suceda?» El gobierno admite a más de 200 conflictos. Los que más a menudo se vuelven violentos están relacionados a la minería y cada vez más se centran en el uso del agua. Minas Conga, Tintaya-Antapaccay de Xstrata, en la región sur del Cusco y el proyecto Cañariaco de Candente Copper en Lambaye que, son los mayores conflictos.

El gobierno está tratando de enfriar las disputas mediante la participación de autoridades regionales directamente en la gestión de conflictos y los procesos de resolución, así como su inclusión en las negociaciones de los proyectos. Finalmente, la administración está poniendo su fe en una ley de consulta previa, que recogerá las impresiones de las comunidades locales antes que se inicien grandes proyectos mineros, aunque hay muchos escépticos.

En tanto, el gobierno recibirá a los inversionistas con los brazos abiertos. El año pasado concedió 4.668 permisos de explotación minera a 582 empresas, frente a 3.100 en 2011.

Recuadro :

Los 52 proyectos mineros en curso entregarán a Perú US$53.000 millones en los próximos 10 años.

El gobierno admite 200 conflictos entre comunidades locales y empresas que explotan recursos mineros.La minería es la columna vertebral de la economía peruana, representando el 15% de su PIB.

¿Qué pasó?

El gobierno del presidente Humala enfrenta una compleja y disyuntiva relación, de la explotación minera contra la protección de las comunidades locales, tema que fue una promesa electoral.

¿Qué consecuencias tiene?

De optar por proteger a las comunidades locales, el gobierno pone en peligro el ingreso de miles de millones de dólares a las arcas fiscales, provenientes de la explotación minera, uno de los sectores económicos más importantes del país y que provee de recursos para el financiamiento de programas sociales.

¿Qué soluciones se plantean?

El gobierno ha optado por implementar una serie de consultas ciudadanas, previo al inicio de proyectos mineros, como una forma de involucrar a las comunidades en las decisiones.(Pulso)