Vapores, la naviera del grupo Luksic está cooperando con la investigación antimonopolio del Departamento de Justicia, tras quedar de manifiesto su participación en una conspiración con otras empresas para fijar precios.

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No sólo pérdidas le da Vapores al grupo Luksic, ahora también multas y problemas con la ley en Estados Unidos. Y ocurre justo cuando están negociando vender control con el gigante alemán Hapag-Lloyd.

De acuerdo a documentos del Departamento de Justicia norteamericano, Compañía Sudamericana de Vapores SA (CSAV) aceptó declararse culpable y pagar una multa penal de US$ 8.900.000 por su participación en una conspiración para fijar precios, asignar clientes y ofertas de plataforma de servicios de transporte marítimo internacional para eliminar competencia en el mercado internacional de transporte marítimo de carga.

De acuerdo a los cargos presentados, Vapores participó en una conspiración para suprimir y eliminar la competencia mediante la asignación de clientes y rutas, manipular licitaciones y la fijación de precios para la venta de envío internacional del océano, servicios de “roll-on , roll- off” de carga desde y hacia los Estados Unidos y en otros lugares, incluyendo el puerto de Baltimore.

De acuerdo a la publicación “The Maritime Executive”, la naviera de los Luksic participó en el trato desde enero de 2000 a septiembre 2012 . La empresa está cooperando con la investigación antimonopolio del departamento.

El Grupo Luksic entró a la propiedad en marzo de 2011, cuando la empresa del Grupo Claro estaba casi en quiebra y al cabo de unos meses tomó control. Acumulan pérdidas de más de US$ 1.200 millones desde que asumieron el control. Actualmente la empresa está en negociaciones con Hapag-Lloyd para vender control y se especula que el acuerdo con las autoridades norteamericanas era necesario para concluir las negociaciones.

De acuerdo a los cargos presentados, Vapores y sus co-conspiradores llevaron a cabo la conspiración, entre otras cosas, acordando precios, clientes, la abstención de hacer una oferta uno contra el otro e intercambiando información sobre los precios al cliente.

La fijación de precios en Estados Unidos conlleva una pena máxima de una multa penal de US$ 100 millones para las corporaciones. La multa máxima puede aumentar al doble de las ganancias originadas en el delito o el doble de la pérdida sufrida por las víctimas del delito, si cualquiera de dichas sumas es superior a la multa máxima legal.(EL MOSTRADOR)