En el marco del cumplimiento de un nuevo año de la muerte del sindicalista,  los abogados manifestaron que sus objetivos aún no están cumplidos. Esto, en medio de la investigación que liberó al único imputado por el hecho, en el recordado episodio de una “bala loca”.

En libertad quedó el menor de edad, de iniciales JBPM, de 17 años, hasta ahora único imputado por la muerte del dirigente sindical Juan Pablo Jiménez, quien recibió un disparo en la cabeza el 21 febrero de 2013, en la comuna de San Joaquín.

El imputado fue reformalizado por cuasidelito de homicidio y porte ilegal de armas y se solicitó al juez Jorge Sáez del décimo segundo Juzgado de Garantía de Santiago la realización de un juicio simplificado. El juez aceptó y el adolescente fue condenado a 540 días de libertad asistida, sentencia que se dio “por cumplida”, ya que estuvo en internación provisoria desde abril de 2013.

La abogada de la familia, Margarita Peña, sostuvo que esto fue fruto de un acuerdo entre los intervinientes y sin considerar mayormente a los querellantes. Además, dijo que aportaron importantes antecedentes a la Fiscalía para que se continúe una nueva línea investigativa, a la que según manifestó el fiscal, se le dará curso.

“Por una parte se acepta la teoría de la bala perdida. Se condena a un menor de edad como el autor de un disparo y, por otra parte, se sigue investigando una segunda hipótesis”, explicó Margarita Peña.

La abogada añadió que la tesis que defiende la Fiscalía es inverosímil, porque se plantea que una bala loca viajó por más de un kilómetro e impactó al presidente del Sindicato N°1 de Ingeniería Eléctrica Azeta, empresa que presta servicios a Chilectra, quien luego fue encontrado por sus colegas en su lugar de trabajo.

Un día antes el dirigente había denunciado despidos injustificados y se le había dado hora para una audiencia judicial. Vale señalar que en noviembre del 2013 la empresa solicitó su propia quiebra, pero sus gerentes están siendo investigados por delitos de estafa.

La abogada expresó su preocupación y afirmó que si bien el asesinato de Juan Pablo Jiménez ocurrió durante el gobierno de Sebastián Piñera, en la actualidad los abogados del Ministerio del Interior siguen siendo casi los mismos, dándole continuidad a una política que apunta a consolidar la impunidad y a mostrar que es fácil cometer crímenes.

“Es muy fácil matar en Chile. Se está construyendo, reafirmando un camino hacia la impunidad absoluta”.

Este 21 de febrero se conmemora un nuevo aniversario de la muerte de Jiménez. En ese marco, el pasado viernes a las 19 horas en Valentín Letelier N°18, cede de la Confederación de Empleados Particulares (CEPCH), en Metro La Moneda, se realizó una reunión donde los abogados informarán a quienes acompañaron la lucha de Juan Pablo Jiménez por obtener Verdad y Castigo, que a dos años de su muerte, esos objetivos aún no se han cumplido.

Mientras los querellantes analizan las posibilidades y alternativas legales que se abren con esta decisión y las vías para apelar o continuar adelante con el caso.(Radio U. de Chile)