En un intento por dimensionar el impacto que tendría la reforma laboral sobre la economía a partir de sus alcances en el sector, el Consejo Minero acaba de dar a conocer un informe que sitúa en cerca de US$ 3.000 millones el costo asociados a los cambios en discusión.
Asumiendo que los cambios producirían un alza exógena (es decir ajena a cuestiones propias de la industria) del orden de 10% de los salarios en un lapso de cinco años, el estudio concluye que esa distorsión derivaría en efectos sobre el empleo y los salarios en la industria del cobre, así como en una disminución del PIB sectorial (-1,4%) y, consecuentemente, el nacional (-1,1%).

Dicho desencadenamiento de efectos contractivos sobre la minería, permiter concluir que a mediano y largo plazo resultan perjudicados justamente quienes se dice que se quiere favorecer y proteger, es decir, los propios trabajadores.

El cuadro descrito por los expertos universitarios autores del informe es uno que naturalmente tendría expresión en otros sectores, de modo el impacto agregado, de darse los supuestos, sería claramente superior.

El ejercicio de estimar los efectos de las reformas, que en alguna medida se hizo con ocasión de la reforma tributaria, es un insumo clave que debe estar disponible para el debate en marcha, con mayor razón si una representativa muestra de agentes económicos consultados por el Informe de Percepción de Negocios del Banco Central ha confirmado que la sola incertidumbre asociada a los cambios frena sus decisiones de inversión. Quienes legislan no pueden desconocer estos insumos si la idea es favorecer a quienes finalmente se puede terminar perjudicando.(DIARIO FINANCIERO)