La propuesta de cambio constitucional de la ex presidenta Michelle Bachelet encendió las luces de alerta en la industria. Según explican, podría abrir la puerta a una completa reestructuración de las propiedades mineras. Acá los temas que crean incertidumbre para 2014. FOTO BACHELET Por Andrés Pozo B. Una serie de llamados telefónicos para intentar entender a qué se refería una de las palabras que incluía el programa de gobierno de la candidata a la presidencia Michelle Bachelet, se desató después que la propuesta fuera presentada, el pasado 27 de octubre. La inquietud en la industria no surgió al leer las dos páginas dedicadas a la minería en el documento de casi doscientas -donde se profundizaban materias como la modernización del ministerio o de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco)-, sino que al leer en detalle los planes para cambiar la Constitución.
Los programas de las candidatas Bachelet y Evelyn Matthei han sido profundamente estudiados por el sector minero, en especial la propuesta de la abanderada de la Nueva Mayoría, al estar mejor perfilada para llegar a La Moneda .

Al referirse al derecho de propiedad, el documento de Bachelet señala que “la Nueva Constitución debe reconocer el dominio público pleno, absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos hídricos, mineros y del espectro radioeléctrico”.

El párrafo no difiere sustancialmente del que hoy se encuentra en uno de los incisos del artículo 24 de la Constitución, donde se señala que “el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas”. Pero el matiz, aunque mínimo, generó polémica.

Para el abogado Juan Luis Ossa -uno de los redactores de la actual institucionalidad minera-, la inclusión de la palabra “pleno” podría traer consecuencias insospechadas, desde la doble implicancia de permitir que todo el sistema continúe igual o que, por el contrario, cambie radicalmente, especialmente en cuanto a la propiedad. En la industria hay concordancia sobre este punto: si bien no es un cambio explícito y declarado, dejaría la puerta abierta a una posible cirugía mayor.

Por ejemplo, podría llevar a establecer en la Constitución el derecho a “regalías”. Una abogada de la plaza explica que sería importante transparentar si hay interés de establecer un nuevo tributo, independiente del actual impuesto específico que fue creado para apoyar la innovación y la reconstrucción, o si es una modificación de éste.

Posibilidades más o menos, el tema ha sido punto de conversación entre distintos líderes de la industria y ha generado incertidumbres. Durante la cena anual organizada por el Consejo Minero, por ejemplo, fue comentario obligado. Y es que entre algunos ejecutivos de la industria hay distintas teorías sobre la inclusión de la palabra pleno: que responde netamente a un tema de redacción, dado que el foco estaría puesto en los recursos hídricos, hasta que, en general, corresponde a un intento por mostrar un programa de corte más progresista.

La industria ha establecido algunos puentes con personas cercanas al comando de Bachelet, de las que han recibido señales de calma, pero a juicio de algunos no habrían sido del todo contundentes. El problema principal para el sector es que este tipo de declaraciones -que pueden ser entendibles en un contexto de campaña electoral-, al quedar en el programa podrían ser exigidas por los nuevos parlamentarios, quedando la propiedad minera sujeta a estas interpretaciones, alterando normativas que hoy se consideran claras y benéficas para garantizar la inversión.

Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, hizo mención a las propuestas que han surgido en la campaña durante el discurso que dio en la cena del gremio. Apuntó directamente a las intenciones de derogar el Estatuto de Inversión Extranjera, el perfeccionamiento de concesiones mineras y el ya mencionado sistema de propiedad sobre los recursos naturales, y pidió que se analice el sentido y finalidad de estas modificaciones y la participación del sector, ya que no se puede desconocer que la industria ha colaborado al crecimiento sostenido durante 25 años, con importantes contribuciones económicas al país.

Para Ossa, “la minería es el pilar del desarrollo de Chile, pero hoy día tiene costos crecientes en mano de obra, energía y agua. Además, ésta es una actividad de gran riesgo, exige enormes capitales y sufre ciclos periódicos. Sin embargo, lo más delicado es el conjunto de normas constitucionales y legales que rigen a la industria, sin las cuales ella carece de la estabilidad y la seguridad que necesita”. Por eso, agrega que “el país debe ser muy cuidadoso, no debe precipitarse ni, mucho menos, dejarse tentar por las políticas populistas que han destruido a la minería de otros países del continente”.

Otras interrogantes

Dentro de los eventuales cambios constitucionales, hay otras materias que han puesto en alerta a los gremios mineros. El de mayor importancia es la posibilidad de cambiar los quórums para modificar las leyes orgánicas constitucionales (LOC), donde está sustentada la institucionalidad minera, normativas que en la actualidad requieren 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio para ser aprobadas, modificadas o derogadas. La idea que ha estado rondando en círculos políticos es que las LOC dejen de existir. Esto -junto a los cambios constitucionales- significaría que la institucionalidad minera podría ser modificada en el Parlamento por mayoría, esto a juicio de muchos somete al sector a los vaivenes políticos, lo que introduce elementos de alta incertidumbre para los inversionistas.

También ha despertado suspicacia la idea de estudiar y aplicar nuevas normas para el perfeccionamiento del sistema de concesiones mineras, para fomentar la exploración y que no se constituya una barrera de entrada para nuevos actores. Esto nace ante la interrogante de si es conveniente que existan las concesiones de exploración o basta con un permiso. Algunos juristas creen que optar por el segundo camino no es conveniente, en especial por el alza que puede implicar en los plazos de tramitación. Ejemplifican con que hoy las concesiones de acuicultura toman cerca de ocho años y las marítimas no menos de cinco. Además, ven como un peligro que una materia entre al Congreso de una manera y salga de otra. Agregan que si se quiere fomentar la exploración, bastaría con posibilitar que Codelco pueda renunciar a algunas de las pertenencias que por escala no puede explotar.

Otro tema es la derogación del Estatuto de Inversión Extranjera (DL 600). Aunque en la industria no están 100% de acuerdo sobre el efecto que podría tener, sí hay claridad en que es mejor contar con este instrumento. Dicen que inversionistas de otros países -especialmente asiáticos- ven con buenos ojos la firma de un contrato con el Estado. Y en la práctica ha resultado “beneficioso”. En la industria están seguros de que, sin los contratos firmados bajo el DL 600, durante las discusiones para instaurar y luego subir el impuesto específico se les habría pasado la aplanadora.

Una salida a la derogación del DL 600 es que exista un Estatuto de Inversiones que no discrimine entre nacionales y extranjeros. Esto podría ayudar a cambiar la imagen de que hay un grupo con privilegios.

Respecto a los recursos hídricos, se propone un cambio al sistema actual, ya que se declaran como bien nacional de uso público con el fin de asegurar la disponibilidad para todas las personas. Lo más complejo es que se incluyen los glaciares de cualquier tipo. Tomando en cuenta que muchos proyectos mineros están en zonas con glaciares, ponerlo en la Constitución limita los fines productivos de estas zonas, explica una experta.

Las cosas buenas

Pero no todo es crítica. Del análisis que se ha hecho del programa, hay puntos que resaltan. Una abogada de la plaza reconoce que se ha hecho un buen diagnóstico de la situación y los desafíos, en especial del tema energético, recursos humanos y cluster minero.

Sobre esta última materia, el programa señala que se impulsará una política de asociatividad y colaboración entre mineras y proveedores, Estado e instituciones de investigación para potenciar la minería. Esto dicen, porque el actual gobierno había desechado la política de cluster.

Otro tema que destacan es el fortalecimiento institucional que se pretende hacer en el Ministerio de Minería, Cochilco y el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), aunque ven difícil su concreción, tomando en cuenta que Minería es una de las cinco carteras con menor presupuesto para el próximo año, con cerca de $ 37.000 millones.

La modernización de Enami es otro ítem bien valorado, en especial por la visión crítica que hay sobre la gestión de este gobierno, dado que se trató de operar como empresa privada, cuando tiene un rol de fomento para la pequeña y mediana minería.

Respecto a la idea de conformar una comisión de expertos para proponer una política acerca del litio, del sector privado ven que hay un reconocimiento a que es un tema complejo y valoran que se trate de dar una visión que vaya más allá del momento político.