Federación Minera de Chile señaló que “cuando se trata de tocar los intereses de los empresarios todos callan. Nos gustaría ver que con la misma fuerza que la diputada Paulina Núñez impulsó su proyecto, que atenta contra los intereses de los trabajadores, se pronunciará sobre los millones de dólares que las empresas mineras se están llevando fuera del país”.

La Federación Minera de Chile emplazó a la diputada Paulina Núñez a pronunciarse respecto de las millonarias ganancias obtenidas por las empresas mineras con presencia en la región de Antofagasta, como es el caso de BHP, Antofagasta Minerals, Anglo American , Glencore y SQM ,  las cuales reportaron  positivos resultados financieros.

Esto, luego que la parlamentaria presentará un proyecto de ley  que busca modificar el Código del Trabajo , estableciendo requisitos para la autorización de jornadas especiales de trabajo iguales o superiores a siete días, con la finalidad de enfrentar el fenómeno de la conmutación regional.

Al respecto, Agustín Latorre, coordinador de la Comisión de Comunicaciones de la Federación Minera de Chile dijo que “cuando se trata de tocar los intereses de los empresarios todos callan. Nos gustaría ver que con la misma fuerza que la diputada Paulina Núñez impulsó su proyecto, que atenta contra los intereses de los trabajadores, se pronunciará sobre los millones de dólares que las empresas mineras se están llevando fuera del país”.

“No puede ser que nuestras autoridades y parlamentarios no tengan opinión en torno a las ganancias de las mineras y los recursos que se llevan al extranjero en lo que ha sido un saqueo constante de nuestras riquezas naturales. En el caso concreto de la región de Antofagasta, ninguna de las propuestas planteadas para enfrentar el fenómeno de la conmutación ataca los problemas de fondo. Primero, el excesivo centralismo no nos permite tener una política regional de desarrollo, por lo que las empresas mineras se llevan la riqueza al extranjero sin dejar nada en la zona. Es urgente contar con planes verdaderos de desarrollo regional, más aún en una región como Antofagasta, donde se concentra el 50% de la industria minera que es el sustento de la economía y desarrollo nacional”.

“La falta de una carta de navegación propia en la región minera de Chile, provoca por ejemplo que no exista una política habitacional acorde a la realidad de Antofagasta, como así también enfrentamos un altísimo costo de la vida a los cual se suma el casi nulo acceso a la cultura y alternativas de deporte y recreación, entre otras sensibles problemáticas para los habitantes de esta zona”, agregó el dirigente.

Asimismo, Agustín Latorre manifestó que “desde el mundo de los trabajadores creemos que el Observatorio Laboral , que funciona con recursos de la Sofofa, no es una instancia independiente y su opinión representa al empresariado , debe ampliar su mirada neoliberal que reduce todo a una estadística sin ser un real aporte para impulsar modelos productivos que creen empleos en la región de Antofagasta y sin que se impulsen propuestas de desarrollo regional. Más bien , está sucediendo lo contrario ya que las empresas se están aprovechando de la aplicación de nuevas tecnologías para reducir las dotaciones de trabajadores, junto con tratar de imponer un falso discurso de productividad, aumentado la carga de trabajo y por ende las enfermedades que no son cubiertas por las mutualidades”.

Por su parte, Ronald Salcedo, secretario general de la Federación Minera de Chile indicó que “los reportes de ganancias de las transnacionales mineras, que hemos conocido en los últimos días, nos indican que casi de la totalidad de los recursos que genera la explotación de nuestros recursos naturales no quedan en nuestro país, evitando que pueda impulsarse un mayor desarrollo de aquellas zonas productoras, como Antofagasta”.

“Al revisar el anuario Cochilco 2016, nos damos cuenta que las 10 empresas mineras privadas más importantes del país, sólo aportaron casi 18,8 millones de dólares por concepto del Royalty, mientras el aporte de Codelco alcanzó los US$942 millones y Enami US$8,8 millones. Esto, traducido en tributación por tonelada producida nos indica que Codelco pagó 515,5 dólares por tonelada, Enami 60 dólares y las 10 transnacionales más grandes, sólo 5 dólares o si gustan $3195 pesos chilenos por tonelada”.

El dirigente agregó que “la empresa estatal Codelco, con todas las críticas que se realizan a su funcionamiento, reportaron por tonelada 103 veces más que las principales mineras privadas en tributación . No existe ningún paralelo posible. Por eso creemos que si los yacimientos concesionados por el Estado a las transnacionales mineras fuesen explotados por Codelco la recaudación fiscal por tributación minera pasaría de 18,8 a 1.983 Millones de dólares, y si el mismo ejercicio lo considerásemos para los últimos 10 años , se obtendría como tributación  US$89.039 millones de dólares, en lugar de los actuales US$30.200”.

El secretario general de la Federación Minera de Chile , señaló además que “como trabajadores mineros, observamos que la conmutación es sólo un síntoma de la precariedad laboral, ya que por ejemplo,  un trabajador minero de la región de los Ríos gana un 25% menos que uno de la Región de Antofagasta. Éste, será un conmutante, generalmente con un contrato a plazo fijo o por obra, contratado por una empresa de papel o por un subcontratista, y que para regresar a su hogar debe permanecer en ocasiones 24 horas sobre un bus, descansando 5 y no 7 días. Estos trabajadores, sujetos a una intensa rotación, son las principales víctimas de los accidentes laborales fatales. Si ellos se radicaran en las regiones mineras, estructuralmente más caras , por factores como la especulación inmobiliaria, su salario sería de todas formas insuficiente y sólo un cuarto de sus remuneraciones quedará en la región, mientras el resto de su salario sigue fomentando el centralismo y la burocracia”.

Ronald Salcedo, finalizó indicando que “el auténtico problema que se enfrenta es el mal desempeño del Estado respecto a la administración de los recursos naturales y la riqueza minera, ya que en la Constitución Política se establece que “el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas ,  y que el beneficiario habilitado para explotar acepta que  la concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento. No obstante, las mineras privadas realizan un mínimo aporte a las arcas fiscales y nosotros decimos que  esos recursos no están de sobra, se requieren para hacer transferencias a otros sectores de la economía e incrementar el gasto en salud y educación, especialmente en las regiones mineras que soportarán los pasivos de la actividad”.

“Finalmente se requiere responder ¿Qué pasará en las regiones mineras cuándo se termine la actividad minera ?, ¿se permitirá la apropiación de la gigantesca renta económica que se generará con el precio del cobre sobre 3 dólares después de un rigurosísimo programa de reducción de costos?”, concluyó.