Pequeños grandes detalles que se obviaron en la estrategia de la central térmica. Cuando un gobierno quiere que un proyecto se apruebe, se aprueba. Lo hizo la Concertación una y otra vez. El último ejemplo es Campiche que salió airosa de una compleja situación por la vía política. Castilla contrató como abogado a Andrés Jana, amigo y ex socio del ministro del Interior, consiguió la aprobación ambiental y terminó muriendo en los tribunales. Al discurso de la eficiencia le sobró torpeza.

Las lecturas de la derrota pueden ser varias. Que el Poder Judicial —las Cortes de Apelaciones de Copiapó y Antofagasta—, el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, el pueblo de Totoral o todos juntos echaron abajo la Central Castilla, pero en estas materias hay un ingrediente clave: el juego político.

Eike Batista, el billonario brasileño que sólo había tenido éxitos en Chile —la compra de la mina de oro La Coipa y la Hacienda Castilla arrastraban juicios históricos que logró resolver con astucia y dinero— contrató al abogado Andrés Jana, amigo y ex socio del ministro de Interior, Rodrigo Hinzpeter, cuando Sebastián Piñera iba camino a La Moneda.

El jefe de gabinete y Jana han compartido una vida entera: fueron compañeros de curso en el Instituto Hebreo, se hicieron socios en la oficina Álvarez, Hinzpeter, Jana (que se fusionó con Bofill, Mir), sus familias son amigas. ¿Había acaso otro abogado al que el ministro le atendiera el teléfono de forma más expedita que a Jana?

MPX, la compañía dueña de la central Castilla, no estaba sola en materia legal. Desde 2008, cuando recién partía el proyecto contaba con Claro y Compañía como estudio de cabecera, pero debió hacerse a un lado en la arista judicial.

Con Jana de abogado y un proceso administrativo exitoso —léase calificación ambiental favorable—, habría luz verde para Castilla.

Y contaba con un antecedente de peso: Campiche, la central térmica de Aes Gener instalada en Puchuncaví, la cual logró por la vía política proseguir su construcción —paralizada por la Corte Suprema cuando llevaba un 40% de avance— gracias a la diligencia de los ministros Edmundo Pérez-Yoma (Interior), Marcelo Tokman (Energía) y un decreto de la ministra de Vivienda, Patricia Poblete, que sorpresivamente arregló el problema del uso de suelo. Todos empujados desde altas esferas: el embajador de Estados Unidos y el secretario de Comercio de Estados Unidos, cuyas gestiones, al igual que las de la administración Bachelet, quedaron al descubierto gracias a los cables de Wikileaks.

Un abogado litigante realiza el siguiente análisis: “La gente de Castilla tiene que haber dicho quiero lo mismo que Campiche, que el proyecto se apruebe sí o sí. ¿Cuál es el abogado con mejor llegada al gobierno? Jana, cuyo estudio (mientras Hinzpeter era socio) representó a Campiche después del rechazo de la Corte Suprema por la ilegalidad en el uso de suelo”.

MPX también contrató la asesoría comunicacional de Cristina Bitar, socia de Azerta, ex generalísima de Joaquín Lavín, directora de la AFP Provida y dueña de amplias redes en el empresariado y la Alianza. Asimismo Bitar fue asesora de Campiche, cuya dueña, AES Gener, es parte de su cartera de clientes.

Imaginacción, la empresa del ex ministro Enrique Correa, dejó de prestar servicios. Se mantuvo Gloria Stanley. Su yerno y socio, Andrés Velasco, asesora a Daniel Fernández, vicepresidente ejecutivo de la central HidroAysén, proyecto de la competencia (“energía limpia versus energía sucia”).

“A este gobierno le falta un Boeninger y un Insulza”

La mayor central térmica de la historia energética del país —con sus 2.100 MW— terminó siendo rechazada por la Tercera Sala de la Corte Suprema que preside Sergio Muñoz y que, en un hecho inédito, se pronuncia en materia medioambiental. Revisa la actuación de los seremis de Salud —la representante de la administración Bachelet, Pilar Merino, que declara la central como contaminante, y los de este gobierno, Raúl Martínez y Nicolás Baeza, que la cambian a molesta— y dicta un precedente al establecer que tanto el puerto como la central debieron evaluarse en conjunto.

Una derrota desastrosa para un abogado con llegada directa a La Moneda y un gobierno que apoyó el cambio de calificación de la central —elemento clave para seguir adelante la tramitación—, a través del seremi de Salud, Nicolás Baeza, y que encarga a Dieter Wunder, asesor del naciente Comité Intergubernamental de Agilización de Proyectos de Inversión —que depende de Economía—, empujar el proyecto. Agenda reuniones entre el seremi Baeza y sus funcionarios con representantes de los ministerios de Energía y Economía. Igualmente hay encuentros con Jaime Mañalich, el ministro de Salud. Todo acreditado por la Contraloría en una investigación solicitada por el diputado Alberto Robles (PR).

“Este es un fracaso del poder político. A este gobierno le faltan los (Edgardo) Boeninger, los (Carlos) Figueroa, los (Belisario) Velasco, que saben cómo se maneja la política y cómo articular acuerdos. El Presidente y sus ministros creen que la política se hace a través de los medios y con toda clase de publicidad. Soberbia no más. Ellos creen que la eficiencia es todo. Si miras, este gobierno ha sido el mejor de los últimos 20 años, pero nadie lo quiere”, observa un abogado corporativo.

Juan Ignacio Correa, socio del estudio Correa Gubbins, coincide en que cuando el poder político falla, el poder judicial lo reemplaza. “No es la primera vez que ocurre. En los años 30 los tribunales inventaron las nulidades matrimoniales frente a la negativa de una ley de divorcio”, señala.

La lectura de un analista político cercano a la centroderecha es que el ministro del Interior “no es un buen operador político, no es un José Miguel Insulza, no sé si por carácter”. Y revela que en dos desayunos con distintas personalidades Ignacio Walker manifestó su extrañeza porque, siendo presidente de la Democracia Cristiana, nunca ha recibido un llamado de Rodrigo Hinzpeter. “Insulza hablaba con todos los jefes de partido, operaba, llegaba a acuerdos. Andrés Chadwick se lleva toda la carga política: la de vocero y de Interior”, agrega el analista.

Para Francisco Feres, abogado de derecho de empresas y gerente general del diario La Nación, MPX hizo las cosas mal y, a sabiendas que Chile es un país legalista, terminó en los tribunales. “Aquí no había que hacer lo mínimo, sino lo máximo. El tema medioambiental está lejos de ser pacífico, porque las comunidades tienen más participación, la ley tiene vacíos, entonces la interpretación de la empresa debió decir vamos a ser lo más exigentes”.

El ministro Muñoz y la receta de un conocedor

Legalmente, sostienen varios profesionales de las leyes, Jana falla “porque no lee bien las señales, hay un poco de exceso de confianza, el juez Sergio Muñoz llama a las partes a conciliar, algo que es muy antiguo en él, pregunta y a partir de lo que escuchan, los abogados de Castilla piensan que están ganando”.

Muñoz, convertido en el juez más importante del último tiempo, trabajador como ninguno, “mesiánico”, según lo tildan algunos, “cree que su destino es hacer justicia, aunque se caiga el mundo”. Y no es alguien fácil de anticipar. Un abogado de viejo cuño y oficio, que ha estado frente a Muñoz y ha salido victorioso, sostiene que cuando la Corte Suprema llama a las partes a negociar es porque tiene dudas y cree que es mejor un acuerdo amistoso.

Frente a posturas intransables como la de Totoral, un pueblito de menos de 100 habitantes dedicado al cultivo de olivos y frutales, hay que negociar hasta el final. “Pedir reuniones, más plazos para ganar tiempo. Y después de todo eso, en una audiencia privada con el ministro, lo que es un derecho, hacerle ver la disposición a conciliar y plantearle ‘magistrado, qué podemos hacer para sacar adelante este proyecto, aquí hay problema para el país, no se puede quedar con velas, etc”.

Cuando después de los alegatos Muñoz llama a buscar un acuerdo, Álvaro Toro, el abogado de la ONG Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Olca) que representa a Totoral, expresa que no tiene mandato para acceder a una conciliación. “El ministro le insiste, esta vez, en su calidad de abogado, y Toro le reitera que tampoco está dispuesto porque hay comprometidas garantías constitucionales que no son sujetas a negociación económica”, relata Lucio Cuenca, director del Olca. Luego vienen las dos reuniones fijadas por Muñoz, en junio y julio, y los abogados de los pescadores de Chascos y Caldera concilian las mitigaciones y acuerdos económicos (US$ 17 millones).

“Esa ONG corría el riesgo que con esa conducta tan poco amigable, tan poco llana a encontrar una solución, los jueces monten en cólera y busquen la manera de darle la razón al que estaba dispuesto a conciliar”, plantea el abogado que ha tenido al frente a Muñoz.

La cosa no parece tan fácil en este caso. Entre una y otra audiencia, Pedro Pablo Gutiérrez, defensor del Puerto de Castilla, que venía con un fallo favorable en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, “le pide una reunión a Álvaro Toro, quien le advierte que no hay disposición a negociar, pero accede a reunirse con él. Nunca hay contacto con Jana. Quien aparece como cabeza de la defensa de ambos proyectos (central y puerto) es Gutiérrez”, agrega el director de Olca.

Sin acuerdo, la Tercera Sala, que sólo conservó como integrante original a Muñoz, porque el resto había fallado en una de las apelaciones en contra de Castilla, procede a dictar sentencia. De los cinco ministros, dicen los expertos en tribunales, dos marcaban la pauta: Muñoz y Guillermo Silva. El resto eran seguidores. Y coinciden que en otra sala el proyecto habría tenido luz verde.

Finalmente, el gobierno se compra un problema institucional extra cuando la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, critica la sentencia por incurrir en errores técnicos y, en particular, por la exigencia de la evaluación conjunta de los proyectos. E incluso ahonda en detalles al asegurar que la correa transportadora del carbón entre el puerto y la central “puedo garantizar que se evaluó”.

Defensa que le costó un pleno extraordinario de la Corte Suprema y el rechazo a sus dichos por afectar la independencia y autonomía de los tribunales. Mal hasta el final.(EL MOSTRADOR)