El ex ministro del Interior y Defensa, Rodrigo Hinzpeter, pasará a formar parte de la gerencia general del holding del Grupo Luksic, Quiñenco. La designación reabre el debate por el rápido traspaso de autoridades de gobierno desde el sector público al privado. Organizaciones ciudadanas, abogados y ex funcionarios públicos, identifican una deuda legislativa en esta materia.FOTO LUKSIC Y HINZPETERConflictos de interés, manejo de información privilegiada y desconfianza ciudadana, son algunas de las aristas de la discusión a propósito de la rápida transferencia de autoridades de gobierno al sector privado.

A poco más de un mes de dejar el cargo de ministro de Defensa durante el gobierno de la Alianza, el ex secretario de Estado, Rodrigo Hinzpeter, se incorpora  a la gerencia general de Quiñenco, holding del Grupo Luksic.

Conflictos de interés, manejo de información privilegiada y desconfianza ciudadana, son algunas de las aristas de la discusión a propósito de la rápida transferencia de autoridades de gobierno al sector privado.

El ex parlamentario RN y ex presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia, afirmó que sería inconstitucional prohibir a una autoridad ejercer su derecho de libertad para trabajar luego de abandonar su cargo. “No obstante, se podrían establecer plazos al respecto, igual como se hace con la norma constitucional que impide que el Presidente de la República deje el país después de seis meses de terminado su gobierno” indicó Urrutia.

Asimismo, se refirió al cuidado de los secretos de Estado y dijo que hay “un compromiso del funcionario, como en el caso de los mismos parlamentarios, quienes juramos guardar secreto y reserva de algunas materias que se trataron en comisiones o sesiones secretas en la Cámara de Diputados. Entonces debería haber un juramento o promesa de parte de los altos funcionarios del Estado de no revelar esta información”, sostuvo. En tanto, la abogada de la Universidad de Chile, especialista en derecho público, Gladys Camacho, puso como parámetro de legislación la realidad en España, en donde se piden dos años de inhabilidad, pero para eso se asume que se mantiene el ingreso a la autoridad, “porque de algo tienen que vivir, no se puede mantener a las personas incapacitadas de trabajar”. Y agregó que el Estado debe dar algún tipo de compensación para poder exigir esa restricción, por razón de interés general.

Por su parte, el presidente de la Corporación de Libertades Ciudadanas, Adolfo Castillo, criticó la puerta giratoria del Estado al mundo privado y la calificó de perjudicial para la democracia y el crédito de las institucionalidades por parte de la ciudadanía. Además, aseguró que dependiendo del nivel de responsabilidad que tenga la autoridad pública, si está asociado por ejemplo al ámbito financiero o a temas militares, los tiempos de traspaso al sector privado debieran ser regulados de acuerdo a estándares internacionales.

El presidente ejecutivo de Ciudadano Inteligente, Felipe Heusser , sostuvo que su organización busca transparentar y desarrollar plataformas ciudadanas, con el propósito de evitar los potenciales conflictos de interés a la hora de trabajar con políticas públicas: “Hemos promovido que Chile tenga una ley del lobby y se ha tratado de revelar las declaraciones de interés y patrimonio de los miembros del Congreso” ejemplificó Heusser. Y agregó que “hubo un proyecto de ley que se ingresó en mayo de 2004 , que hoy ya está archivado y que no tuvo urgencia, por lo tanto no hubo una voluntad política en el tema. Especificamente era un proyecto de ley que sobre la prohibición para el desempeño de funciones en el sector privado de altos cargos públicos, luego haber cesado sus funciones. La invitación sería a volver a legislar sobre un tema que en su momento no tuvo suficiente capital político para avanzar”, dijo.

Felipe Heusser, manifestó que no se agrega ninguna iniciativa de ley dentro del programa de Gobierno de la Nueva Mayoría que vaya en la dirección de regular en este aspecto.(RADIO U. DE CHILE)

Sin embargo, Adolfo Castillo, lo justificó asegurando que “no existe voluntad política, porque quienes toman las decisiones están vinculados con las transnacionales, empresas mineras, forestales, pesqueras, etcétera”, expresó.