E-mails, documentos, fotos y denuncias de un ex responsable de la seguridad de Vale S.A. muestran en Brasil cómo la empresa espía movimientos sociales, a sus propios empleados y hasta a periodistas para defender sus intereses.

FOTO MINERA VALE BRASIL

“Hay que dejar el agujero por donde se escape el ratón. No lo puedes acorralar. Eso aprendí en el Ejército”. La frase cruda expresa la revuelta de André Luis Costa de Almeida, de 40 años, al argumentar porqué decidió revelar lo que sabe sobre la vigilancia y la inteligencia de Vale S.A, donde trabajó por ocho años.

Los dos primeros años trabajó como tercerizado y después como empleado del Departamento de Seguridad Empresarial. André era el responsable del servicio de inteligencia y gestor de contratos de Vale con empresas tercerizadas cuando lo echaron, en marzo de 2012.

“Yo quise dialogar. Mandé e-mails y nada: ellos prometieron que no me echarían por justa causa, después volvieron atrás, después dijeron que mantendrían secreto sobre el tema, pero llamaron a mi nuevo jefe para decir que mi presencia traería dificultades a su relación comercial con Vale. Tuve que salir. No podía perjudicarlo. Ahora no me importa nada: sólo quiero que la verdad se dé a conocer”. Esta afirmación fue hecha ya en su primer encuentro con la Agencia Pública de Periodismo, en el último mes de mayo.

En 18 de marzo de 2013, un año después de su despido, André Almeida presentó una denuncia formal al Ministerio Público Federal de Brasil, afirmando que: “participaba de reuniones, recibía informes y era informado formal e informalmente de diversas situaciones que considero antiéticas, en contra de las normas internas y/o ilegales, asumiendo que ‘por presión sobre mi empleo’, me sujeté a ejecutarlas”.

André Almeida

André presenta comprobantes financieros que demuestran como la Vale contrató algunos servicios de la empresa de inteligencia Network, de Rio de Janeiro, como por ejemplo: la infiltración de agentes en movimientos sociales (en los estados de Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará y Maranhão); el pago de coimas a funcionarios del Estado (para obtener informaciones de apoyo a las “investigaciones internas”, en la Policía Federal y en órganos de la Justicia en São Paulo); levantamiento de informaciones bancarias y de las declaraciones de renta (de empleados y hasta mismo directores); interceptaciones telefónicas (como, por ejemplo, a la periodista Vera Durão, cuando ella trabajaba en el periódico Valor Económico), “dossier de políticos” (con informaciones públicas y “otras conseguidas por medios no públicos” sobre políticos y representantes de movimientos sociales).

Rechazando el agua y el café ofrecidos en un bar del Aeropuerto Santos Dumont, en Rio de Janeiro, y atropellando frases, André contó la historia de cómo ingresó a Vale S.A. después de estar 8 años en el ejército. Fue invitado por Ricardo Gruba, que tiempo después se hizo director del Departamento de Seguridad Empresarial de Vale. Este Departamento es la central de espionaje de Vale, que emplea cerca de 200 personas y utiliza casi 4 mil empleados tercerizados (los números fueron proporcionados por André, Vale no publicita esos datos). André se responsabilizó personalmente por la instalación de interceptaciones en los teléfonos de dos empleados, uno de ellos, el gerente general de prensa, Fernando Thompson, y reveló la existencia de una serie de dossiers en contra de líderes sociales, como el abogado Danilo Chammas y el cura Dario, de la Red Justiça nos Trilhos, de Açailândia, en el norteño estado de Maranhão; el premiado periodista Lúcio Flávio Pinto, crítico feroz de la actuación de la empresa en el estado de Pará, también ubicado en el norte de Brasil; Raimundo Gomes Cruz Neto, sociólogo y agrónomo del CEPASP (Centro de Educação, Pesquisa, Assessoria Sindical e Popular), en la ciudad de Marabá, también en Pará; Charles Trocate, líder del MST y hasta de la presidenta Dilma Roussef, cuando ella era ministra de Minas y Energía. “Algunas informaciones, como esas sobre Dilma, eran obtenidas por medio de datos públicos, noticias de periódicos o redes sociales, pero otras se conseguían por medio de espionaje, incluyendo la de los infiltrados”, dice André Almeida.

Sobre los comprobantes financieros entregados por André al Ministerio Público Federal de Brasil, nos explicó que éstos eran entregados a él por Network, como registro de los servicios que tendrían que ser pagados por Vale. Estos servicios no constaban en los comprobantes emitidos por el Departamento de Suministros de Vale, que ignoraba la naturaleza exacta de los servicios prestados. «Era mi función recibir esos datos y analizarlos junto a los solicitantes (de Vale). Más allá de los ya fijos, otros datos eran solicitados de manera directa por los integrantes del Departamento de Seguridad Empresarial, sin que yo lo supiera», explicó. Los datos de Network eran comparados con los datos presentes en los documentos preparados por los funcionarios de Vale que hacían solicitud de los servicios, orientación reforzada por un e-mail de octubre de 2011 del Director de Seguridad Empresarial, Gilberto Ramalho (que substituyó Gruba en 2011), «pretendiendo un mejor control sobre los servicios llevados a cabo por Network», que daba instrucciones de como se tendría que llenar los documentos.

«Un ejemplo de pedido directo (a la Network) fue la infiltración de un agente en el movimiento Justiça nos Trilhos por el Gerente General de Seguridad Norte, Roberto Monteiro», dice, mostrándonos un recibo de pago de junio de 2011 con un pago total en el monto de R$ 247.807,74 Reales brasileros a Network. En la rendición de cuentas de la Oficina Norte (Pará y Maranhão), en el ítem «Red Açailândia», se verifica el gasto de R$ 1.635,00 Reales referentes al «reclutamiento de un colaborador de nivel superior, en fase experimental, para actuar junto a Justiça nos Trilhos y a otras actividades de los MS (Movimientos Sociales) en Açailândia/Maranhão».

Un paréntesis necesario: el planeamiento de Vale se divide en Sistema Norte y Sistema Sur. El inmenso Sistema Norte abarca toda una región que va de las minas de Carajás hasta el terminal de exportación de Vale próximo a São Luís, capital del estado de Maranhão. De las minas de Carajás se extraen 90 millones de toneladas de mineral de hierro de alta calidad, exportado a Asia por el complejo ferrocarril-portuario Estrada de Ferro Carajás. El Sistema Sur tiene como centro la extracción de mineral en el estado de Minas Gerais, ubicado en el sudeste de Brasil y vecino a los importantes estados de São Paulo y Rio de Janeiro. Allí se ubica más de la mitad de la producción total de Vale, desplazada por la Estrada de Ferro Minas-Vitória hasta el puerto de Tubarão, en el estado de Espírito Santo.

Bajo la visión de la seguridad de Vale, la oficina Norte es más problemática porque abarca un territorio muy extenso. Entre la zona de extracción y el puerto son casi 900 kilómetros cruzando territorios indígenas, “quilombolas” y otras poblaciones tradicionales. Por eso fue allí que el actual director de Seguridad Empresarial de la Vale, el aviador Gilberto Ramalho, empezó a montar el modelo de vigilancia de la empresa aún en la dictadura militar, cuando todavía era gerente y el polo exportador en Amazonia empezó a funcionar, en 1985.

Dilma Roussef, presidenta de Brasil

En ese momento, por causa de la presencia intensa de «garimpeiros» (mineros artesanales), madereros, usurpadores de tierra y pistoleros y la violencia permanente, algunos «hombres de visión», como Tolentino Marçal, empezaron a «profesionalizar» esas milicias por medio de empresas de seguridad. La empresa de seguridad de Marçal, llamada Sacramenta, trabajó para Vale hasta hace algunos años, cuando un enorme pasivo laboral de la empresa (más de 5 millones de reales) y episodios con vigilantes armados y de sospecha de desviación de armas hicieron que Vale reemplazase Sacramenta por Network. Sin embargo, algunos «informantes» independientes de Sacramenta y de otras empresas tercerizadas siguieron haciendo servicios para Vale por medio de Network en las ciudades de Marabá, Barcarena, Parauapebas y Belo Horizonte. Sus pagos se encuentran registrados en comprobantes como la red ABC, de Barcarena (R$ 4.563,00 reales); «un colaborador y agente» en la red Marabá (R$ 3.381,68 reales) y en la red Carajás/Parauapebas (R$ 7.754,11 reales). Todas estas ciudades se ubican en el norteño estado de Pará, con excepción de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais.

«Son herencias que Network se vio obligada a asumir, pues los «caracubierta» estaban en esa situación complicada hacía muchos años en otras empresas tercerizadas de vigilancia. La muy alardeada reorganización de la Seguridad Empresarial hecha por la actual gestión, simplemente cambió el director (Gruba por Ramalho). Todos los demás integrantes, propios o tercerizados, siguieron haciendo lo que siempre hicieron», dijo él.

Ramalho es uno de los empleados más antiguos de Vale y sigue influyendo en la región. Según André Almeida, aunque estuviese actuando como gerente en otra provincia cuando ocurrió la Masacre de Carajás, en 1996, habría sido él el negociador del operativo policial que asesinó a 19 Sin-Tierras. En las actas del proceso jurídico que investiga la masacre, Vale es nombrada como la financiadora del operativo, que tenía por objetivo liberar el pasaje de los camiones de la empresa en una ruta obstruida por una protesta de los Sin-Tierra, que fueron atacados por la policía (las minas quedan a 90 kilómetros del lugar de la masacre).

El MST aún es el principal blanco de la seguridad de Vale, al lado de la Red Justiça nos Trilhos, que tiene sede en Açailândia, en el estado de Maranhão. Esa red aglutina varias organizaciones de derechos humanos en defensa de la población afectada por las actividades del polo exportador de mineral de hierro. Tiene más de dos años la batalla judicial entre la Red y Vale. La Red inició acciones en el Poder Judicial en contra de la ampliación del ferrocarril destinado a transportar la producción de las minas de Carajás, actualmente en expansión. La ampliación del ferrocarril se realizó a través de autorizaciones ambientales irregulares, impactando la vida de comunidades que viven alrededor de las vías del ferrocarril, por donde pasan gigantescos trenes, de 9 a 12 veces por día, cruzando reservas ambientales y territorios indígenas y “quilombolas”.

Los accidentes ferroviarios motivan las protestas. Las vías no tienen protección ni pasarelas en gran parte de su extensión. El mismo comprobante financiero incluye R$ 1.360,00 reales para «gastos con el envío y manutención de agente, de Belém a Marabá, para la Op. Trilho en Marabá, en los días 12, 13, 14 y 15 de mayo», días en que las protestas por el atropellamiento con muerte de un anciano bloquearon la Estrada de Ferro Carajás, de la cual Vale es concesionaria.

La Red Justiça nos Trilhos también es una de las articuladoras del movimiento internacional Atingidos pela Vale (Afectados por Vale), de la cual participan sindicalistas y líderes comunitarios de distintos estados de Brasil y de otros países donde la transnacional actúa (Vale está presente en más de 30 países y tiene su sede en Rio de Janeiro). Ese movimiento nombró a Vale para una votación mundial por Internet que concedió a la empresa minera el premio de «peor corporación del mundo» de 2012, entregado personalmente al presidente de Vale, Murilo Ferreira.

EL CORONEL PREMIADO DE VALE/NETWORK

En la oficina Sur, centralizada en Belo Horizonte, quien orientaba los servicios de inteligencia de Network era el coronel retirado Roger Antonio Souza Matta, un ex gerente de seguridad de Vale que salió de la empresa en el 2009, tras una crisis económica. «Él no necesitaba de ese trabajo y se ofreció para salir, evitando que otros fueran echados. Él pasó a trabajar para Network», explica André. «Era como un papá para nosotros», dice.

Premiado con la medalla de Pacificador del Ejército en 2010, y persona influyente en Minas Gerais, el coronel Roger da clases de especialización en inteligencia en la Fundação Escola Superior do Ministério Público de Minas Gerais y es el jefe de la Assessoria de Integração das Inteligências do Sistema de Defesa Social da Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS). Después de informar por teléfono que no conocía el departamento ni el coronel, la SEDS confirmó el puesto y el nombre del coronel por medio de un e-mail de su encargado de prensa, pero no pasó el contacto del coronel. La Agencia Pública de Periodismo intentó comunicarse con el coronel muchas veces y de distintas maneras, por medio de su e-mail personal y por números de teléfonos que constan en la guía telefónica de Minas Gerais.

Cuando este tema fue abordado con Marcelo Ricardo Roza, director de Network e hijo del militar que fundó la empresa, hoy fallecido, Marcelo afirmó que «ni conocía el coronel»y que él «no hacia ningún tipo de trabajo a la empresa», aunque él sea citado en más de un e-mail intercambiado con el Departamento de Seguridad de Vale como el responsable de la Network por el monitoreo de los movimientos sociales, fundamentalmente en Minas Gerais.

En un e-mail enviado el 9 de enero de 2011 a los empleados de la seguridad, el entonces gerente general de seguridad empresarial del Sistema Sur, Orlando Sá, orienta: «aprovecho la oportunidad para ratificar la recomendación ya realizada de que ninguno de nuestros integrantes (propios y/o terceros) podrá ser utilizado en el «levantamiento de informaciones de campo», que tendrá que ser realizado por el equipo del Coronel Roger (Net Work)».

Entre los miembros de ese equipo, estaba el capitán de mar y guerra Mauro Paranhos, que en un e-mail enviado el 16 de agosto de 2010 hizo un alerta a Ricardo Gruba, entonces director de Seguridad Empresarial de Vale: «En Rio de Janeiro, en una reunión sobre el Plebiscito Popular por el Límite de la Propiedad, que se realizará en ocasión del Grito de los Excluidos de 2010, se divulgó que en los días 18, 19 y 20 de agosto, el MST hará agitación y propaganda por la Reforma Agraria y en contra del agronegocio. El Plebiscito Popular también será uno de los temas de que se tratará».

Con el mismo propósito, otro e-mail del analista de la Vale, Manoel de Oliveira Filho, sobre actividades del MAB (Movimiento de los Afectados por Represas), en la ciudad de Itueta, en la Estrada de Ferro Vitória-Minas, cita el coronel: «André, insertaré datos en el Omega (el sistema de informática utilizado por la seguridad). Solicito el apoyo del Coronel Roger en el acompañamiento de las acciones de los movimientos sociales que representan amenazas a los sitios de la Vale en Minas Gerais, y en especial en la capital de ese estado, Belo Horizonte».

Los comprobantes financieros con los gastos de Network muestran también que la empresa pagaba una dupla de agentes contratados en Belo Horizonte por un monto de alrededor de 15 mil reales: «valor mensual, incluyendo salario, plano de salud, gastos de transporte y alimentación, todos los derechos laborales, alquiler de autos de acuerdo a los patrones de Vale (los autos de la empresa, alquilados, tienen símbolo y códigos que identifican cuales recorridos están autorizadas a utilizar dentro de las plantas de la empresa), cuota y control de combustible (en Belo Horizonte, capital de Minas Gerais) ». Según la denuncia formal de André Almeida, presentada al Ministerio Público Federal de Brasil, los dos agentes (uno de esos agentes se llamaba Rubinho): «ejecutaban acciones fuera de lo programado por su contrato de trabajo».

También hacían parte de los servicios de Network los informes semanales de inteligencia sobre los movimientos sociales; las análisis de LDB (levantamientos de datos biográficos) sobre trabajadores recién contratados (según André, con datos sobre antecedentes criminales obtenidos de manera ilegal); levantamiento de datos de empresas que trabajan con Vale; informes sobre los movimientos sociales con fotos de carteles, reuniones (con un círculo en el rostro de líderes que tendrían que ser identificados), informes sobre protestas callejeras y «actualización de actores seleccionados» (los dossiers), algunos hechos con ayuda de infiltrados que, según la denuncia al Ministerio Público Federal incluían, más allá de los casos citados: «un individuo que dispone informaciones anticipadas y fotos de reuniones», en el Asentamiento Palmares II (del MST, en Parauapebas, estado de Pará); «un individuo de nombre Braz», ex integrante del Ministerio de la Marina en el MST de Rio de Janeiro; «un informante con buenas relaciones» en la Alcaldía de Parauapebas (municipio que más recoge impuestos de Vale por el hecho de tener la sede de las minas de la Floresta de Carajás en su territorio) y, «una funcionaria o concejal» en la Cámara Legislativa Municipal de Anchieta, en el estado de Espírito Santo. En ese municipio, Vale tenía problemas para obtener licencias ambientales del proyecto siderúrgico Ubu, al fin conseguidas en el año siguiente.

El comprobante financiero de abril de 2010 también cita el pago de un «informante quilombola» por R$ 1.000,00 Reales brasileros; el levantamiento «de la actual dirección del comité Carajás y la apertura del histórico de sus nueve miembros»; «el levantamiento de los nombres de los 16 integrantes del Movimiento de los Afectados por la Vale de Minas Gerais».

Desde el punto de vista legal, la infiltración más grave ocurrió «en diversos órganos del Tribunal Regional del Trabajo en São Paulo, en comisarías del estado de São Paulo y en la Superintendencia Regional de Trabajo y Empleo de São Paulo». El objetivo era: «verificar la autenticidad de un documento de penalización a la empresa ALL Malha Paulista, por utilizar trabajo esclavo». Según esa misma declaración, Network pidió R$ 7.750,00 por el servicio de espionaje a órganos públicos sobre esa empresa ferroviaria, conectada a intereses de Vale en el sector.

Otra del mismo tipo, que consta del anexo 2 enviado al Ministerio Público Federal, se refiere a un informe de 13 de septiembre de 2010, que costó R$ 10.240,00 y está descrita como «Operación de inteligencia en São José dos Campos (estado de São Paulo) e infiltración en el sector regional del Departamento de la Policía Federal local para el levantamiento de los datos que dieron base al proceso (ya archivado por el Ministerio Público) de estafa en contra de un empresario cercano a Vale, cuyo comportamiento se está cuestionando. Contactos y levantamientos junto a la Obra Social Magnificat, víctima de la estafa del citado empresario».

Ese documento sirvió de base para la única denuncia de hecho investigada hasta este momento por el Ministerio Público Federal: la de soborno de agentes federales, sobre la cual André fue oído después de un pedido del Ministerio Público Federal de São Paulo (donde tendría ocurrido la ilegalidad), hace un mes. Las demás acusaciones fueron enviadas del Ministerio Público Federal de Rio de Janeiro al Ministerio Público Estadual de Rio de Janeiro, para verificar si hay indicios de crímenes de competencia de la Justicia Estadual. A su vez, el MPE de Rio de Janeiro envió las denuncias para la 5a Comisaría de Policía de Rio de Janeiro para investigación. Esto se hizo el 12 de junio de 2013.

El “PRODUCTO” MPSI – MOVIMIENTOS POLÍTICOS, SOCIALES E INDÍGENAS

La Agencia Pública de Periodismo tuvo acceso a fotos e informes hechos a partir de la infiltración en otros movimientos sociales como el Movimento pelas Serras e Águas de Minas Gerais; los ambientalistas del Pó Preto (Polvo Negro), del estado de Espírito Santo; los movimientos sociales de habitantes y pescadores de la Bahía de Sepetiba, en la ciudad de Rio de Janeiro, donde se ubica la TKCSA (Compañía Siderúrgica del Atlántico). La TKCSA es una sociedad compartida entre Vale y la empresa alemana Thyssen-Krupp, que puso en venta su parte pero no consiguió posibles compradores. La contaminación causada por ese emprendimiento redundó en protestas incluso en la Asamblea de los Accionistas. El funcionamiento de la TKCSA causa lluvia ácida y presencia de residuos tóxicos en el aire, generando graves daños a la salud, como confirmó una investigación de la respetada Fundación Fiocruz/Manguinhos.

Esos informes eran realizados por el Departamento de Seguridad conjuntamente con las tercerizadas y eran presentados a la totalidad de la empresa como «un producto» (así como el combate al fraude), bautizado como MPSI (Monitoreo de Movimientos Políticos, Sociales e Indígenas), con informes hechos semanalmente por Network y, en los casos destacados, con la presentación de mosaicos (como eran llamados los «cases» que merecían mayor profundización) al director del departamento y mismo en reuniones más generales. «Tanto Gruba como Gilberto presentaban esos mosaicos en reuniones de la dirección, para hacerse notar, para justificar las PRs (Participación en los Rendimientos, ofrecidas a los que cumplen metas). Pero yo nunca vi, sólo oía los comentarios y recibía las felicitaciones», dice.

La Agencia Pública de Periodismo obtuvo alguno de esos mosaicos, entre ellos el de la Caravana de Minas Gerais en el marco del I Encuentro de los Afectados por Vale, ocurrido en abril de 2010. Allí se identifican líderes sindicales y decenas de fotos de reuniones cerradas y en las calles (el fotógrafo es percibido como alguien del movimiento). En algunas fotos se posa directamente para la cámara fotográfica, certificando la información de algunos de los personajes retratados de que el agente de Network se había presentado como periodista. Hay fotos de ese tipo que documentan la protesta del Movimiento de los Afectados por Vale en frente a la casa de Roger Agnelli, ex presidente de Vale.

También se evidencia la proximidad de la empresa con los aparatos públicos de seguridad y la exageración de las reacciones con relación a las manifestaciones populares, como ocurrió en el caso dado a conocer como «Misión Outdoor», cuando una protesta organizada por el movimiento «Pó Preto» (Polvo Negro), del estado de Espírito Santo, hizo reclamos en contra de la comprobada emisión de contaminantes por el complejo siderúrgico de Tubarão. En esa protesta, ocurrida en el 2012, los manifestantes pintaron outdoors de Vale (se suele llamar outdoor en Brasil a grandes paneles callejeros de propaganda). Los funcionarios de la empresa empezaron una investigación y movilizaron órganos policiales para encontrar «los culpables».

Un e-mail enviado a Eugênio Fonseca, del departamento de Pelotização en el Espírito Santo, por el entonces secretario de medio ambiente de Vila Velha (alertando para una protesta de habitantes de Playa de las Gaivotas en contra las operaciones de dragado de la empresa que estaban ensuciando las playas del municipio), pone en evidencia la relación privilegiada entre la empresa y la alcaldía. Prevenidos, los funcionarios de seguridad acompañaron y fotografiaron la protesta, que tenía un poco más de 30 personas. Con esas informaciones produjeron un mosaico, que fue presentado a la dirección.

¿Antiético o ilegal?

La hostilidad de Vale con relación a los movimientos sociales y sindicales no es novedad y no puede ser solamente atribuida a antiguas direcciones de la empresa. De hecho algunas ilegalidades fueron extinguidas, como la utilización de policías en la seguridad del presidente de la compañía, como ocurría en la gestión de Roger Agnelli.

En 2011 y 2012, la empresa fue denunciada ante la Organización Internacional del Trabajo por el Sindicato Sindiquímica de Paraná, estado del sur de Brasil. Los trabajadores denunciaron a Vale por prácticas antisindicales y eso ocurrió en la actual gestión de Murilo Ferreira. De acuerdo con Gerson Castellano, presidente del sindicato, se denunciaron intimidaciones hechas por el responsable de Relaciones Laborales de la empresa en reuniones del Sindquímica de Paraná, seguidas por disparos en los vidrios del edificio del sindicato y efectuados por personas no identificadas. Eso ocurrió en agosto de 2012, después de la reelección en el sindicato del grupo que se oponía a la empresa.

Más allá de eso, los contratados de Network «siguen haciendo lo que siempre hicieron» y la seguridad de Vale también, dice André, lo que incluye espionaje a los movimientos sociales, interceptaciones telefónicas y revisiones en cajones y computadoras de los empleados (según la denuncia: «hackeados por seguridad»), entre otras acciones para entregar justificación para despidos con justa causa. Este tipo de despido es calificado por la empresa como «recuperación de activos» por economizar plata de la empresa destinada a indemnizaciones. Ese dato fue confirmado por otros ex empleados que no quieren identificarse. Vale es una de las más denunciadas a la Justicia del Trabajo y, en febrero último, fue condenada por acoso procesual (utilización abusiva de recursos legales para defender sus intereses) por el juez Hudson Teixeira Pinto, de la ciudad de Governador Valadares, en el estado de Minas Gerais.

Foto hecha por infiltrados en las protestas contra la contaminación en Baía de Sepetiba

Sin embargo, según muchos especialistas consultados por Pública, la infiltración y el monitoreo de movimientos sociales no es, jurídicamente, considerado crimen en Brasil. Es por eso que el Ministerio Público Federal de Rio de Janeiro investiga solamente la denuncia de soborno a Policías Federales. Tendría que investigar también las denuncias de interceptación telefónica, uso ilegal de datos de seguridad pública y uso ilegal de datos de la Recaudación Federal. Según el fiscal Ubiratan Cazetta, del Ministerio Público Federal de Pará, sin embargo, las denuncias de crímenes federales no necesitan de pruebas legales para que sean investigados. Para ello es necesario apenas que la denuncia sea hecha por alguien que tenga elementos para hacerla (proximidad de los hechos, por ejemplo) y contexto coherente.

Ese parece ser el caso del whistleblower brasilero, que llegó incluso a hacer denuncias por el canal reservado a esa finalidad en el sitio electrónico de Vale. El pasado día 27 de agosto, André se ofreció para declarar como testigo en la causa laboral del ingeniero João Rabelo, echado por justa causa junto a su esposa, la abogada Katia Rabelo, en 2007. Su intención era confirmar el uso de datos de la Recaudación Federal en la investigación del «case», el cual participó personalmente, y que dio prestigio (y Participación en los Resultados) para el equipo que supuestamente habría detectado una sobrefacturación de R$ 34 millones de reales en obras del complejo Brucutu, en Minas Gerais, y del cual Rabelo era el gerente general.

En enero de 2013, el Ministerio de la Justicia de Minas Gerais absolvió a Rabelo de la acusación. Ese Ministerio también pidió el archivo de esa causa abierta por las denuncias de Vale. En la sesión, André ni necesitó declarar: el director de Vale Luiz Carlos Rodrigues declaró que la empresa había detectado «enriquecimiento ilegal» por parte del ingeniero después de analizar los datos de sus Impuestos sobre la Renta. Esos datos fueron obtenidos sin el conocimiento del empleado.

El caso involucrando la segunda mayor empresa minera del mundo (que responde por 10% de las exportaciones brasileras) tuvo una aparición fugaz en el noticiero tras una denuncia hecha por André a la columna Radar, de la Revista Veja. Después de la publicación de la nota, el día 25 de abril, el presidente de Vale, Murilo Ferreira, llamó a la prensa para una conference call. Cuestionado sobre el tema por el periodista Rafael Rosas, del periódico Valor Econômico (que tuvo una periodista víctima de interceptaciones telefónicas en una investigación interna sobre la liberación de informaciones a la prensa), Murilo, el presidente de Vale, afirmó: «con relación a eso, de acuerdo con mi reunión con el presidente del consejo, Dan Conrado, nosotros decidimos que fuera hecha toda una evaluación para auditoria de la empresa (…). Una cosa quiero enfatizar: ese sector de la empresa fue reordenado, incluso el sector del cual hacía parte el señor André Almeida no existe más. Él fue despedido, y eso hay que decirlo. Yo no lo digo en el sentido de descalificarlo, por el contrario, creo que todas las denuncias deben ser investigadas, pero es la realidad de los hechos. El señor André Almeida fue despedido por justa causa por una larga e intensa utilización de la tarjeta corporativa en gastos personales», dijo, aunque la Justicia del Trabajo exija silencio sobre los motivos de despidos por justa causa, como enfatiza el abogado Ricardo Régis Ribeiro, que cuida de los procesos jurídicos de André. Uno por la reversión de la justa causa y otro por daños morales.

Según André, su jefe sabía que hubo «una equivocación» en la utilización de la tarjeta y esos gastos se descontaban todos los meses del salario de André cuando fue despedido. La noticia de que él había gastado 6 mil reales en una conocida casa de prostitución de Rio de Janeiro – en una única vez– también «se filtró» a la prensa. De acuerdo con una fuente consultada por Pública, André frecuentaba esa casa con el conocimiento de sus jefes para llevar invitados de Vale, fundamentalmente sindicalistas a quien la empresa quería «complacer».

Cuando preguntada, más de cuatro meses después (10 de septiembre), si quería comentar el tema y cuál había sido el resultado de la auditoría, la asesoría de prensa de Vale apenas respondió: «el resultado de la auditoría, como ya explicamos en otras oportunidades, cuando concluya será entregado (lo resaltado es mío) al Consejo de Administración, a quien el sector se reporta».

Con relación a la empresa Network, que según el denunciante era la responsable de la investigación de los empleados y de los «enemigos» de Vale en general, utilizando las formas citadas en la denuncia, el director Marcelo Ricardo Roza dijo, en junio de este año, cuando Pública ya investigaba este caso, que la empresa no podría detallar los servicios hechos para Vale «por criterios de confidencialidad del contrato», que le rinde entre 180 y 400 mil reales por mes, de acuerdo con los recibos de pago. En el día 09 de septiembre Ricardo fue avisado que Pública disponía de nuevos documentos. En ese momento Ricardo estaba viajando y llegó a confirmar una entrevista por skype para los días diez u once de septiembre. Esa entrevista no se concretó.

En una entrevista concedida en junio, el dueño de Network confirmó que André Almeida era el gestor del contrato de Vale, pero se preocupó en negar perentoriamente las interceptaciones telefónicas, el quiebre del secreto bancario y el acceso a datos protegidos del gobierno federal en el Infoseg (órgano que centraliza las informaciones criminales de los órganos de seguridad del país y el cual sólo puede ser accedido por ellos) y de la Recaudación Federal. Todos esos son crímenes federales según la legislación brasilera. Pero, aunque no haya confirmado la investigación de los movimientos sociales, dijo que ese tipo de trabajo no constaba entre las prohibiciones éticas de su empresa porque no era un delito penal.

Para mi sorpresa, él tenía razón.

LOS ESPIADOS QUIEREN INVESTIGACIÓN FEDERAL

Charles Trocate, de la coordinación nacional del MST en el Pará, es una piedra en el zapato de Vale en Parauapebas, municipio donde están las minas más promisorias de la empresa, en la Floresta de Carajás. Él es uno de los articuladores del asentamiento Palmares II, ubicado en zonas cercanas a las vías de la Estrada de Ferro Carajás. «En estos últimos años, Parauapebas es un campo de disputa de la lucha por la tierra y de la lucha de la minería», afirma Trocate.

Por eso no se sorprendió con la noticia de que está siendo espiado por Vale, hecho que ya conocía por experiencia propia. Trocate se acuerda, por ejemplo, de un hecho ocurrido a fines del 2007. En esa ocasión, después de una duradera interrupción del ferrocarril por alrededor de 300 integrantes del movimiento, unos 60 agentes de Vale se mezclaron con los manifestantes haciéndose pasar por empleados de la alcaldía de Parauapebas, por periodistas y hasta por miembros del movimiento. «No hubo investigación de la Policía Federal en campo. Los informantes de Vale en Pará juntaron todas las piezas que tenían y las entregaron a la Policía Federal. Sabían quién era quien en la organización, en la dirección del MST con fotografías, filmes e imágenes», dijo el militante.

La Red Justiça nos Trilhos también desconfiaba del espionaje de Vale, aunque si quedaron sorprendidos con la infiltración de agentes en el movimiento: en la Red y entre los “quilombolas”, según los documentos en el Ministerio Público Federal de Rio de Janeiro. «Estamos muy tristes con esa actitud de Vale», dice el cura Dario, que juntamente al abogado Danilo Chammas, era uno de los actores políticos monitoreados por la empresa por medio de Network.

Con las revelaciones del ex gerente de seguridad al Ministerio Público Federal, el MST y el movimiento Justiça nos Trilhos fueron a la capital del país, Brasilia, el día 28 de mayo, para llevar a los órganos gubernamentales un dossier con denuncias de espionaje en contra Vale. Una comisión formada por los dos movimientos y entidades internacionales entregó el documento a la Presidencia de la Nación, al Ministerio de la Justicia, a la Secretaría Especial de Derechos Humanos, a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría General del Trabajo, a la dirección general de la Abin (Agência Brasileira de Inteligência), a las presidencias de la Cámara de los Diputados y del Senado Federal y a la Comisión de Derechos Humanos y Legislación Participativa del Senado.

«Los intereses de la empresa significan el control de la propia sociedad. Parece que ese tipo de actuación hace parte de la estrategia empresarial», afirma el diputado federal Chico Alencar, del PSOL (Partido Socialismo y Libertad), de Rio de Janeiro, que montó una Comisión de Derechos Humanos y Minorías (paralela e informal), en la Cámara de los Diputados después de desentenderse con el presidente de la comisión oficial: el evangélico Marco Feliciano, del PSC (Partido Social Cristiano), de São Paulo. Fue a él que los movimientos entregaron un dossier en la Cámara: «Vale no tiene ninguna autorización judicial para hacer lo que hace y no es una entidad pública de monitoreo y control. Hiere el derecho democrático de las personas encontrarse, hacer manifestaciones y establece un control social completamente ilícito e ilegal», dice.

La senadora Ana Rita, del PT (Partido de los Trabajadores), del estado de Espírito Santo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Legislación Participativa del Senado, afirmó que encaminó la denuncia hecha por los movimientos sociales al Ministerio de la Justicia: «Ellos trajeron muchos materiales y con muchas informaciones. Por eso le pedimos al Ministerio de la Justicia para que verificara». Ana Rita también reveló que la comisión realizará una audiencia pública sobre el tema, que debe ocurrir en el final de este mes o en la primera quincena de octubre. El Ministerio de la Justicia y la Policía Federal serán invitados a participar. «Ninguna institución, ni pública, ni privada, puede hacer eso. Sólo está permitido a la Policía Federal. Esa situación deja molestos a los mismos trabajadores, porque ellos no saben si pueden confiar en las personas con la cual se relacionan. Entonces eso hiere, incluso, las relaciones profesionales. En mi opinión, el principal derecho humano violado es el derecho de organización de las personas», resume.

En contacto con la Pública, la asesoría de prensa de la Procuraduría General del Trabajo informó que contactó al coordinador de Libertad Sindical (el órgano se divide en ocho sectores temáticos) y que él no sabía nada sobre el tema. La asesoría informó todavía que iba verificar en los otros siete sectores, pero no lo hizo hasta el cierre de este reportaje. La Secretaría Especial de Derechos Humanos, perteneciente al gabinete de la Presidencia de la Nación, informó que recibió el dossier con las denuncias de espionaje y lo encaminó para el Ministerio Público Federal para investigación. Sin embargo, la asesoría no informó a cual fiscal el documento fue enviado, ni el contenido de la denuncia hecha al Ministerio Público Federal.

Por su parte, la Procuraduría General de la República dijo que no encontró ninguna denuncia o información relacionada al dossier en la defensoría del órgano. Hasta el cierre de este reportaje, el Ministerio de la Justicia no informó a Pública si recibió el dossier con las denuncias de espionaje de Vale.