Agitado 2013 en materia de movilizaciones.

DSC00075

Los años electorales suelen ser conflictivos y este 2013 no será distinto. Con esta idea, en el gobierno se preparan para afrontar movilizaciones sociales que se prevé irán en ascenso durante los próximos meses, las que encontrarían su punto más álgido después de mayo -la CUT suele anunciar paros nacionales durante el acto de celebración del Día del Trabajador- y durante septiembre, cuando se cumplan 40 años del golpe de Estado.
Las movilizaciones que ocurrieron durante la semana -paro portuario, paro minero y la primera marcha estudiantil- fueron solo un anticipo del escenario que se vislumbra para la segunda parte del año. Por lo mismo, estas primeras movilizaciones sirvieron para probar, en la práctica, la capacidad de anticipación y coordinación de los ministerios que estarán monitoreando el escenario de movilizaciones 2013.

El secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, señaló que el Ministerio del Interior, los ministerios sectoriales y las intendencias están monitoreando los potenciales conflictos que podrían generarse este año: «Nuestro objetivo es anticiparse y que el Ministerio del Interior cumpla el rol que le corresponde en torno a resguardar el orden público», dice Larroulet.

En paralelo, el Ministerio del Trabajo encabeza hace más de un año mesas de diálogo con empresarios y dirigentes sindicales, de modo de ir canalizando anticipadamente las demandas de los trabajadores en sectores estratégicos, como transporte público y puertos.

2009 fue el año más conflictivo en casi cuatro décadas

¿Cómo se viene 2013? Según los trabajadores y el propio gobierno, agitado: «Sin duda que un año electoral es un año movido», reconoció el miércoles pasado el ministro del Interior, Andrés Chadwick en una entrevista televisiva.

La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, ratifica cuál es el estado de ánimo de los sindicalistas: «En años electorales, podemos poner nuestros temas en la agenda, hay condiciones para politizar el debate y abordar los temas donde hay un déficit, como la situación de los subcontratados y el futuro de las empresas estatales entregadas a privados, como Codelco y los puertos», dice Figueroa.

El último año de elecciones presidenciales (2009) fue conflictivo: se perdieron más de 6,4 millones de días/hombre de trabajo a causa de huelgas y paros (estos últimos son ilegales, puesto que no se insertan dentro de los procesos reglados de negociación colectiva), tanto en empresas privadas como en el sector público, según un estudio publicado por el profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica, Alberto Armstrong, quien investigó los niveles de conflictividad laboral de los últimos cincuenta años en Chile, desde Jorge Alessandri hasta el primer año de gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

El nivel de conflictividad de 2009 fue seis veces más alto que el promedio anual registrado en las últimas cinco décadas, y sólo se compara con los 6,8 millones de días/hombre que se perdieron en 1973.

El primer año de gobierno de Piñera también mostró altos grados de conflictividad: cuatro veces por encima del promedio histórico, con 4,1 millones de días/hombre perdidos por paros y huelgas.

¿Cuál sería el costo de un día de paro? Considerando que el PIB en 2012 fue de US$ 270 mil millones, si el país se paralizara completamente por un día, se dejarían de producir US$ 739 millones. Esto, sin considerar las medidas que tomarían las empresas para recuperar su producción.

La estrategia que viene

La evaluación que hacen en el gobierno tras la primera semana de movilizaciones importantes de este año es positiva y, aseguran, seguirán trabajando en la misma línea. «Hubo dirigentes portuarios que intentaron hacer un link con la marcha de los estudiantes y no les resultó», señalan altas fuentes de La Moneda.

Lo mismo ocurrió con el paro minero. El martes por la tarde -en medio de la paralización de trabajadores de Codelco- la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, medió bajo estricta reserva entre el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Raimundo Espinoza, y la administración de la empresa: «Venía muy complejo el tema, nos involucramos el martes y la situación se distendió», dicen en el gobierno.

El mismo martes en la noche, el presidente ejecutivo de la empresa estatal, Thomas Keller, le envió un documento a Espinoza en que se comprometió a dejar sin efecto las modificaciones que se estaban preparando para el sistema de salud de los empleados y a no modificar los sueldos de los trabajadores que cambien de tareas en la misma compañía.

Uno de los mayores temores de la autoridad era que el paro de advertencia de 24 horas de los empleados de planta de Codelco diera paso a una movilización indefinida de la Confederación de Trabajadores del Cobre (unos 30 mil contratistas liderados por Cristian Cuevas), quienes justo hace una semana iniciaron el proceso de renegociación del acuerdo que suscribieron en 2007, tras un paro que se prolongó por 37 días y que generó pérdidas a la cuprífera por unos US$ 150 millones.

El 4 de abril, la Confederación de Trabajadores del Cobre dio por iniciada la negociación nacional del sector e hizo llegar a las oficinas de Codelco un conjunto de peticiones, entre otras, el término de la subcontratación y mejoramientos en las remuneraciones establecidas en el acuerdo marco de 2007.

Cuevas señaló que el miércoles recibieron respuesta por parte del vicepresidente de Recursos Humanos de la estatal, Sebastián Conde, pero que la idea de movilizarse sigue en pie: «saludamos que nos hayan entregado una respuesta en la que Codelco se pone a disposición de facilitar el diálogo entre los trabajadores y las empresas contratistas. Sin embargo, estamos a la espera de esa mesa para pasar a la ofensiva», afirma.

El trabajo de la CTC se intensificó durante las últimas dos semanas. El martes, Cuevas sostuvo reuniones con los trabajadores de Andina y el miércoles, con los de El Teniente. El jueves, una delegación de la CTC participó de la marcha estudiantil y el 22 de abril serán parte de una jornada de protesta en distintas zonas del país por la nacionalización del agua. «Se requiere tensionar al máximo para instalar nuestra agenda. Siempre ha sido así», señala Cuevas.

Matthei y el subsecretario Bruno Baranda también operaron como mediadores entre los trabajadores del puerto de Angamos y representantes del operador del terminal, Ultraport. Tras 21 días de paralización, los trabajadores reanudaron sus labores en todos los puertos del país, pero se mantiene la tensión debido a que un grupo de empleados de una de las concesionarias del Puerto de San Antonio aun no depone el paro. «Aunque sean cien trabajadores, es una brasa que seguimos mirando de cerca», dicen en La Moneda.

La posibilidad de una gran paralización de los puertos ya había movilizado al gobierno durante 2012. El puerto de Valparaíso sufrió un breve paro a fines del año pasado y un equipo integrado por el subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, la ministra Matthei y el subsecretario ayudaron a desarticularlo: «Instalamos una mesa muy en silencio. Esa mesa estaba vigente cuando comenzó el paro y estábamos respondiendo a las inquietudes».(EMOL)