Desde la cuprífera, una alta fuente corporativa aseveró a The Clinic Online que “Codelco está en la disposición de evaluar nuevos negocios que están dentro de su giro, que sean aprobadas por las instancias correspondientes y que sean convenientes para los intereses de la Corporación, entre otras, sus condiciones financieras”, mientras que en la Corfo recalcan que la explotación de Litio por parte del Estado podría iniciarse a través de un Comité Consultivo. Como sea, a largo plazo el resultado es el mismo: el Estado podría operar en el Salar de Atacama, que actualmente está en arriendo a Soquimich. Fuentes de esta compañía apuntan a que el país perdería credibilidad si se inicia un proceso de esta naturaleza.

A fines de enero de este año, la ministra de minería, Aurora Williams, dio a conocer el informe final de la Comisión del Litio. En él se propone la “creación de una empresa controlada por el Estado que se dedique al aprovechamiento de los salares, en especial del litio, la cual privilegiará un modelo de negocios de carácter asociativo público-privado, incorporando el valor compartido como principio rector. Esta estructura podrá ser una nueva empresa pública o sociedad anómima estatal, o bien una filial de alguna de las dos empresas mineras del Estado”. La referencia es a la Corporación Nacional del Cobre, Codelco, y la Empresa Nacional de Minería, Enami.

A cinco meses de conocido el documento, altas fuentes de Minería aseguran a The Clinic Online que existe una propuesta desde esta cartera, que está siendo analizada por La Moneda, para que sea una filial Codelco la que se especialice en la explotación de Litio en los salares que posee en Maricunga, desde donde se ha estimado que se pueden extraer 56 mil toneladas de litio y 330 mil de potasio; y Pedernales, donde existe un potencial de extracción de 21 mil toneladas de litio y 235 mil de potasio.

El proyecto incluye que, en el mediano plazo, esta filial de la cuprífera tome el dominio de las pertenencias mineras en salares que se encuentran en propiedad de la Enami y en un periodo más extenso las que están en poder de la Corporación de Fomento (Corfo). Estas dos últimas, sumadas a Codelco, abarcan más de la mitad de la superficie total de salares en el territorio nacional.

Consultada formalmente por el tema, la ministra Williams, a través de su oficina de prensa, destacó que Minería no prefiere ninguna fórmula para explotar el litio ya que la decisión es exclusiva de la Presidenta. Otras fuentes de su cartera, no obstante, aseguran que está será la vía elegida.

COMITÉ CONSULTIVO

Que en algunos años más Codelco pueda explotar litio en salares de Enami y Corfo es un dato importante para la industria, en particular porque actualmente Corfo posee el Salar de Ataca en arriendo a Soquimich hasta el año 2030 y de donde proviene el 39% de los ingresos consolidados de la compañía.

Sin embargo, existe hoy una demanda en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago donde la entidad estatal reclama que SQM Salar no canceló “en forma integra y oportuna” las rentas trimestrales desde 2009 en adelante. Los recursos en cuestión ascienden según Corfo a US$8.940.829 y comprenden el uso de 28.054 pertenencias mineras. Además, se acusa a Soquimich de no proteger los terrenos fiscales.

En relación a este tema, Corfo acordó rechazar la conciliación propuesta en el arbitraje y en la audiencia del 9 de julio pedirá el fin anticipado al contrato.

En este escenario, la alternativa de Codelco es para el Ejecutivo aún más atractiva.

Desde la cuprífera, una alta fuente corporativa aseveró a The Clinic Online que “Codelco está en la disposición de evaluar nuevos negocios que están dentro de su giro, que sean aprobadas por las instancias correspondientes y que sean convenientes para los intereses de la Corporación, entre otras, sus condiciones financieras”.

No obstante, desde Corfo aseveran que al interior del Ejecutivo la respuesta de Codelco ha sido mucho más tibia y otras fuertes gubernamentales apuntan a que incluso han rechazado hacerse cargo de la operación.

Con todo, el ingreso de Codelco al negocio tiene que estar precedido por un Comité Consultivo de Corfo que funcione como instancia intermediaria entre la escasa presencia estatal hoy en la política del metal blando y su explotación. Esta instancia iniciaría la fiscalización y sentaría las bases para que Codelco posteriormente participe en la producción.

Crear una empresa estatal está prácticamente descartado porque, apuntan en Minería, se requiere quórum calificado en el Senado y las redes de Soquimich en el mundo político son profusas.

“Es imprescindible que se regule el proceso de producción de litio y que el Estado participe de alguna forma” apuntan estas fuentes.

En tanto, personeros de Soquimich aseguran que hay bastante ruido y pocas nueces en la propuesta del Ejecutivo, que la situación de poner fin anticipado al contrato, como pretende Corfo, no es simple ya que el mismo escrito estipula que ello sólo se puede realizar a través del arbitraje y que hasta ahora en esta instancia no habría ninguna señal al respecto, pese a la petición que hará Corfo.

Agregan además que se está ante una revancha política, por ser Julio Ponce, que controla el 30% de la empresa, ex yerno de Pinochet y que se podría afectar la imagen país dado que la mayoría de los accionistas de la SQM son extranjeros.

Además agregan que iniciar la producción de litio no es simple y que a los costos de instalación se suma la expertis tecnológica en el área que Codelco no posee.

“Es una medida de presión al árbitro el que trasciendan estas ideas. Con este tipo de información se sube la tasa de descuento en Chile para endeudarse en el extranjero y además Codelco es un pésimo administrador”, recalca una fuente de esta empresa.

LA PUGNA POR EL LITIO

En febrero de 2012, el Ministerio de Minería de Piñera informó que se licitaría, a través de Contratos Especiales de Operación del Litio (CEOL) la explotación de yacimientos en el país, con el objetivo de que la industria chilena del sector, que alcanzaba el 41% de la producción mundial, fuera más competitiva.

En la época, como ahora, las dos únicas empresas que explotaban el litio eran la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) y la Sociedad Chilena del Litio (SCL) controlada por Julio Ponce. Ello porque el decreto 2.886 de 1979 declaró el recursos como reserva del Estado y su producción como no concesible.

El más entusiasta con la idea era el entonces subsecretario de Minería, Pablo Wagner que explicaba que se podría explotar el mineral en cualquier lugar, lo que en la actualidad está impedido, que el Fisco seguirá siendo dueño del mineral y que arcas del Estado podrían recaudar US$350 millones por cada proyecto aprobado.

“Tenemos litio para 1.500 años (…) si no aprovechamos esta oportunidad al final de la década seremos irrelevantes en este mercado”, sostuvo Wagner, hoy con arresto domiciliario e investigado por delitos tributarios, lavado de activos y cohecho en el marco del caso Penta.

Todo el proceso falló cuando Soquimich se adjudicó los derechos de explotación de 100 mil toneladas de litio, pese a que no cumplía con uno de los principales requisitos: no tener litigios pendientes con el Estado.

El caso terminó con Wagner y el fiscal de la subsecretaría de Minería fuera del Gobierno y una investigación en el Ministerio Público por posible fraude al Fisco.

LA ARISTA POLÍTICA

Desde hace al menos tres años, SQM está en el centro del debate. A la fallida licitación se sumó luego el caso Cascadas, donde la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), tras formular cargos el 6 de septiembre de 2013 y el 30 de enero de 2014, determinó aplicar el año pasado multas que llegan a 164 millones de dólares a personas relacionadas a las Sociedades Cascada, controladoras de la Sociedad Química y Minera de Chile S.A. Se trata de Norte Grande S.A., Oro Blanco S.A., Pampa Calichera S.A., Nitratos S.A. y Potasios S.A, además de Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa y a ejecutivos y personas relacionadas.

La SVS aseveró que entre 2008 y 2011 se estableció por parte de Ponce un esquema que consistía en que
las sociedades Cascada vendían títulos a sociedades Relacionadas (controladas por Ponce), Vinculadas (controladas por Roberto Guzmán) e Instrumentales (controladas por Leonidas Vial y Alberto Le Blanc) y luego recompraban a estas mismas sociedades paquetes de acciones, de igual o mayor número, siempre a un mayor precio. Con ello subían artificialmente el precio de los títulos. Ponce ha dicho que todo ello es falso.

Cuando aún estaba abierta esta arista se conoció el aporte irregular de SQM a la candidatura de Pablo Zalaquett y posteriormente se supo de pagos a Wagner. Eran las primeras hebras de una madeja de aportes a políticos al margen de la ley electoral que ha tocado incluso a la Presidenta Michelle Bachelet ya que parte de los recursos entregados por SQM, específicamente a través de Salar, fueron a dar a la pre campaña de la jefa de Estado, estructura que ella ha aseverado desconocer.(THE CLINIC)