Firmas del retail han realizado anexos de contratos en que se amplían las funciones que pueden desempeñar sus trabajadores.

La reforma laboral enfrentará en los próximos días su último escollo en el Tribunal Constitucional (TC), que definirá el futuro de algunos aspectos fundamentales del proyecto, como  la titularidad sindical y la extensión de beneficios. Sin embargo, al interior de las empresas ya son visibles una serie de ajustes para adaptarse a la entrada en vigencia de la nueva legislación.

En sectores como el comercio y servicios, los cambios han apuntado principalmente a extensiones de contrato tendientes a ampliar la cantidad de funciones asignadas a un mismo trabajador. Esto con el objetivo de adaptarse a la norma que, en caso de huelga, permite al empleador efectuar las “adecuaciones necesarias” con aquellos trabajadores que no participan de la movilización, pero siempre dentro de las funciones establecidas en los contraros.

Durante la tramitación del proyecto, el senador PS Carlos Montes y el diputado de la Izquierda Autónoma Gabriel Boric denunciaron eventuales irregularidades en esta práctica en firmas como  Paris y Entel.

En las últimas semanas,  se sumó Ripley a esta lista. El director de la Federación de Sindicatos de la multitienda  y vicepresidente de la Confederación de Trabajadores del Comercio (Consfecove), Leandro Cortez, reveló que al menos 4 mil de los 14 mil de los empleados de la firma   que se desempeñaban como “ordenadores” de ropa ahora deberán cumplir además la función de vendedores o “asesores de compras”. Según Cortez, “estos se suman a los contratos de los vendedores integrales que ya existían y que, en definitiva, los transforma en trabajadores polifuncionales”.

En ese contexto, los sindicatos del comercio han expresado su inquietud ante la Dirección del Trabajo (DT). “Nos han manifestado su preocupación que eso eventualmente puede tener relación con esta norma de las adecuaciones necesarias. Hemos quedado de fijar reuniones para ver los temas y ver cuáles son los cursos de acción”, explicó el titular de la DT, Christián Melis.

De todas maneras, el funcionario recordó que el organismo trabaja en dictámenes tendientes a aclarar los alcances de la norma.

Sin embargo, expertos y asesores laborales del sector privado advierten que la ampliación de contratos vía “adecuaciones necesarias” no resuelve la dificultad que implica para las empresas el fin del reemplazo en huelga.

El abogado de Lizama y Cía. y asesor de la Sofofa, Luis Lizama, cree que  “para que efectivamente haya posibilidad de paliar el efecto de la huelga con un trabajador propio, el trabajador tiene que ser polifuncional en la letra y la realidad. Si yo le pacto a un trabajador más funciones de las que efectivamente realiza para que realice las funciones que nunca hace durante la huelga, me temo que esa solución está mal interpretada”.

Posición similar tiene la socia de Law de EY(ex Ernst & Young), Nancy Ibaceta. “En estos temas, la autoridad laboral y nuestros tribunales ya han dado la pauta clara, el principio laboral de la “primacía de la realidad” es el norte, toda otra interpretación o intento de hacer hoy firmar a los trabajadores anexos de cambios de papel, es dar palos de ciego”, aseguró.

Titularidad sindical 

La reforma contempla además que en empresas donde existan sindicatos, serán estas organizaciones las únicas que podrán negociar con la empresa, en desmedro de otros grupos negociadores.

En ese contexto, especialistas destacan que algunas empresas están analizando adelantar las negociaciones colectivas, previo a la entrada en vigencia de la nueva legislación.

Así lo admite el abogado y socio de Pizarro, Ihnen & Correa, Álvaro Pizarro. “El ambiente en que se negocia es distinto, aunque siempre el trabajador tiene la capacidad de negarse porque la negociación adelantada no es obligatoria. Pero hay algunas compañías que han preferido hacerlo”. Pizarro va más allá y dice que incluso hay compañías en que se ha optado por incentivar la creación de sindicatos.

En esa línea, el presidente de la Unión Nacional de Trabajadores de Chile (UNT), Segundo Steilen, sostiene que la “ambigüedad” de la norma ha llevado a que, en algunas empresas en que ya existen sindicatos, se creen otros con trabajadores más afines a la administración. “Así como antes creaban grupos negociadores, ahora crean sindicatos”, explicó.

El líder de la multisindical, que reúne a cerca de 326 mil trabajadores del sector privado, asegura que informaron de esta práctica al ministerio del Trabajo. “Esto  se lo hicimos saber a la ministra”, aseveró.

Según el dirigente, esta situación se ha evidenciado en firmas del sector vitivinícola de la Región de O’Higgins, cuya negociación colectiva terminó hace pocos días.

El  abogado y senior manager de PwC Chile, Michel Laurie, afirma que en el sector privado están preocupados por las características de la negociación en el nuevo contexto normativo. “No es lo mismo en una empresa en donde no hay sindicato y sus inquietudes pueden ser los requisitos para formar uno, que aquellas  en las que sí hay constituido un sindicato y ya han negociado con anterioridad”.

Incertidumbre

Con todo, expertos reconocen que existe incertidumbre respecto de la decisión del TC.  “El fallo de ese Tribunal puede tener gran incidencia en cómo será en definitiva esta nueva norma legal”, asegura Juan Pablo Mesías, director de servicios laborales y tributarios, de KPMG Chile.

En tanto, Mónica Fernández, socia de Tax & Legal de Deloitte dijo que si bien las materias que analiza el TC son claves, “la gran mayoría de las normas ya están aprobadas y, por tanto, hay que ocuparse de ellas. El reloj empezará a correr muy rápido para la empresas”, reconoció.(LA TERCERA)