El proyecto minero Los Pelambres, de Antofagasta Minerals, es cuestionada por las autoridades argentinas de San Juan por haber creado un megabasurero de casi 52 hectáreas que entre 2007 y 2012 arrojó 55 millones de toneladas de residuos peligrosos.En tanto, se da cuenta que el Estudio de Impacto Ambiental presentado para pedir la autorización de Cerro Amarillo el mapa del proyecto no cuenta con las trazas de la frontera, lo que hubiera delatado que la mitad del basurero estaba en suelo extranjero.

Si bien el gobierno provincial de San Juan firmó un acuerdo con la empresa de Andrónico Luksic para que la zona sea aislada, la escombrera no sera removida y la minera solo se hará responsable de este hecho por 10 años, por lo que se pide la intervención del Congreso trasandino.

Todo se originó en 2004, cuando el gobierno chileno autorizó a Antofagasta Minerals a instalar la escombrera Cerro Amarillo, al norte de la mina Los Pelambres. En el lugar se arrojaron desde neumáticos hasta residuos minerales, los cuales pueden provocar drenaje de ácidos al suelo.

Pero si bien para el proyecto se visó una extensión de 88 hectáreas, el basurero mide 105 hectáreas, de las cuales 52 se ubican en territorio argentino, en terrenos de la mina El Pachón, de propiedad de la suiza Glencore.

En vista de esto, la firma europea presentó una demanda civil reclamando por la “mudanza” del vertedero a Chile, una remediación ambiental y el pago de un “canon” en concepto de arriendo, la cual fue calificada de “oportunista” por parte de Luksic, consignó Infobae.

El argumento de Antofagasta Minerals es que se autorizó su botadero en base a los mapas publicados por el Instituto Geográfico Militar de Chile en los 80, que ubicaban la zona de la escombrera en el lado chileno y que la frontera fue modificada en 2012, lo cual es falso, ya que esa zona nunca generó diferencias limítrofes entre ambos países.

Pero esto no fue todo, ya que la minera le pidió al Ministerio de Minería que emitiera un certificado que reconociera que Los Pelambres actuó de buena fe, lo cual generó polémica ya que La Moneda no tiene atribuciones para garantizar la buena fe de una empresa y la Cancillería calificó el conflicto como “un tema entre particulares”.

A esto hay que sumar la presentación de un peritaje técnico que fue realizado por una consultora contratada por Los Pelambres, pero que se hizo pasar por un estudio estatal al tener la firma y el timbre oficial de Adolfo Galindo, jefe de gabinete de la ministra Aurora Williams, lo cual le costó el puesto, pero luego fue recontratado como asesor y castigado con el 10% de su sueldo.

Por contrapartida, Glencore contrató un nuevo trabajo que mostró que el daño ambiental generado en la zona, lagunas que desaparecieron cubiertas por los escombros, la caída en el volumen de agua en el sector, afectación de la vegetación existente y el eventual vertido de agua alcalina al río Carnicería, que alimenta al río San Juan.

En tanto, se da cuenta que el Estudio de Impacto Ambiental presentado para pedir la autorización de Cerro Amarillo el mapa del proyecto no cuenta con las trazas de la frontera, lo que hubiera delatado que la mitad del basurero estaba en suelo extranjero.

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Vista de vegas hacia el oeste.
Las imágenes satelitales revelaron la existencia de los neumáticos, cuyo volumen fue constatado por una visita de los investigadores de Glencore.
 (EL CIUDADANO)