Aires de cambio se respiran en la empresa estatal del cobre. Tras una administración criticada por manejos erráticos y pérdidas millonarias, el Grupo Luksic ha colocado a hombres de su más cercana confianza en puestos clave de la corporación. ¿Pero se resuelve o empeora la crisis en Codelco? La radiografía de una posible operación para devolver Chuquicamata a manos privadas, y en especial a una familia que gestiona el patrimonio de la expropiada Anaconda Copper de los Rockefeller, en el siguiente reportaje de El Ciudadano.

Es día de negocios y en Perú aterriza un vuelo proveniente de Santiago de Chile. A escasos metros de la base aérea Las Palmas opera el temido servicio de inteligencia de Alberto Fujimori y desde su interior el jefe, Vladimiro Montesinos, avizora la llegada de un hombre barbudo y ternado que baja de los cielos para conversar sobre un terreno pantanoso que su empresa de pastas Lucchetti acaba de comprar en Lima. Consciente de que la protección ecológica del predio está siendo reclamada por comunidades locales, el visitante chileno de sangre croata y boliviana saluda a Montesinos e ingresa al despacho del oscuro brazo derecho de Fujimori.

Andrónico Luksic Craig, miembro del grupo económico más poderoso y acaparador de Chile y cuya familia se ubica entre las cien más ricas del mundo, según el ranking 2015 de la Revista Forbes, desconocía que cada una de sus palabras estaba siendo fríamente registrada. A inicios del milenio cuando Montesinos, el otrora zar de la inteligencia peruana, estaba acorralado por las graves acusaciones de corrupción que terminaron sumergiendo al régimen fujimorista en aguas turbulentas, los detalles de esa reunión secreta, como tantas otras que el arequipeño había tenido con altos jerarcas de Lucchetti, vieron la luz en formato VHS.

El escándalo de los “Vladivideos” consternó al Perú y adquirió mayor relevancia cuando se sumaron testimonios de personalidades vinculadas a Montesinos. Una de ellas confirmaba que Andrónico Luksic había entregado dinero al mandatario de origen nipón – procesado por violaciones sistemáticas a los derechos humanos – con el fin de emplear a su favor la red de influencias de Montesinos y lograr barrer con los problemas que obstaculizaban la construcción de su planta de fideos en el preciado humedal limeño.

“Montesinos ingresó a su oficina con el señor Luksic. Yo estaba presente. Luksic había hecho traer tres cajas de cartón que supuestamente tenían vinos”, declaró la ex secretaria del director del SIN peruano, Matilde Pinchi Pinchi, contenido que la Revista Caretas anunció en portada bajo el título de ‘Luksic pagó coima’ el 13 de octubre de 2005. Más que un Chardonnay Tabalí, relató Pinchi Pinchi, las cajas ocultaban dinero en efectivo: una sí tenía vinos, pero la siguiente 500 mil dólares y la tercera 1 millón 500 mil.

Las acusaciones, secundadas en parte por los capitanes de Ejército Mario Ruiz Agüero y Wilmer Ramos Viera, fueron negadas por la defensa del magnate minero y el proceso por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias se declaró prescrito en 2006.

Quienes conocen a Luksic, el sagaz primogénito de un antofagastino hijo de inmigrantes que aprovechó la especulación provocada por la cumbre de Bretton Woods para enriquecerse en el mercado cambiario de libras y francos, saben que esa incómoda batahola en el país vecino, que gatilló incluso una orden de captura internacional en su contra, afectó la imagen del empresario. Lo hizo tanto o más que el reciente exabrupto del “Nueragate” en donde, por iniciativa propia, Luksic decidió estar presente cuando el Banco de Chile otorgó un millonario préstamo a la empresa Caval de Natalia Compagnon, propietaria de los vistosos Lexus de Sebastián Dávalos que en 2013 motivaron una denuncia del periodista Tomás Mosciatti ante el Servicio de Impuestos Internos.

Un tropiezo, quizás, como los que Luksic evita dar cuando prescinde del teléfono y opta por enviar emisarios de extrema confianza para transmitir su entelequia. Los entendidos dirán que cualquier publicidad embarazosa, como aquella de las supuestas orgías homosexuales junto al ex embajador argentino Oscar Spinosa Melo – cuya difusión motivó un recurso que prohibió la venta del libro “Inmunidad diplomática” de Francisco Martorell en 1993 – impone al presidente de Quiñenco una dificultad tan ardua como la de mantener en sigilo su apetito por los yacimientos cupríferos de Codelco.

EJÉRCITO DE OCUPACIÓN

Una sonrisa se dibujó en el rostro de Andrónico el día en que el tranque de relaves El Mauro, de la Minera Los Pelambres del Grupo Luksic, entró en funcionamiento. Cuentan que llamó a su oficina a Nelson Pizarro, el artífice material del proyecto que redujo copiosamente el acceso al agua de los caimaninos del Valle del Pupío, y le ofreció fijar su propio sueldo: un cuantioso monto de ceros inalcanzables. Por eso causó extrañeza que el bigotón ejecutivo, titulado en la Universidad de Chile, optara por renunciar a la gerencia de Antofagasta Minerals para hacerse cargo de la plana mayor de Codelco en 2014, donde percibe ingresos considerablemente menores.

Nelson Pizarro, que inició su carrera en Lota Schwager y se jacta de haber hecho escuela de “minería dura” en Exxon, mantiene estrechas relaciones con la Nueva Mayoría y comparte en eventos privados con la presidenta Michelle Bachelet. En los noventa conoció al patriarca del clan de los Luksic cuando trabajaba en la División Andina de Codelco. Dada su larga trayectoria en las transnacionales mineras, el regreso de Pizarro a la cuprera estatal, ocurrido antes de los fallos judiciales que decretaron la clasificación de El Mauro como una obra ruinosa, generó desconfianza inmediata.

Al mismo tiempo en que esto pasaba, se dejaba sentir el comienzo de un transvase simultáneo de ejecutivos de Antofagasta Minerals a Codelco, y de la estatal minera al grupo Luksic.

Siguiendo los pasos de André Sougarret, el cabecilla del rescate de los 33 mineros de San José, el académico Diego Hernández, con un pasado en Anglo American, ya había renunciado en 2012 a Codelco para asumir la presidencia del holding cuprífero de Andrónico y hermanos. En 2014 fue el turno del ex jefe de prensa de Ricardo Lagos, Pablo Orozco, el que pasó a trabajar con Luksic en una gerencia de comunicaciones. Un mes después, Iván Arriagada evacuó la vicepresidencia de Administración y Finanzas de la corporación estatal del cobre y anunció su llegada a Antofagasta Minerals.

Recíprocamente, en octubre del año pasado, el ingeniero civil metalúrgico Sergio Parada Araya arribó desde el grupo Luksic a la División Chuquicamata de Codelco. Su primera decisión al asumir el mando del depósito de cobre más grande del mundo, fue expulsar de la empresa a Juan George cuando el reloj daba recién las 8:00 de la mañana. Esto lo hizo luego de que George, ex encargado de Recursos Humanos de Chuqui, denunciara irregularidades en la adquisición de repuestos chinos por un valor de 5 millones de dólares, caso que afectó la nominación del ex gerente de Caserones, René Oliva Saldías, a una posición importante en la vicepresidencia de Codelco Norte, truncando así los deseos de Pizarro.

Similares vientos de cambio fueron percibidos en materia laboral. Otro hombre de Luksic anteriormente empleado en el Banco de Chile, el sociólogo Alejandro Salinero Berardi, emigró a la estatal como encargado de Relaciones Laborales para equilibrar la tarea de un militante de la DC con trayectoria de más de 20 años en Codelco: Daniel Sierra Parra. Éste es absorbido hoy por la línea dura de Pizarro, al carecer de mayores aliados al interior de la empresa frente a las transformaciones que podrían llevar a Chuquicamata a una completa quiebra, y propender así a la privatización de sus yacimientos.

En este escenario interviene activamente el sicólogo Patricio Chávez Espinoza, ex asesor comunicacional de Minera Los Pelambres, quien llegó en enero a la vicepresidencia de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Codelco y asiste de manera íntima a Pizarro, tal como lo hace instalado en la División Chuquicamata el abogado Nemesio Orellana, ejerciendo un poder de facto en esa administración.

Para asegurar un papel funcional de la dirigencia sindical – afirman testigos de la red que Luksic está tejiendo lentamente en Codelco – se reclutó a Roberto Morales Puelma, involucrado en el conocido fraude de boletas de 40 millones de pesos por servicios no prestados en Correos de Chile. Morales sirve de nexo entre Antofagasta Minerals y el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), Raimundo Espinoza, en quien influyó para obtener su voto en la designación de Nelson Pizarro como líder de la corporación.

Esta nominación no pudo haber madurado tampoco sin el apoyo de la Nueva Mayoría. Y es que para la jefa de Estado no es secreto que Andrónico Luksic también goza de buenas relaciones con la ministra de Minería, Aurora Williams, la que hace algunas semanas instó a exigir transparencia en el rubro minero a propósito del caso SQM.

La ingeniera comercial y militante del Partido Radical se convirtió en la segunda mujer en dirigir esa cartera luego de Karen Poniachik, elección que no estuvo exenta de críticas en 2006 dada la cercanía de la periodista del PPD con el Council of the Americas de Nueva York, entidad que recibe financiamiento de Barrick Gold y otras multinacionales de Latinoamérica. En lo que respecta a Williams, aún pesa en el ambiente su pasado como gerente de administración y finanzas en el puerto de Antofagasta Terminal y su trabajo en una sanitaria de la región, ambas empresas de propiedad del grupo Luksic.

Los contactos políticos de los Luksic se extienden a todos los partidos a través de aportes de campaña o privados, pero especialmente al Partido Socialista, colectividad en la que apoyan económicamente a Camilo Escalona. La influencia de este último se manifiesta en el gobierno a través del subsecretario del Interior, Mahmud “José” Aleuy, operador histórico del escalonismo. Parte del referido financiamiento se retiraba en maletines desde Ahumada 11, esquina con Alameda.

Con estas piezas de ajedrez se intentarían explotar las actuales condiciones económicas de Codelco para provocar una crisis que, por su magnitud, aconsejaría la venta del total de la empresa o una parte de ella al sector privado.

DESTINADA AL FRACASO

Entre 1993 y 1994, el grupo Luksic empezó a estudiar la compra de una industria cervecera agonizante en Karlovac. Concretó la adquisición cuando el país estaba en plena guerra (con un porcentaje ocupado tras el conflicto de Los Balcanes) y logró sacar el negocio adelante. Para algunos, esto demostró el potencial de un desastre mirado con el prisma del consorcio económico, actualmente asesorado en secreto por ex oficiales de inteligencia del Ejército yugoslavo entrenados en la KGB.

Además de la cerveza, Davor Luksic Lederer, hijo de Andrónico, administra en Croacia los intereses turísticos de la familia: un selecto balneario de cinco estrellas en el Mar Adriático, en un pueblo poseído enteramente por el conglomerado. Atlas, el principal operador del rubro en el país natal del abuelo Policarpo, llevaba años registrando pérdidas en sus operaciones, hasta que el grupo se hizo con la apuesta y revirtió la precaria situación.

Este elegante y a la vez perverso sistema de orden a través del caos se repitió en Pakistán, cuando el vicepresidente del Banco de Chile – quien logró hacerse de él gracias a un crédito concedido por Jaime Estévez – envió a la frontera afgana a Humberto Fernandois, ex gerente de Recursos Humanos de Codelco en Chuquicamata, ligado a Antofagasta Minerals, con el fin de prospectar la posibilidad de participar junto a Barrick Gold en la explotación de las reservas de cobre y oro del pequeño poblado de Reko Diq, todo ello en medio de la ofensiva militar de Estados Unidos y sus aliados en Medio Oriente.

En cuanto al posiblemente desolador futuro de Codelco, el economista Julián Alcayaga reflexiona sobre la eventualidad de una debacle funcional a intereses privados. “Una forma de privatizar Codelco es destruirla económicamente”, afirma.

Es importante señalar que desde octubre de 2013 descansa una denuncia en el Consejo de Defensa del Estado por la pérdida de 14 mil millones de dólares infligida a la cuprera de todos los chilenos en el período de administración de Diego Hernández y Thomas Keller, a raíz de contratos de ventas a futuro y otras irregularidades entre 2010 y 2012.

La actividad especulativa de los mercados a futuro consiste en vender materia prima aún no producida, que se transa apostando al precio que cada uno de los intervinientes estima que tendrá en un plazo determinado. Al término, el productor debe re-comprar los papeles por las cantidades transadas, pero en el precio vigente en ese momento, lo que en el caso de Codelco ha generado fuertes pérdidas.

Uno de los mayores escándalos conocidos a la fecha – similar al desfalco provocado por el adventista Juan Pablo Dávila, que le costó una sentencia de 8 años en prisión tras comprometer cerca de 200 millones de dólares en manejos financieros ilícitos – tuvo su génesis en 2005. El entonces presidente de la estatal, Juan Villarzú, se amarró con la empresa china Minmetals para vender 836 mil toneladas de cobre a un precio bajísimo hasta 2021. Lo más sorprendente lo descubrió el SII: Codelco y Minmetals crearon una sociedad en Las Bermudas para evitar cualquier fiscalización acuciosa de la operación.

En julio del 2014, un antiguo miembro del directorio de Codelco, Andrés Tagle, denunció la responsabilidad del ahora titular de Educación, Nicolás Eyzaguirre, un ex empleado del grupo Luksic, en el nefasto negocio chino que terminó acentuándose con el aval del Ministerio de Hacienda.

“Los ingresos de Codelco desaparecieron”, dice Julián Alcayaga, del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre. “Hernández y Keller registraron los peores resultados en toda su historia. Vino el cambio de gobierno y llegó Nelson Pizarro, quien empezó a traer gente de Antofagasta Minerals y a operadores políticos como Raúl Díaz”.

“Lo nuevo es que ya no sean todas las empresas transnacionales mineras las que persigan a Codelco, sino sólo Luksic. Además, que no estén detrás de todo, sino de sólo una presa que es Chuquicamata”, agrega.

En efecto, esa faena elíptica constituye ahora el talón de Aquiles de Codelco. La división registra altos costos y malos resultados, con distancias de transporte que la hacen económicamente inviable. Sin embargo, desde hace algunos años se desarrolla un polémico proyecto estructural de conversión de mina de rajo a subterránea que ha tenido en pugna a la dirección de la empresa con los sindicatos.

La oposición argumenta que el cambio supondría una reducción dramática de trabajadores, con la terminación de alrededor de 3 mil puestos. Por dicha razón es que Hernán Guerrero, presidente del sindicato Nº 3 de Chuqui, ha hecho hincapié en la necesidad de explotar otras zonas del rajo y extender la producción de Quetena, un depósito cercano. Esto indudablemente significaría la postergación del proyecto subterráneo hasta el 2028 o, como declaró Guerrero al diario El Mercurio en agosto del año pasado, aplazaría la iniciativa por “cerca de una década”.

El presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, intentó zanjar el freno de la iniciativa subterránea por medio de instancias de discusión que denominó Mesas de Convergencia Técnica. A finales de marzo, se anunció un avance en el Proyecto Empalme Fases 46/49 que extenderá la operación superficial de Chuqui y se concentrará en la actual pared noroeste del rajo. La negociación fue respaldada por el operador de Luksic, Sergio Parada.

Fuentes señalan que el plan de Antofagasta Minerals es, precisamente, que el proyecto estructural subterráneo fracase. La postergación indefinida del cierre del rajo podría significar una pérdida de inversión cercana a los 5 mil millones de dólares, algo que acentuaría el colapso económico de Codelco.

En este sentido, el ejercicio de 2014 habló por sí mismo: los excedentes de la empresa cayeron un 22% en relación a 2013. Nelson Pizarro, quien dio nuevo aliento a la relación del directorio con el mundo sindical – atestiguan que nunca antes el dirigente Hernán Guerrero se había juntado a tomar café en la oficina del presidente de la corporación – atribuyó la baja experimentada en Codelco a una variación negativa en el precio del metal rojo.

No obstante, en opinión del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre y otras fuentes consultadas por este medio, hay una intención clara de arruinar por dentro a la estatal. En esas condiciones, plantean, Antofagasta Minerals tendría todo a su favor.

Llamamos al Sindicato Nº 3 de Chuquicamata para consultar su opinión sobre una eventual privatización de Codelco bajo la dirección de Nelson Pizarro y las implicancias de retrasar el proyecto de mina subterránea, sin embargo su presidente Hernán Guerrero no contestó nuestros correos electrónicos.

LOS NEXOS INTERNACIONALES

Cierto día, cuando era senador, Jorge Lavandero se acercó a Ricardo Lagos para compartir su proyecto de reformas al Código Minero. “Jorge – le contestó el hombre de hablar pausado que saltó a la fama por desafiar a Pinochet con un dedo – el cobre no está en mi agenda”. Tiempo después, Lagos abordaba un helicóptero para visitar las instalaciones de la flamante minera Los Pelambres invitado por Jean Paul Luksic.

A sus casi 85 años y con el peso de haber sido condenado por “tocaciones” en un juicio express, convenido a sus espaldas por el abogado Matías Balmaceda – hoy defensor de los acusados en el caso Penta al lado de Julián López, el representante de las supuestas niñas abusadas en la Región de la Frontera – Lavandero recuerda esta anécdota con la vívida frescura de los años en que luchaba para detener el saqueo de los recursos naturales a manos de la gran minería.

Por cierto, el ahora presidente de Codelco, Pizarro, había recibido con los brazos abiertos al entonces candidato Lagos en Pelambres, dando una señal clara de que sus jefes apoyarían al gobierno entrante de la Concertación. El camino fue abierto por Jaime Andrade, socialista cercano a Andrónico Luksic que a la vez tiene amistad con Raúl Díaz, Eduardo Loyola y otros militantes del PS vinculados a la estructura de dinero y poder de la familia Nº 83 de Forbes.

Según Lavandero – el retirado parlamentario temucano que rechazó las presiones ejercidas por Barrick Gold para instarlo a votar a favor del Tratado Minero Chileno-Argentino – el PS chillanejo Eduardo Loyola, antiguo partidario de la lucha armada cooptado por Antofagasta Minerals, tuvo un papel importante en el envío de un maletín con 100 millones de pesos al ahora intendente de la Araucanía, Francisco Huenchumilla, como pago de la participación de éste en un “complot” para asesinar su imagen.

Testigos que señalan haber sido inducidos a mentir por la Fiscalía, un análisis que revela transcripciones adulteradas de testimonios y la declaración del ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Sergio Toro, afirmando a un diario local que Lavandero “se echó a mucha gente poderosa encima” y que eso influyó negativamente en el Poder Judicial, son algunos de los antecedentes que el ex honorable bate a los cuatro vientos para alegar inocencia, pidiendo que se revise el proceso que lo llevó a cumplir tres años de presidio en la Cárcel de Alta Seguridad.

Resulta que para Lavandero también es indudable que Luksic guarda un apetito por las reservas de cobre que en este momento sólo puede explotar el Estado. “Bachelet tiene enquistados a todos los gerentes que él le puso en Codelco”, dice a El Ciudadano, agregando que el caso Caval dejó en evidencia las cordiales relaciones entre el magnate y la presidenta. El crédito a Sebastián Dávalos, opina, fue “un pago de servicios políticos a la madre”.

“Andrónico Luksic se consolidó en los gobiernos de la Concertación. Él junto a las multinacionales han financiado campañas presidenciales y transversalmente a diputados y senadores. Lo de SQM es una punta de iceberg al lado de esto”, enfatiza el ex demócratacristiano.

En la presentación del nuevo libro de Jorge Lavandero, “Asesinato de imagen”, realizada en la Sala Máster de la Radio Universidad de Chile a finales de marzo, que contó con la presencia de su director, el periodista Juan Pablo Cárdenas, uno de los ponentes leyó las duras frases de la contraportada de la investigación publicada por el diputado argentino Miguel Bonasso, titulada “El Mal”, que descompone la oscura red de contactos políticos de la canadiense Barrick Gold, responsable del desastre de glaciares en Pascua Lama, y en cuyo comité asesor internacional trabaja Luksic.

“¿Por qué el banquero Rockefeller condecoró a la presidenta Michelle Bachelet?”, dijo el orador, encendiendo una ola de aplausos estruendosos en el auditorio. Se mencionaba así el evento organizado por el Council of the Americas – nótese una vez más que la ex titular de Minería de Bachelet, Karen Poniachik, dirigía el programa de negocios de esa entidad – en septiembre de 2009, cuando la actual mandataria acomodó en su cuello la insignia de oro del foro empresarial patrocinado por Barrick, Exxon, Monsanto y principalmente su presidente honorario, David Rockefeller, cómplice de Agustín Edwards en el golpe de Estado de 1973.

Si miramos la historia veremos que la minera Anaconda Copper, de propiedad de la familia Rockefeller – y anteriormente de la dinastía europea de los Rothschild – controlaba enteramente la producción de Chuquicamata hoy proclive a la voraz codicia de los Luksic. El 11 de julio de 1971, dos años antes del putsch militar que derrocó a Salvador Allende, el Congreso aprobó por unanimidad el proyecto de reforma constitucional que recuperaba el patrimonio nacional del cobre en poder de Anaconda y otras dos compañías extranjeras, Kennecott y Cerro Corporation.

La expropiación perjudicó especialmente a Rockefeller, ya que cerca de dos tercios de las utilidades de Anaconda provenían de Chuquicamata. En 1976, la junta militar no se atrevió a modificar lo alcanzado por Allende y destinó a Codelco la administración de los yacimientos nacionalizados. En 1977, Anaconda fue adquirida por Atlantic Richfield Company (ARCO), y en 1986, ARCO traspasó sus minerales a Antofagasta plc., sociedad anónima abierta de la familia Luksic que cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Londres.

Los Luksic están ligados a la familia Rockefeller a través de varios think-tanks. Uno es el ya mencionado Council of the Americas, al que Andrónico Luksic contribuye con gruesas sumas de dinero para “promover el desarrollo económico y social del Hemisferio Occidental”, como afirma su sitio web, aunque en realidad su función es ejercer un lobby permanente de la banca y la megaindustria de Washington en países de América Latina.

Otra entidad es la Comisión Trilateral, dedicada a reclutar a líderes del sector privado de Europa, Asia y Estados Unidos en torno a las ideas de la “interdependencia” global. Andrónico figuraba en su lista oficial de integrantes hasta 2012. Creada el mismo año en que Pinochet llegó al poder, de la mano del multimillonario David Rockefeller y el académico Zbigniew Brzezinski, la Comisión extiende sus redes en el mundo bajo la premisa de que la soberanía tradicional de los estados se debilita progresivamente, dada la injerencia que las multinacionales tienen sobre la política internacional. Al organismo se prohíbe entrar sin invitación.

A fin de aplicar contraste al cúmulo de informaciones entregadas en este reportaje, quisimos tomar contacto con Antofagasta Minerals para coordinar una cita con Andrónico Luksic. Conversamos con su secretaria y encargada de comunicaciones, y pese a insistir en que esperaríamos a su llegada desde Londres – se reunía con accionistas de la empresa en Europa – la respuesta fue tajante: el hombre por el que consulta no da entrevistas.

En Codelco rechazaron la posibilidad de que la estatal fuera privatizada, aunque al cierre de esta edición todavía no recibíamos una respuesta oficial desde el Ministerio de Minería.

Las cuentas secretas de Luksic

Un tema que en el último tiempo ha inquietado a Andrónico tiene que ver con la difusión de la denominada “lista Falciani”, una nómina de potenciales evasores de impuestos con cuentas no declaradas en la sucursal suiza del banco HSBC. En febrero, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) divulgó los nombres de a lo menos dos sociedades millonarias vinculadas al magnate y sus hijos.

Hace tres años, HSBC reconoció ante el Senado de Estados Unidos que permitió miles de transacciones provenientes del contrabando ilegal de armas, el tráfico de drogas y grupos terroristas, lo que le significó una multa de 1.900 millones de dólares, la más grande jamás impuesta a una institución financiera en el país del norte.

Aunque todavía se desconoce el origen de los fondos de Luksic – el SII ya ofició a su contraparte europea para recabar más antecedentes de esas y otras cuentas opacas a nombre de Álvaro Saieh y familiares de Don Francisco – el único lazo públicamente conocido entre el mandamás de Quiñenco y personas sospechosas de participar en negocios ilícitos como el narcotráfico, se dio estando a la cabeza del Banco O’Higgins.

En su directorio se hallaba el abogado Héctor Novoa Vásquez, hermano del ex senador y “recaudador de la UDI”, Jovino Novoa, condenado por delitos tributarios cuando todavía no existía una legislación que reprimiera el lavado de dinero. Novoa era representante legal de las empresas del colombiano Jesús Ochoa Vásquez, mafioso de la cocaína que en Chile operó utilizando la empresa de motores de Edgardo Bathich, socio de un hijo de Pinochet.

En 1997, el O’Higgins se fusionó con el Banco Santiago, el que más tarde fue absorbido por el Banco Santander. Esta última entidad es administrada ahora por Saieh con brazos en Colombia.

*Este reportaje fue publicado en la Edición Nº 163 del diario El Ciudadano.