Julio Ponce Lerou era un tipo con suerte: su matrimonio con Verónica Pinochet, hija del dictador chileno, le permitió obtener de manera irregular la mayoría de las acciones de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), actualmente la mayor productora mundial de litio. Pero las autoridades financieras lo acusan de realizar un millonario desfalco bursátil conocido como “Caso Cascadas”.FOTO SQM PONCE LEROUEl escándalo financiero conocido como “Caso Cascadas” amenaza destruir el imperio económico de Julio Ponce Lerou, accionista mayoritario de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), exyerno del dictador Augusto Pinochet y conocido en Chile El Rey del Litio. También podría llevarlo a la cárcel.

El escándalo ha salpicado a poderosas familias empresariales e incluso al presidente Sebastián Piñera, quien habría participado en al menos tres operaciones indebidas. Ahora Ponce Lerou es investigado por inscribir a nombre de sus sociedades terrenos que le habían sido traspasados en arriendo por la Corfo.

El escándalo financiero conocido como “Caso Cascadas” amenaza destruir el imperio económico de Julio Ponce Lerou, accionista mayoritario de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), exyerno del dictador Augusto Pinochet y conocido en Chile El Rey del Litio. También podría llevarlo a la cárcel.

SQM es la primera productora mundial de litio y está valuada en bolsa en 16 mil millones de dólares.

El ingeniero forestal Ponce Lerou ha sido uno de los principales financistas de la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido encargado de custodiar el modelo económico, político, social y cultural de la dictadura (1973-1990).

El pasado 10 de septiembre la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), representada por Fernando Coloma, presentó cargos por cinco infracciones a la Ley de Mercado de Valores y de Sociedades Anónimas contra Ponce Lerou y tres ejecutivos de su círculo cercano: Patricio Contesse, hijo homónimo del gerente general de SQM; Aldo Motta, actual gerente general de varias sociedades relacionadas (“cascadas”), y Roberto Guzmán Lyon, asesor principal del ingeniero.

La SVS los acusó de haber hecho transacciones bursátiles para obtener ventajas indebidas, básicamente mediante la venta coordinada a cascadas de paquetes accionarios con valores más bajos, que luego eran vendidos a precios mayores a los de mercado.

El informe de cargos de la SVS supuso un golpe al sistema financiero pues quedó en evidencia que en este fraude están implicados actores clave, como las corredoras Larraín Vial, propiedad del vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Santiago, Leonidas Vial; y Banchile, del Grupo Luksic, la familia más poderosa del país.

Ejecutivos de apellidos de abolengo e influyentes familias están siendo mencionados como copartícipes de esta operación dolosa.

Los mayores perdedores son los millones de trabajadores afiliados a las administradoras de fondos de pensiones (AFP), todas las cuales habían invertido en las empresas cascada de SQM: Provida, Habitat, Planvital, Cuprum y Modelo.

Estas instituciones privadas –en cuyos directorios campean exfuncionarios de la dictadura y personeros de la UDI relacionados con Ponce Lerou– fueron las mayores compradoras de acciones a las sociedades cascadas de SQM. Lo hicieron en el periodo de los precios altos.

El peculiar modelo de pensiones chileno –exportado a muchas partes del mundo– establece que cuando las AFP tienen pérdidas financieras, quienes las asumen son los trabajadores afiliados a las mismas. No los dueños ni ejecutivos. Por lo mismo, es apetecible para un ejecutivo hacer malos negocios con las AFP y buenos con las sociedades relacionadas.

SOCIEDADES “CASCADA”

Según lo expresado el pasado 24 de octubre por la senadora democristiana Ximena Rincón, las AFP con participación en SQM han perdido 800 millones de dólares por el Caso Cascadas. Ello ha provocado revuelo. Máxime si se considera que el país está en la recta final de la campaña previa a las elecciones generales del domingo 17.

Pero Ponce Lerou no sólo es perseguido por la institucionalidad financiera sino también por tribunales: enfrenta una querella criminal presentada por el accionista minoritario Roberto Lobos el 11 de septiembre de 2012. El abogado de Lobos, Mauricio Daza, pide 10 años de cárcel para “el yerno de Pinochet”.

En una entrevista publicada el pasado 12 de septiembre por el diario La Tercera, Daza señaló: “Los supuestos de hecho en que se basa nuestra querella (…) superan con mucho el ámbito de una simple infracción administrativa y caen claramente dentro de las figuras delictivas previstas y sancionadas por el artículo 59 de la Ley de Mercado de Valores”.

Acorralado, Ponce Lerou estimó que detrás de las acusaciones de la SVS estaba la mano del presidente Piñera.

Y contraatacó. En oficio secreto enviado el 23 de octubre a la SVS –desclasificado por el diario electrónico El Mostrador dos días después–, Ponce Lerou sostuvo que el mandatario participó en al menos tres de las operaciones consideradas en la formulación de cargos de la SVS. Aseguró que el Presidente aún conserva acciones en dos sociedades relacionadas con SQM: Oro Blanco y Norte Grande, las cuales permanecen ocultas en un fideicomiso ciego.

En 2010 –poco después de asumir la primera magistratura– Piñera vendió en 160,5 millones de dólares el 10,18% de Pampa Calichera a Ponce Lerou, quien compró ese porcentaje a través de la sociedad de inversiones Oro Blanco.

Una informada fuente consultada por El Ciudadano –la cual pidió el anonimato– señala que lo hecho por Ponce Lerou es una maniobra desesperada de quien constata que su antigua red de protección ya no existe y cuyo futuro más seguro es la cárcel.

Apenas conocidas las acusaciones de Ponce Lerou contra Piñera, varios ministros salieron a defender al mandatario. La ministra de Obras Públicas, Loreto Silva, calificó la acusación de “despropósito y una bajeza”. El ministro de Agricultura, Luis Mayol, fue más allá: cuestionó el origen de la riqueza del acusador: “Hay que ver un poco la historia de Soquimich y cómo el señor Ponce Lerou está ahí”.

La periodista María Olivia Mönckeberg, en su libro El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno (Ediciones B, 2001), detalló cómo Ponce Lerou, casado con Verónica Pinochet, pasó de ser gerente de la entonces estatal SQM a ser su principal propietario. Esto, en un irregular proceso desarrollado entre 1983 y 1988 y que consistió en la compra a muy bajos precios –gracias al uso malicioso de información privilegiada– de más de la mitad de las acciones de dicha compañía, que en la actualidad genera 360 millones de dólares anuales en ganancias. Así se apropió de “prácticamente el total de las reservas de nitratos, yodo y litio del país”.

MANIOBRAS TRUCHAS

Los cargos contra Ponce Lerou se dan en el contexto de una soterrada lucha por la apropiación del litio chileno. En septiembre de 2012 el entonces subsecretario de Minería, Pablo Wagner, anunció que SQM se había adjudicado la licitación internacional del primer Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL), que le permitía acceder a la exploración y explotación de 530 mil toneladas métricas de carbonato de litio chileno.

Wagner definió el proceso de licitación como “ejemplar, puesto que permitirá recaudar 40 millones de dólares sólo por el pago del derecho de poder explorar y explotar. Eso es ocho veces más que el precio mínimo establecido”, recalcó.

Pero la empresa china Li Energy Spa impugnó el proceso acusando el incumplimiento de las bases de licitación, puesto que éstas impedían participar a empresas que mantuvieran juicios vigentes con el Estado. Y SQM tenía casi un centenar. Acogiendo este planteamiento, el Comité Especial de Licitación (CEL) declaró desierta la licitación una semana después.

Wagner se vio forzado a renunciar de inmediato. Su salida marcó el principio del fin de la otrora eficaz red de contactos que favorecía los negocios de Ponce Lerou en el Estado.

LA TRAMPA DEL CINTURÓN

El fraude de las operaciones cascada no es el único problema del otrora protegido de Pinochet. Desde hace poco menos de un año sus actos son investigados por un grupo de senadores que ha denunciado otro desfalco de su autoría. Se trata de la inscripción y apropiación indebida de mil 150 hectáreas que concentran la mayor porción de litio en el Salar de Atacama, el mayor reservorio mundial de este mineral no metálico.

Esos terrenos son propiedad de la dependencia estatal Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), la cual los arrendó a la Sociedad Minera Salar de Atacama (Minsal), propiedad de Ponce Lerou. El contrato de arrendamiento se firmó en 1993 y su vigencia terminaba en 2030, tras lo cual Minsal debía restituir a Corfo los terrenos arrendados. En 1995 hubo una modificación del contrato mediante el cual se traspasó a SQM Salar S.A. (también de Ponce Lerou) el arrendamiento del valioso terreno en el Salar de Atacama.

En 1999, SQM “constituyó tales terrenos como propiedad minera a su nombre, en abierta y flagrante violación de las cláusulas esenciales del contrato”, apuntaron los senadores Isabel Allende, Alejandro Navarro, Ximena Rincón, Antonio Horvath, Pedro Muñoz y José Antonio Gómez en carta -de 15 de noviembre de 2012- dirigida al gerente general de Corfo, Hernán Cheyre.

Una carta similar fue enviada el pasado 9 de enero al contralor general de la República, Ramiro Mendoza. En ella explican que SQM registró dichas propiedades “superponiendo” su inscripción a la del verdadero dueño: Corfo. Y lo hizo “en absoluto silencio, pues no le informó a Corfo que se constituía en dueño” de la propiedad entregada en arriendo.

Agregaron los senadores: “SQM gana 360 millones de dólares de utilidades al año, lo que recibiría el Estado de recuperar las pertenencias. La conducta señalada involucra el delito criminal del artículo 73 del Código de Minería”.

Los senadores le pidieron a Cheyre “que se ejercieran todas las acciones legales que correspondan para dar término al contrato de arrendamiento (…) y ejercer acciones legales para exigir la restitución de la propiedad minera usurpada”.

El 29 de noviembre de 2012 –pocos días después que esos senadores escribieran la carta a Cheyre–, SQM emitió un escrito notarial denominado Declaración de Mandatario y Entrega de Pertenencias Mineras. Allí asegura que el registro de los terrenos a nombre de esta empresa fue realizado “en el ejercicio del mandato contenido en el contrato de arrendamiento” con el fin de resguardar la propiedad fiscal.

El 16 de noviembre de 2012, en entrevista con el vespertino La Segunda, el fiscal de Corfo Marco Riveros sostuvo que SQM “reconoció nuestra propiedad y está dispuesta a corregir este asunto”. Es decir, acorralado ante la evidencia del robo de las propiedades del Salar de Atacama entregadas a su cuidado, Ponce Lerou se muestra dispuesto a devolverlas.

Hoja3Sin embargo, en un último esfuerzo por mantener su dominio absoluto sobre el litio chileno, SQM y SQM Potasio han inscrito mil 755 manifestaciones mineras, que en su conjunto constituyen un cinturón alrededor de la zona más rica del Salar. Esto consta en planos del Servicio Nacional de Geología y Minería que El Ciudadano difunde en exclusiva.

La jugada de Ponce Lerou es simple: como el Salar de Atacama forma parte de una misma salmuera, aunque SQM renunciara a la riquísima franja de mil 100 hectáreas que concentra gran parte del litio, si se hacen de este cinturón que lo rodea, igual podrán extraer el litio mediante la aplicación de sondas.

Chile posee 22% de las reservas mundiales de litio, mayoritariamente ubicadas en el Salar de Atacama, en la región homónima. En 2010 este país produjo 49 mil toneladas de carbonato de litio, 37% de la producción mundial.

El litio es indispensable para la fabricación de baterías para automóviles, celulares, relojes y computadoras, así como para elaborar cerámicas resistentes a altas temperaturas, insumos médicos y para la energía nuclear. En Chile nada de esto se fabrica: sólo se extrae y exporta el mineral.

De acuerdo con el Centro de Innovación del Litio, de la Universidad de Chile, de industrializarse el mineral podrían generarse ingresos anuales por 20 mil millones de dólares.

Por Francisco Marín

El Ciudadano Nº149, diciembre de 2013