Conflicto diplomático. El choque del Gobierno argentino con la petrolera Repsol-YPF amenaza con convertirse en un auténtico conflicto diplomático de primer orden.  

El Gobierno argentino prepara el envío al Congreso de un proyecto de ley para tomar el control de la petrolera YPF, controlada por la española Repsol, informó el diario argentino Clarín.

El texto, según el diario, declara «de utilidad pública y sujeto a expropiación» el 50,01 por ciento de las acciones clase D de la compañía, en manos del grupo argentino Petersen (25,46 por ciento) y de Repsol, que posee el 57,43 por ciento.

Fuentes del Congreso consultadas por la agencia española Efe declararon que aún no han recibido ningún proyecto de ley del Gobierno sobre YPF, aunque otras fuentes del sector petrolero señalaron que la iniciativa podría entrar en el Parlamento las próximas horas.

La posibilidad de que el Ejecutivo de Cristina Fernández envíe ese proyecto se divulgó poco después de que el presidente de Repsol, Antonio Brufau, se reuniera en Buenos Aires con el ministro de Planificación, Julio de Vido, y el viceministro de Economía, Axel Kicilloff.

Ese encuentro se produjo horas antes de la reunión que altos funcionarios mantuvieron ayer con los gobernadores de las diez provincias petroleras del país para analizar la situación del sector, a la que podría asistir la presidenta Cristina Fernández, según fuentes políticas aunque no está confirmado oficialmente.

El texto, al que tuvo acceso Clarín y que tiene en total 62 artículos, indica que la expropiación estará regida por la Ley 21.499 de Expropiaciones, que el Poder Ejecutivo “actuará como expropiante, quedando facultado para transferir la titularidad de las acciones una vez expropiadas a cualquier organismo o empresa pública del Estado nacional” y que ni esa transmisión de acciones ni ninguna otra que realice el Estado “estarán sujetas al artículo 7 del estatuto social de YPF”.

En el borrador, también se prevé la remoción total de la actual conducción de YPF y también se establece que la provincias petroleras (OFEPHI) tendrán lugar en la nueva composición accionaria en la que también podría haber empresas privadas, en caso de que inviertan por requerimiento de la nueva dirección estatal.

 Reacción hispana

 El Gobierno español ha sido hasta ahora discreto, aunque intentó mediar en un viaje del ministro de Industria, José Manuel Soria, a Buenos Aires. Hasta el Rey de España ha intentado frenar el conflicto. El presidente de Repsol, Antoni Brufau, está estos días en Buenos Aires buscando una solución. Pero todo parece inútil.

Hasta seis provincias argentinas han retirado una docena de licencias a Repsol-YPF.

Y hoy el Gobierno español ha decidido salir al ataque. Desde Polonia, Soria ha hablado –en una grabación realizada por los servicios de prensa de La Moncloa a las puertas de la Cancillería polaca, sin que estuvieran presentes, ni pudieran preguntar, los periodistas españoles– en tono muy duro: «El Gobierno de España defiende los intereses de todas las empresas españolas, dentro y fuera. Si en alguna parte del mundo hay gestos de hostilidad hacia esos intereses, el Gobierno los interpreta como gestos de hostilidad hacia España y hacia el Gobierno de España. El Gobierno lo que sí dice es que si hay gestos de hostilidad estos traerán consecuencias».

 El conflicto diplomático parece servido.

 La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha alentado la escalada contra Repsol, a quien acusa de no invertir lo suficiente, lo que según su versión ha hecho bajar la producción y está forzando a Argentina a importar petróleo. Repsol se ha comprometido a más inversiones pero el conflicto, lejos de aplacarse, se recrudece con el riesgo de que al final del proceso Argentina se quede con la compañía a un precio bajo, lo que provocaría graves pérdidas para la petrolera española.

 Clave

 En los últimos años dejó de autoabastecerse energéticamente y pasó a depender de la importación. Para comprar energía en el exterior, el año pasado se destinaron 10.000 millones de dólares y este año se necesitarían otros 13.000 millones de dólares. Es por eso que un sector del Gobierno cree que el déficit energético es el gran culpable de las presiones sobre el dólar y en la balanza comercial.

 En cifras

100 millones de títulos pertenecen al grupo económico Eskenazi.

96,6 millones de acciones corresponden a la empresa española Repsol.

(Buenos Aires. Agencias)