Son 325 páginas del fallo que entregó el Tribunal Constitucional y se dio a conocer recién la tarde del lunes. El documento termina por argumentar la decisión de declarar ilegal la titularidad sindical y la extensión de beneficios, dos de las normativas que eran consideradas como centrales de la iniciativa del Gobierno aprobada en el Parlamento.

 

De las más de 300 páginas del fallo del Tribunal Constitucional, cuarenta páginas se dedican a la impugnación de la titularidad sindical y diez a la extensión de beneficios. Además se incluyen algunos aparatados sobre acceso a la información y negociación inter-empresa, los que fueron recurridos por Chile Vamos pero rechazados por el organismo.

En resumen, la sentencia señala que la titularidad sindical es de todos y cada uno de los trabajadores, pero no necesariamente de un sindicato y agrega que el proyecto afectaría el derecho de los trabajadores a negociar colectivamente y que se está en presencia de una ley que prohíbe, más que una ley que regule o modele.

El documento agrega que “se está en presencia de una afectación constitucional múltiple de derechos”, donde se infringe, por ejemplo, la asociación sin permiso previo.  Además, se pone en entredicho a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pues se señala que sus recomendaciones “no son tratados internacionales y no tienen un carácter jurídicamente vinculante” para nuestro país.

Al respecto el senador socialista ye integrante  de la Comisión del Trabajo, Juan Pablo Letelier, cuestionó la visión del TC: “Tenemos un Tribunal con una lectura muy estrecha de la Constitución que dice que la Constitución no permite otra interpretación más que una visión neoliberal, que es la que ellos defienden, que dice que la Constitución a uno le puede gustar o no y que tiene una inspiración y que hay que quedarse con eso, pero evidentemente esa interpretación no es pro trabajador, y esa fue la que primó”, sostuvo.

El senador añadió que para él y para muchos, lamentablemente, esta interpretación es muy  ideológica.

Por su parte, el diputado Demócrata Cristiano, Patricio Vallespín, presidente de la misma instancia en la Cámara Baja, sostuvo que en una primera lectura, el fallo es sumamente preocupante: “Se produce una situación de des-regulación completa de los grupos negociadores porque el artículo que los regulaba desaparece” y   advirtió que aquí se busca llevar la ideología del individuo al extremo con lo que se marca un precedente complejo.

En ese sentido, el parlamentario defendió el cuestionado veto del Gobierno a estos dos aspectos de la Reforma Laboral: “Es dar coherencia a lo que se busca con este proyecto de ley que es dar equilibrio al empleador y el trabajador. Mal podría existir equilibrio cuando no se reconoce la titularidad sindical. En ese sentido, pactos de adaptabilidad sin titularidad sindical relativiza que un grupo negociador pueda tomar decisiones sobre temas extremadamente importantes, que son cuestiones que, por antonomasia, son colectivas”.

Pero no todos en la DC mantienen la misma defensa férrea. El senador de Ignacio Walker, afirmó que sigue “tratando de entender” lo que quiere hacer el Gobierno y advirtió que, si bien el TC fue poco prudente, presentar el veto es abrir “una caja de Pandora” para re-discutir los temas que ya habían zanjado”.

Las críticas al veo se expresaron con fuerza la mañana del lunes ya que Chile Vamos cuestionó que se levantara un veto cuando no se conocían los argumentos del TC.

Así lo hizo el senador de la UDI, Hernán Larraín al cuestionar la verdadera disposición del Ejecutivo: “Al parecer al gobierno lo que le preocupa es pasar la cuenta, lo que le interesa es la revancha y por eso se ha adoptado el concepto de veto-revancha, le interesa saber cuál es el ministro que va a salir mejor parado frente a esta discusión, pero no le interesan los trabajadores”.

El parlamentario afirmó que el Gobierno no ha mostrado claridad. En ese sentido sostuvo que la oposición si sabe lo que quiere: si los trabajadores decidan si se sindicalizan, si negocian colectivamente y si pueden optar a la flexibilidad laboral o los llamados “pactos de adaptabilidad”.

Por lo mismo pidió “claridad del Gobierno ahora que tienen el fallo en la mano” y que se decida qué camino se va a tomar pensando en el bien de los trabajadores. Recordemos que la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, sostuvo que el gobierno ha actuado de forma “moderada” y “con temor” escuchando a algunos ministros a los que les incomoda que hayan sindicatos fuertes.

Así, sigue el retraso para una reforma que ya cuenta con 16 meses de tramitación.(DIARIO U. DE CHILE)