Desde que el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara como Pandemia el brote global producido por el SARS-CoV-2, más conocido como COVID-19, el mundo ya no es el mismo. A no dudar, este hecho ha marcado la historia de la humanidad.

Con la aparición de este desconocido virus en la ciudad de Wuhan, en China, llamado desde el 11 de febrero Coronavirus por la máxima autoridad sanitaria, puso en estado de alerta a la población mundial. Pero el anuncio de esta incipiente enfermedad, no significó exclusivamente que la salud de las personas se encontraba en riesgo, sino que veíamos con el pasar de los días como se transformaba en un fenómeno aún más profundo y de mayor envergadura, que hasta entonces nadie se aventuraba a precisar en los posibles y reales alcances que podría tener.

Más allá de las consecuencias sanitarias que el coronavirus ha traído a nivel mundial, el impacto colateral que ha tenido en todos los grandes ejes económicos y sociales que mueven a las sociedades, como salud, educación, empleo, vivienda, transporte, servicios básicos, etc., ha sido desastroso. Así en solo tres meses desde su descubrimiento, sus efectos podrían desencadenar la peor crisis económica en la historia de Latinoamérica, esto se reafirma por la estimación de un 5,2% de contracción en la economía según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Entonces si consideramos a la Pandemia por Coronavirus como una crisis que traspasa la barrera netamente sanitaria, resulta un factor clave el manejo que las autoridades de los respectivos gobiernos hayan dispuesto para contener el avance de los contagios desde sus inicios. Las medidas de control adoptadas en algunas naciones como China o Alemania privilegiaron la salud de las personas, llamando al confinamiento y a la actuación solidaria y mancomunada, además de un estricto programa de detección temprana de casos, a través de un gran número de exámenes diagnósticos, lo que fue clave para detener la expansión del COVID-19, demostrando de manera empírica que este mecanismo es un componente esencial. Pero al parecer, el curso de acción que decidan nuestras autoridades, va a depender de lo que se pretenda salvaguardar como prioridad.

En el mundo que conocíamos sin Coronavirus, existía un complejo escenario político social en países como Francia, España, Reino Unido, Ecuador, Haití, Colombia y también Chile en los cuales diversos movimientos se habían erigido para alzar demandas de la sociedad civil. Sin embargo, la propagación de la pandemia vino a relegar a un segundo plano la acción colectiva trasformándose en la excusa perfecta de estos gobiernos para ponerle freno a las movilizaciones sociales y con esto a la ofensiva antineoliberal, sirviéndose de medidas y restricciones a la libertad de la defensa de los derechos sociales de la ciudadanía.

En nuestro país, todas y cada una de las apuestas en materia legislativa que el gobierno de Sebastián Piñera ha impulsado como medidas mulisectoriales para mitigar los efectos provocados por la pandemia nos han demostrado que fueron creadas y diseñadas para proteger a la élite política empresarial, respondiendo al resguardo de sus intereses económicos asegurando la producción a costa de la precarización, desprotección reflejado en un nefasto sistema de seguridad social y empobrecimiento de la fuerza laboral del país, que hoy enfrenta los fuertes embates del desempleo con un índice «muy optimista» de un 8% y con ello, la escasez de recursos que se recrudecerá con la recesión económica de la Chile no estará exento.

Un claro ejemplo de la necesidad del estado como actor económico, que se contrapone a los principios teóricos del neoliberalismo podríamos graficarlo en la siguiente pregunta: ¿Como es posible que un país que se ufanaba de ser un modelo económico para sus pares latinoamericanos, las grandes empresas, incluso conglomerados, hoy pidan asistencia a la supuesta «intervención ineficiente» del aparato estatal en materias económicas?. Podríamos citar otros, pero quizás este sea uno de los más categóricos.

Los movimientos sociales se mantienen en resistencia demostrando que la mayor crisis social que ha vivido nuestro país sigue sin respuestas estructurales y que los abusos cometidos por generaciones, impulsaron a todo un pueblo a salir a las calles para manifestar su descontento hoy se han acrecentado con la aún más evidente desigualdad entre las y los chilenos desnudada por los efectos de esta pandemia.

Cómo entonces reimpulsar el alzamiento popular, tan categórico y posicionado que vimos en el estallido social, frente a la dura arremetida que el gobierno ha dado en contra de las y los trabajadores, estudiantes y jubilados, durante esta coyuntura en que las condiciones de seguridad son tan adversas para salir nuevamente a «luchar por un país digno y justo» como ha sido la férrea consiga enarbolada desde el 18-O.

La articulación a gran escala de las organizaciones sociales, la sociedad civil en su conjunto, el trabajo mancomunado de lo colectivo y el rescate de la consciencia social, fortaleciendo la legítima expresión a través de las protestas y la presión que estas ejercen ante los históricos abusos, más allá incluso de las ideologías, probablemente sea el único camino que como actores sociales nos empoderará para desplomar de una vez por todas este sistema de desarrollo hegemónico que ha dado cuenta de sus reales intereses empresariales e individualistas y su absoluto desenfoque y desconexión con la realidad.

Hoy es de vital importancia la responsabilidad que tengamos con nuestra salud y la de los demás. Cuidarnos como un acto consciente y solidario, ya que para vencer tenemos que tener el absoluto convencimiento de que nos necesitamos los unos a los otros sosteniendo y reafirmando la genuina e histórica lucha que ya iniciamos desde que los chilenos y chilenas despertamos aquel 18 de octubre de 2019, misma contienda que nos llevará a cambiar el curso de nuestra historia democrática para la construcción de una nueva y verdadera institucionalidad y así el país que nos merecemos.

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Federación Minera de Chile