Todo Chile sabe que la renacionalización de los recursos naturales constituye el problema social y económico más importante que el país necesita resolver. El resto depende de ello: el carácter de la elite empresarial, la distribución del ingreso, calidad del empleo, educación y demás políticas sociales; en suma, el modelo de desarrollo del país.

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Por Manuel Riesco.El país quiere dar pasos para resolver sus problemas mayores, ahora. Así lo manifestaron tres de cada cuatro ciudadanas y ciudadanos, en la reciente elección. Ocho de las nueve candidaturas presidenciales los abordaron de alguna manera. Incluso la Matthei ha hablado de incorporar algunos de estos postulados en su programa de segunda vuelta, por cierto, con la idea que todo siga igual. Se lograron mayorías parlamentarias suficientes para aprobar cambios económicos importantes, incluido el principal, y cambios políticos mayores. Todo eso configura un cuadro nuevo. Hay que escuchar este clamor nacional.

Todo Chile sabe que la renacionalización de los recursos naturales constituye el problema social y económico más importante que el país necesita resolver. El resto depende de ello: el carácter de la elite empresarial, la distribución del ingreso, calidad del empleo, educación y demás políticas sociales; en suma, el modelo de desarrollo del país.

El tema irrumpió de lleno en el último debate presidencial. Hay que agradecer a la última encuesta del Centro de Estudios Públicos.

El más prestigioso instituto de estudios de centro-derecha, informó que el 83 por ciento de la ciudadanía es partidaria de nacionalizar el cobre. Todo el resto quiere que las mineras paguen más. La unanimidad al respecto se extiende a través de todos los estratos, de edad, condición socio-económica y orientación política, con muy pocas variaciones.

Con este antecedente en la mano y ante millones de televidentes, un periodista valeroso emplazó a la candidata Michelle Bachelet: “¿Piensa Ud. atender en su gobierno este clamor nacional?”.

La candidata respondió en ese momento con evasivas. Sin embargo, su propio programa no puede ser más categórico al respecto:

“La Nueva Constitución debe reconocer el dominio público pleno, absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos hídricos, mineros y del espectro radioeléctrico. El Estado tiene derecho a regalías por el aprovechamiento de los recursos naturales, especialmente minerales” (Programa de Gobierno Michelle Bachelet, 2014-2018, pg. 32). Propone asimismo derogar el DL 600 que otorga privilegios a la inversión extranjera (pg. 27).

Todos los demás candidatos, con la única excepción de la impopular abanderada derechista, propusieron medidas para renacionalizar el cobre de uno u otro modo y en mayor o menor medida. Desde incrementar sustancialmente el cobro de royalties hasta la nacionalización total e inmediata. Un consenso tan extendido debería traducirse, tarde o temprano, en medidas prácticas al respecto.

No será un asunto trivial. No se puede descartar a la ligera, la resistencia que opondrá el puñado de grandes consorcios, extranjeros y nacionales, que se han apoderado de los principales recursos naturales del país y profitan de su renta.

Sus lobbystas se han paseado a sus anchas por los salones del poder, especialmente durante los gobiernos de la Concertación. Confían seguir igual, mientras puedan comprar “consenso respecto de este tema entre los sectores políticos relevantes”, como los denominó recientemente uno de los jefes del lobby minero.

No se quedan cortos: una transnacional minera aportó 300 millones de pesos a la candidatura de Nueva Mayoría y 25 millones a la alicaída candidata derechista, según informó El Mercurio del 24 de noviembre del 2013.

Sin embargo, los beneficios que reportará la renacionalización son tan enormes, que no pasará mucho tiempo antes que el Estado recupere su dominio pleno. Se corregirá de este modo, la principal distorsión económica introducida por el modelo neoliberal implantado tras el golpe militar de 1973.

Solo entonces, Chile podrá traspasar realmente el umbral del pleno desarrollo.

El país no puede continuar dependiendo de la renta de sus recursos naturales, que siempre es veleidosa, como la demanda de la cual depende, como se ha venido experimentando en meses recientes. Al igual que los países emergentes más dinámicos y todas las economías desarrolladas, la chilena debe basarse en el valor agregado por el trabajo productivo de sus ciudadanas y ciudadanos: la fuente exclusiva de la moderna riqueza de las naciones.

El problema no es la renta de los recursos, sino los grandes rentistas. La primera es un traspaso de valor que el mercado realiza a los propietarios de recursos escasos, por encima de los costos de explotación de los mismos. La pagan los capitalistas que operan en mercados sin renta, a costa de una reducción de sus ganancias.

Puede transformarse en una bendición para el país, si los recursos son públicos y su renta se invierte en educación y bienestar para su pueblo.

Los rentistas son algo bien diferente. Son los propietarios privados de recursos escasos, que viven principalmente de la renta de los mismos. Era la costumbre secular de las elites latifundista y minera tradicionales, que fueron barridas por medio siglo de desarrollismo estatal.

Sin embargo, los reengendró la dictadura – recargadas -, al privatizar recursos que según la Constitución chilena pertenecen al Estado.

La Concertación profundizó ese esquema. Hoy, diez grandes mineras se han apropiado “concesiones plenas” sobre cerca de 30 millones de hectáreas, un 40 por ciento del territorio del país (ver mapa en www.sernageomin.cl). No pagaron un peso al declararlas y deben cancelar un dólar al año por hectárea para mantenerlas.

Dos empresas poseen el 90 por ciento de los derechos de agua. Siete familias el 90 por ciento de los derechos de pesca. Dos empresas poseen millones hectáreas de bosques. Y suma y sigue.

La distorsión resultante es gigantesca. La explotación de recursos naturales ha recibido casi todas las inversiones y representan casi todas las exportaciones. Sin embargo, en conjunto dan ocupación directa apenas a un ocho por ciento de la fuerza de trabajo asalariada, de la cual la minería representa sólo uno coma cinco por ciento.

De este modo, las inversiones que llegan a Chile no tienen como destino contratar masivamente el trabajo, sino extraer piedras, troncos y pescados. Estos no son auténticos empresarios capitalistas, sino grandes corporaciones rentistas, “buscadores de tesoros”, como los ha calificado el diario británico Financial Times.

Se ha desmantelado la producción industrial y más de la mitad de los chilenos y chilenas trabajan precariamente en el comercio y servicios personales y sociales, que agregan escaso valor. Como si eso fuera poco, dos o tres empresas controlan cada uno de los demás mercados, apropiándose allí de “cuasirentas” monopólicas, a pesar de no existir recursos escasos.

El país está controlado por una elite de jeques sin turbante. Sólo las mineras se apropian anualmente de rentas que equivalen a más de la mitad de la recaudación tributaria del Estado, siendo ésta la causa primordial de la mala distribución del ingreso.

Puesto que repatrian buena parte de las mismas, originan la mayor parte del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, que es considerable. Su influencia sobre los asuntos públicos es determinante – como lo demuestra la información de El Mercurio reproducida más arriba – y han distorsionado totalmente la economía y la sociedad, a su propia conveniencia.

Eso debe terminar. Para ello hay que derogar la infame “Ley de Concesiones Mineras” de José Piñera, que contradice abiertamente lo establecido en la constitución actual, que contiene un párrafo muy parecido al citado más arriba del programa de Nueva Mayoría.

Se trata de una ley orgánica constitucional, cuya derogación requiere el acuerdo de 22 senadores y 69 diputados. El nuevo gobierno tendrá el apoyo de 21 senadores y 71 diputados, a los que se pueden sumar algunos independientes y “discolos” de la Alianza. En resumen, se puede.

Lo mismo sucede con el sistema previsional. Para dar pensiones dignas hay que terminar con el sistema de AFP y restablecer el sistema público de reparto. El primero es un esquema de ahorro forzoso, diseñado para que el grueso de las recaudaciones se desvíe a los mercados de capitales y los propios administradores; siempre, hasta el fin de los tiempos. En los esquemas de reparto estas proporciones se invierten: el grueso de lo recaudado se utiliza para pagar pensiones.

El programa de Nueva Mayoría propone crear una AFP estatal y una comisión que proponga alternativas de reformas mayores. Ambas iniciativas pueden introducir cambios profundos en el sistema de pensiones, lo cual es posible con los quorum logrados.

De este modo, existen mayorías suficientes para abordar de inmediato las principales medidas del programa de Nueva Mayoría: Desde luego la reconstrucción del sistema nacional de educación pública gratuita, la reforma tributaria y cambios en el sistema de pensiones. También algunos aspectos claves de la nueva constitución prometida, como el cambio en el binominal, la derogación de la ley de concesiones mineras y el DL 600.

Todo ello depende exclusivamente de la voluntad política de la nueva coalición gobernante para cumplir con su propio programa. La misma se apoyará en una creciente movilización popular, la cual permitirá asimismo cambiar la constitución en su conjunto, lo que requiere mayorías parlamentarias aún más amplias que las logradas.

Un amplio triunfo de Michelle Bachelet en segunda vuelta, con muchos votos marcados AC, impulsará los cambios necesarios.

Manuel Riesco (Cenda Chile)