Kinross niega ser la responsable, dice que la causa es la severa sequía y adelanta que apelará al Tribunal Ambiental.  

Es el mayor caso de daño ambiental detectado hasta ahora por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). Este viernes 18 de marzo, por la tarde, la entidad fiscalizadora ordenó a Minera Maricunga, productora de oro perteneciente a la canadiense Kinross Gold, clausurar sus dos pozos de captación de agua en la zona de Pantanillo y con ello paralizar totalmente la operación de su faena, ubicada en la cordillera de la Tercera Región.

La minera da empleo a cerca de 700 personas directamente y a más de 400 como trabajadores contratistas. Al momento del cierre de esta edición, la compañía se encontraba revisando detenidamente la resolución tanto en Santiago como en su sede central de Toronto, Canadá, pero adelanta que “apelará ante el correspondiente Tribunal Ambiental”.

El superintendente de Medio Ambiente, Cristián Franz, es claro en el análisis que los motivó a aplicar la sanción: “Frente a la gravedad de los hechos, el daño ambiental irreparable de un ecosistema muy frágil, hemos decidido aplicar una de las sanciones más severas contempladas en nuestra ley orgánica. Desde el punto de vista del daño ambiental, nos hemos encontrado con una de las situaciones más críticas, que ha excedido lo que hemos visto antes”, sentencia.

¿Cuál es el daño que les imputa el fiscalizador como para clausurar los pozos? La autoridad culpa a Minera Maricunga de provocar “un daño ambiental irreparable sobre 69,4 hectáreas de vegetación en el humedal Valle Ancho”, ubicado en las cercanías del Parque Nacional Nevado Tres Cruces, en la Región de Atacama, una vasta área donde habitan varias especies vulnerables, como flamencos, guanacos y vicuñas.

La autoridad ambiental detalla que sin los pozos, la minera no puede operar, porque son las únicas fuentes de agua de que dispone. Y explica que para acceder a nuevas fuentes de abastecimiento hídrico, “la empresa tiene que pasar por el sistema de evaluación de impacto ambiental para autorizar el uso de esa agua u obtener los permisos respectivos si es que usa agua desalada”.

Esta medida extrema la explica Cristián Franz como una forma de preservar otras 73 hectáreas de humedal que aún quedan, y buscan evitar que estas también se sequen.

SMA: afecta a tres especies de flamencos

En concreto, la SMA acusa a la minera Kinross de la “omisión de ejecutar las acciones necesarias para hacerse cargo de los impactos ambientales no previstos, consistentes en la disminución del nivel freático en la cuenca Pantanillo-Ciénaga Redonda y el consecuente desecamiento de, al menos, 70 hectáreas de humedales ubicados en el Complejo Lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa, y el riesgo inminente de expansión del área afectada a aproximadamente 73 hectáreas adicionales de humedales”, según consigna en el expediente del caso.

El superintendente explica que esta situación de desecación afecta a la flora, pero también a la fauna del lugar. Así, impacta en tres especies de flamencos sudamericanos, también a otras aves consideradas como “vulnerables” -como el piuquén y la tagua cornuda-, así como a la gaviota andina. Por otro lado, entre los mamíferos se encuentra el guanaco y la vicuña, ambos catalogados como especies “en peligro”.

La situación es especialmente crítica en las especies de flamencos, que por ser migratorias se encuentran especialmente expuestas a los cambios en su hábitat.

Por todo esto, la Superintendencia remitió el caso al Consejo de Defensa del Estado (CDE), que evalúa si activará alguna acción legal contra la empresa por el perjuicio provocado en la zona, dado que el área afectada -que forma parte del ya mencionado complejo lacustre- está protegida mediante la Convención de Ramsar, que es un organismo internacional encargado de resguardar humedales en el mundo.

Adicionalmente, la SMA explica que como esperan que la empresa apele de la resolución, van a pedir al Tribunal Ambiental que autorice, “como medida urgente y transitoria, la clausura temporal de los pozos”.

En la SMA dicen que la misma faena ya fue multada en enero de 2014 por autoridades regionales, con 500 UTM ($20,4 millones de ese año).

Kinross: sequía severa impactó en la zona

Minera Maricunga es clave en la economía de la Región de Atacama, una zona donde el 43% del PIB se explica por la minería.

La faena es una extracción a cielo abierto y se emplaza a unos 120 kilómetros al este de la ciudad de Copiapó, en la alta cordillera, sobre los 4.200 metros sobre el nivel del mar. Produce entre 230 mil y 250 mil onzas de oro al año. Aunque opera desde 1996, la mina detuvo la producción en 2001, para retomarla luego en 2005.

Para poder funcionar, la minera usa dos pozos de agua, con un consumo medio autorizado de 95 litros por segundo.

Kinross Chile dice que, hasta ahora, la Minera Maricunga no ha detenido operaciones y de plano desestima ser la responsable de la situación y la desecación.

“La Región de Atacama ha sufrido de una severa sequía durante los últimos años, lo que se ha traducido en un descenso de las napas subterráneas en toda la región, que no tiene relación con las operaciones de la compañía”, plantea al ser consultada por “El Mercurio”.

Es más. Maricunga señala que “está comprometida con un manejo ambiental responsable” y hace ver que, a lo largo de los años que ha operado en Chile, ha adoptado numerosas medidas y llevado a cabo diversos estudios, “tanto para comprender mejor las causas de la actual situación, como para mitigar los posibles impactos que pueda haber causado el uso del agua en su operación”.

Un profesional de la firma explicó que Maricunga alertó a la autoridad de la situación de sequía e implementó un plan de rehabilitación para remediar el daño, programa que, lamentablemente, no fue efectivo, señalan en la empresa.

Tras esto, la firma estuvo dos años, entre 2012 y 2014, tramitando ante el Gobierno un plan adicional para evitar el desecamiento de la zona. La tardanza de la autoridad en autorizar dicho programa fue un factor clave en la desertificación de Valle Ancho, señalan fuentes de la empresa.

Esta no es la primera sanción de la Superintendencia de Medio Ambiente a la operación de Kinross. En 2014, la autoridad multó a la minera con US$ 4,5 millones, pero la sanción fue rechazada en el Tribunal Ambiental.

Otras multas a mineras

Aunque esta es la mayor sanción pedida por la SMA, no es el único caso de medidas contra compañías mineras. Ya se han cursado multas a Pascua Lama (Barrick); Caserones (Nippon y Mitsui) y a Sierra Gorda (la polaca KGHM), entre otras.

El mismo superintendente definió que dentro de sus prioridades de fiscalización está la industria minera, responsable del 53,2% de las exportaciones del país en 2015. Y pese a la dura fiscalización de que ha sido objeto la industria minera, la autoridad sostiene que esta industria puede compatibilizar la actividad que realiza con el cuidado del medio ambiente y que, de hecho, muchas compañías mineras que operan en el país cumplen con las normas.

Según Gustavo Lagos, académico del Centro de Minería de la UC, las numerosas sanciones que se han registrado en materia ambiental en este ámbito se deben a varios factores. El primero de ellos es que solo desde 2012, con el establecimiento de la SMA y luego del Tribunal Ambiental, hay una fiscalización efectiva y un seguimiento a los compromisos adquiridos por las empresas en las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).

Otra causa es que, en su afán de lograr las autorizaciones ambientales, muchas mineras se comprometieron a mediciones imposibles de realizar por la cantidad de parámetros involucrados, sostiene Lagos. “Las RCA están mal hechas; hay que repensar su elaboración, su contenido y su extensión”, dice. “Algunas de ellas son ininteligibles e inaplicables”, comenta.

“Desde el punto de vista del daño ambiental, nos hemos encontrado con una de las situaciones más críticas, que ha excedido lo que hemos visto antes”.Cristián Franz , Superintendente de Medio Ambiente. (EMOL)