“El proyecto que presentó el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, para reemplazar la iniciativa en tramitación en la Cámara de Diputados deja en la desprotección absoluta la mayoría de los glaciares de Chile”. Tal fue la drástica conclusión a la que llegaron varias de las más importantes organizaciones ambientalistas del país tras conocer el texto que el secretario de Estado ingresó a principios de junio al Congreso Nacional.

Esto contradice la posición de la presidenta Michelle Bachelet sobre la materia, que ella planteó claramente en su primer Mensaje Presidencial, el 21 de mayo del año pasado, en el parlamento.

Sara Larraín, directora del programa Chile Sustentable, explicó que la iniciativa “protege sólo los glaciares existentes en parques nacionales (que ya están salvaguardados), condenando a todos los demás a ser sujetos de evaluación de impacto ambiental y posibles de ser intervenidos, salvo aquellos que el Comité de Ministros para la Sustentabilidad califique como ‘reservas estratégicas de agua’. Esto constituye un saludo a la bandera, pues el proyecto del gobierno ingresó sin financiamiento y sin informe financiero”.

Desde la Fundación Terram, su directora ejecutiva, Flavia Liberona, agregó que la iniciativa “dista sustancialmente de la moción parlamentaria en tramitación, cuyo corazón es la protección general de los glaciares. El ministerio de Medio Ambiente, en cambio, condiciona su protección a evaluación caso a caso según lo que establezca el SEIA. Es decir, no cambia en nada el régimen que hoy amenaza los glaciares por las actividades de Pascua Lama (Barrick), Andina 244 (Codelco), Los Bronces (Anglo American), Los Pelambres (Luksic) y las demás cuencas en conflicto con la actividad minera”.

Matías Asún, director nacional de Greenpeace, puntualizó que “en conclusión, esta iniciativa que revisará la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados le entrega los glaciares a las corporaciones mineras para que puedan ser intervenidos y destruidos en las zonas con mayor crisis hídrica del país. Derechamente, declara sacrificables nuestras reservas de agua”.

Un tortuoso camino

Como se recordará, en 2014 un conjunto de diputados ingresó a tramitación un proyecto de ley para la protección de los glaciares, con el objetivo de prohibir el desarrollo de actividades sobre, bajo o en la cercanía de estos cuerpos de agua que puedan significar su derretimiento o destrucción.

Esta iniciativa encontró inmediato eco en el gobierno. Como una forma de hacerse cargo de la demanda, en su primer Mensaje Presidencial Michelle Bachelet anunció su apoyo a la propuesta y el ingreso de un proyecto al parlamento con el mismo fin.

El cumplimiento de este compromiso fue la indicación sustitutiva que, para las organizaciones, cambia completamente el espíritu de protección respondiendo más a las demandas de las mineras que de la ciudadanía que busca salvaguardar el agua.

La semana pasada, el ministro Pablo Badenier presentó la propuesta ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, lo que ha causado mucha sorpresa en las organizaciones medioambientalistas ya que contradice lo planteado por la presidenta Michelle Bachelet el año pasado.

Fortalezas y debilidades de la propuesta oficial

El proyecto del Ejecutivo sólo prohíbe obras, programas o actividades comerciales en glaciares que se encuentren en parques nacionales o reservas de regiones vírgenes, excluyendo los más importantes de la zona norte y centro del país, que son precisamente las reservas de agua fundamentales en las áreas de mayor estrechez hídrica.

Y podría salvaguardar algunos fuera de áreas protegidas sólo si el Comité de Ministros para la Sustentabilidad los considerara “reservas relevantes de agua”, sin proponer instrumentos ni fondos públicos que permitan su identificación.

En este sentido, la definición sobre la “relevancia” de los glaciares quedaría sujeta a consultoras contratadas por empresas mineras interesadas en desarrollar proyectos en estas zonas. “Dejar a merced de empresas y consultoras del SEIA la información sobre la importancia de cada glaciar, implicaría perpetuar el criterio casuístico sujeto a estudios privados, es decir, perpetuar la misma amenaza que sufren actualmente”, explicó Sara Larraín.

Todos los que no entren en dicha categoría, que sería la mayoría, serán evaluados en el marco del SEIA “caso a caso” y condicionados a un “permiso sectorial” de la Dirección General de Aguas (DGA) que determinaría si pueden o no ser intervenidos.

Este es el mismo organismo que ha permitido su destrucción a través de proyectos como Pascua Lama, Andina 244, Los Bronces y Los Pelambres. “Es como si permitir o no la violación de los derechos humanos fuera evaluado por un organismo técnico. Por ello la moción parlamentaria apuntó a superar la evaluación caso a caso y propuso avanzar hacia una ley de protección general de los glaciares” expresó Flavia Liberona.

Coincidiendo con las observaciones, Matías Asún puntualizó: “Esta no es una ley de glaciares, es un traje a la medida para las mineras que hoy nos tienen como país record en destrucción de glaciares. Sólo permitirá revisar las resoluciones de calificación ambiental que hoy afectan a los ubicados en parques nacionales o los que son considerados ‘relevantes’, dejando todos los demás a merced de los emprendimientos mineros o energéticos que hoy los destruyen. Es decir, se legislaría para mantener las condiciones perpetuando la destrucción que hoy campea”.

Pero no todo es criticable en el proyecto del Ejecutivo. Lo positivo es que reconoce a los glaciares como proveedores de servicios ecosistémicos, considerándolos bienes nacionales de uso público y prohibiéndose solicitar derechos de aprovechamiento de aguas sobre ellos.

Además, se fortalece las atribuciones de la DGA para generar información, monitorear el estado de los glaciares y cursar multas.

Por otra parte, la iniciativa gubernamental se compromete a elevar la jerarquía legal del inventario de glaciares.

Fuente: Claves.cl