Existen pocos ejemplos en la reciente historia del país; en rigor, ninguno, de un gobierno tan soberbio y replegado sobre sí mismo, en su relación con la ciudadanía. Así, en lugar de escuchar la voz de la calle durante dos años consecutivos, la que se expresa en las encuestas, y últimamente, en las elecciones municipales, no hace otra cosa que provocar a la ciudadanía. Sólo de esa manera se explican la suma urgencia que le ha puesto a iniciativas extremadamente impopulares, tales como la Ley Hinzpeter y la Ley Longueira, y el oblícuo intento de privatización encubierta de Codelco, conocido en los últimos días.

La explicación es simple: como sabe que muy improbablemente conservará el Gobierno para el próximo período, pretende estrujar al máximo el uso del Poder Ejecutivo y la actual correlación parlamentaria en función de la mesiánica y fanática la tarea que se autoimpuso, de completar el modelo neoliberal. Y si eso es así, los próximos meses serán extremadamente peligrosos para lo poco que resta de patrimonio público.

A pocos días de realizado el cambio de gabinete, el Gobierno acelera su agenda legislativa. Así, contrariamente a la solicitud formulada la semana pasada por el PS, de proceder a su retiro, el Gobierno decidió ponerle «suma urgencia» al proyecto de ley que fortalece el resguardo del orden público y que se tramita en la Cámara.

Entre otros proyectos, le puso suma urgencia a la iniciativa de resguardo del orden público, conocida como “Ley Hinzpeter”, que incrementa las penas a quienes realicen tomas en establecimientos públicos o privados o interrumpan el tránsito en carreteras y calles debido a manifestaciones.

Desde la oposición esta noticia generó un rechazo y el jefe de bancada del Partido Socialista, Marcelo Schilling señaló que el ministro del Interior Andrés Chadwick, le mintió al país cuando indicó que había escuchado a la voz del pueblo luego de las elecciones municipales, ya que a su juicio este proyecto de ley perjudica a los movimientos sociales que buscan expresar sus puntos de vista.

Parlamentarios opositores han cuestionado dicha iniciativa, por estimar que conculca libertades ciudadanas, bautizándola como «ley Hinzpeter», pues fue enviada por el entonces ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. La suma urgencia significa que el Ejecutivo impone un plazo de quince días para el despacho del proyecto, que ya fue aprobado por la Comisión de Seguridad Ciudadana y hoy se encuentra en la de Constitución.

Consultado el presidente del PS, Osvaldo Andrade, por la decisión, la estimó una desconsideración» del Ejecutivo. «El único comentario que puedo agregar es que ahora vamos a tramitar una nueva ley: la Ley Hinzpeter se va a transformar en la Ley Chadwick», dijo. (Diario Red Digital)