El envío de un proyecto de ley para la creación de una AFP estatal es uno de los principales compromisos de la agenda de 50 medidas para los primeros 100 días de gobierno de Michelle Bachelet. Con el debate sobre la calidad de las pensiones en el centro de la discusión pública, sumado a la discusión sobre el impacto de la reforma tributaria sobre los fondos, el Ejecutivo ha trabajado intensamente para afinar el detalle del texto legal.

FOTO PROTESTA FIN AFPSProyecto podría vincular la nueva administradora estatal al Instituto de Previsión Social.

El envío de un proyecto de ley para la creación de una AFP estatal es uno de los principales compromisos de la agenda de 50 medidas para los primeros 100 días de gobierno de Michelle Bachelet. Con el debate sobre la calidad de las pensiones en el centro de la discusión pública, sumado a la discusión sobre el impacto de la reforma tributaria sobre los fondos, el Ejecutivo ha trabajado intensamente para afinar el detalle del texto legal.

Pese a ello, y aunque inicialmente el objetivo era que la Mandataria pudiera contar el envío del proyecto entre sus logros durante su primera cuanta presidencial del próximo 21 de mayo, fuentes cercanas admiten que ello será muy difícil.

¿El motivo? El gobierno todavía no se decide por la forma legal bajo la cual se constituirá la nueva entidad estatal. De acuerdo a las mismas fuentes, la opción más probable es hacerlo bajo el alero del Instituto de Previsión Social (IPS).

Según declaró la semana pasada la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, el objetivo de la nueva administradora no será mejorar las pensiones, asunto que será tratado en la comisión de expertos que se espera sea anunciada esta semana, sino que “aumentar la confianza de los cotizantes, aumentar la competencia, precios bajos y apuntar a nichos que actualmente no abarca el sistema”. La secretaria de Estado ha señalado que la nueva gestora competiría dentro de las mismas reglas del juego que sus pares privadas. En ese plano, un ex ejecutivo de AFP asegura que “en sí misma, la idea de una AFP estatal no es mala para las administradoras, ya que en la práctica la Nueva Mayoría lo que hace con esto es legitimar el sistema de cotización individual”.

VIABILIDAD

La definición de la estructura legal que acompañará la creación de una AFP estatal es clave para su viabilidad constitucional y política admiten en la autoridad.

Es que de acuerdo a la Constitución, “para que el Estado pueda crear una empresa se necesita la aprobación por mayoría absoluta (“quórum calificado”) tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados”, según explica la presidenta del Colegio de Abogados y experta constitucionalista, Olga Feliú.

Agrega que sin esa mayoría, de acuerdo a la Ley del Estado Empresario, dictada en 1989 con el fin de limitar la intervención del Estado en la economía, el formato en el que una AFP estatal podría ser creada es bajo el alero, o como filial, de una entidad ya existente.

Fuentes cercanas dicen que en este caso aquello podría materializarse a través del Instituto de Previsión Social (IPS)

Fueron estas limitaciones las que, cuando en 2008 se presentó la idea de crear esta institución a la comisión de expertos convocada para la reforma previsional de ese año, se planteó la idea de incorporar a los bancos en el sistema. Con ello se buscaba que la AFP se creara como una filial de BancoEstado.

“En sí misma la idea de una AFP estatal viola algunas garantías constitucionales”, asegura el fiscal de una AFP. Entre ellas, dice, están la libertad de emprendimiento y la prohibición del Estado de crear empresas que compitan de forma desigual con los privados.

Agrega que “hay muchas dudas, por ejemplo, de qué va a pasar cuando los fondos de la AFP estatal tengan pérdidas. O por ejemplo, si en la práctica se va a obligar a los trabajadores del sector público a afiliarse y cotizar en ella”. Con todo, asegura  que “la licitación de cartera de nuevos afiliados también violaba garantías constitucionales, como la libertad de elegir y al final igual se realizó”, por lo que de todas formas los “criterios políticos prevalecerán por sobre los legales”.(LA TERCERA)