Es el primer gran tratado medioambiental de Latinoamérica y el Caribe, pero el gobierno de Chile acaba de rechazar ratificarlo. 

Se trata del Acuerdo de Escazú, un convenio promovido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) cuya adopción presidieron precisamente Chile y Costa Ricaen 2018 tras cuatro años de negociaciones. 

El acuerdo recibió ese nombre por adoptarse en la ciudad costarricense de Escazú y su objetivo es facilitar el acceso a la información pública y promover la participación ciudadana en las políticas medioambientales de América Latina y el Caribe. 

Tanto el ministerio de Relaciones de Exteriores como el de Medio Ambiente chilenos argumentaron el rechazo al tratado por incluir «ambigüedades» en algunas normas que «prevalecerían sobre la legislación interna», causando confusiones jurídicas y exponiéndoles a posibles demandas internacionales. 

El acuerdo entra en vigor el próximo 26 de septiembre, siempre y cuando sea ratificado por al menos 11 de los 22 Estados que originalmente lo suscribieron. Saltar las recomendaciones

De momento ha sido ratificado por nueve países. 

Y aunque otros miembros como Colombia, Perú, México o Argentina no han puesto su firma final de momento, el caso de Chile resulta paradójico e «inconsistente» por rechazarlo abiertamente tras ser uno de sus impulsores principales.

La decisión provocó duras críticas de la oposición y de organizaciones defensoras del medioambiente. 

¿En qué consiste el Acuerdo de Escazú?

Firmado en 2018 por 22 países de la región, el propósito del tratado es, según recoge la CEPAL, «garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados».

«Uno de los aspectos que refuerza Escazú es la protección de las poblaciones más vulnerables a los efectos del cambio climático y facilitarles un mejor acceso a la justicia y a la información», amplía a BBC Mundo Pedro Cisterna Gaete, abogado e investigador de derecho y medioambiente de la Universidad de Concepción de Chile. 

Se trata de un acuerdo regional alcanzado en negociaciones presididas por Chile y Costa Rica y otros cinco integrantes de la Mesa Directiva, conformada por Argentina, México, Perú, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago. 

Si bien 22 países suscribieron originalmente el acuerdo, este ha sido ratificado, de momento, por solo nueve: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis y Uruguay. 

A falta de las dos firmas requeridas para que el acuerdo entre en vigor y a cuatro días de cumplirse el plazo, Chile lo ha rechazado. 

¿Por qué Chile rechazó el acuerdo?

El 8 de septiembre, el ministro de Exteriores, Andrés Allamand, anunció que el acuerdo suponía un «inconveniente para Chile».

Este martes, a través de una alocución conjunta del propio Allamand y la ministra de Medioambiente, Carolina Schmidt, se desarrollaron a fondo las razones de la decisión final.

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